¿Quién frena al poder cuando intenta escapar de los controles? La pregunta atravesó de principio a fin la Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control organizada por la Procuraduría General.
Magistrados de las altas cortes, jefes de organismos de control, expertos internacionales y autoridades electorales coincidieron en una preocupación: las democracias modernas enfrentan presiones crecientes sobre sus mecanismos de vigilancia justo cuando la polarización, la desinformación y las nuevas tecnologías multiplican la capacidad de influir sobre la opinión pública.
El punto de partida del debate lo planteó el entonces ministro Fernando Cepeda Ulloa, quien recordó que toda la arquitectura democrática descansa sobre la premisa de que el poder necesita límites. “Lo que debe quedar claro es que la mayor límite al poder lo establece la Constitución”, afirmó. A su juicio, los organismos de control y las instituciones autónomas nacieron porque la historia ha demostrado que “el poder tiene la tendencia a ser corrupto, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Cepeda insistió en que el control del poder no depende de exhortaciones morales sino de instituciones capaces de ejercer contrapesos reales. “No se trata de controlar el poder con amenazas o apedreadores; el poder se controla con el poder”, dijo al reivindicar la separación de poderes y los mecanismos de pesos y contrapesos de las democracias constitucionales. Sin embargo, advirtió que el gran desafío contemporáneo ya no se limita al Estado, sino también a la revolución digital. “Se deben construir controles frente a una tecnología que representa un poder de alcance global”.
La discusión encontró eco en las intervenciones de las altas cortes. Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que los abusos del poder ya no se producen únicamente a través de medidas excepcionales. “Hay que ser más inteligentes en el control al poder. No se trata solo de estados de excepción; a través de leyes y actos puntuales también se generan dinámicas que minan el Estado de derecho”, advirtió.
Desde el Consejo de Estado, su presidente, Alberto Montaña Plata, defendió el papel de la justicia administrativa como uno de los principales controles al Ejecutivo. Recordó que Colombia posee una jurisdicción especializada para juzgar los actos de la administración pública. “El Presidente no tiene el deber de estar de acuerdo con las decisiones judiciales, pero sí tiene que acatarlas”, afirmó. También lanzó una reflexión: “La independencia judicial no es una prerrogativa de nosotros los jueces; es un derecho ciudadano”.
En la misma línea, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, defendió el papel de las cortes como garantes del orden constitucional incluso frente a gobiernos respaldados por amplias mayorías. “Nadie está por encima del orden jurídico ni de la Constitución”, afirmó, al señalar que el respaldo de las mayorías no exime del cumplimiento de la ley.
Para Lenis, uno de los riesgos más serios de la coyuntura actual es que la polarización y la desinformación terminen debilitando la confianza en las instituciones. “Las mayorías tampoco pueden hacerlo todo”, insistió.
La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, reforzó esa idea al advertir que la legitimidad de los jueces no depende de la popularidad de sus decisiones sino de su fidelidad a la Constitución. “No necesitamos ni aplausos ni aprobación de quien en un momento determinado está en el poder”, señaló. Agregó que “lo que no se puede hacer en una democracia es desconocer la palabra del juez”.
Democracia y controles en el marco del entorno digital
En el marco del encuentro, diversas voces internacionales destacaron las fortalezas institucionales colombianas.
José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, describió al país como “un magnífico ejemplo continental de fortaleza institucional, de contrapesos y de controles”. Resaltó la acción de tutela como una herramienta excepcional para la protección de derechos y destacó la capacidad de la sociedad civil colombiana para vigilar a las instituciones.
Por su parte, Kristin Wesemann, directora de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, llamó la atención sobre los riesgos de la erosión democrática gradual. “Las democracias no se mueren de un día para otro”, aseveró. Según explicó, las instituciones requieren ciudadanos activos y comprometidos para mantenerse vivas, pues el simple diseño constitucional no garantiza su supervivencia. “El voto solo es el inicio de la democracia”, señaló.
Desde Argentina, el secretario electoral Alejandro Tullio afirmó que “organizar el poder es ponerle límites”. Lanzó además una advertencia que resonó entre los asistentes: “Quien tiene inmunidad total pareciera tener impunidad total”.
La discusión adquirió otra dimensión cuando se abordó el clima electoral. El registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la transparencia del sistema electoral y alertó sobre los efectos de la desinformación. “Las realidades, los hechos, respaldan el proceso”, afirmó. A su juicio, las noticias falsas no atacan únicamente a las autoridades electorales sino a la democracia misma. “No queda otra cosa diferente que aceptar los resultados”, sostuvo.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, expresó preocupación por los discursos que ponen en duda los resultados de las elecciones y llamó a moderar la confrontación política. “No podemos matarnos por una elección”, afirmó. Para el jefe del organismo fiscal, la diferencia entre discrepar y deslegitimar a las instituciones resulta fundamental para preservar la estabilidad democrática.
Jorge Valencia Jaramillo, coordinador de la Sala de Excelencia Académica de la Procuraduría, condensó las preocupaciones surgidas durante la jornada en una sola frase: “Tenemos la inquietud de si en Colombia existe un control verdadero al presidente de la República, o tan solo uno que no lo tenemos”.
Entonces, ¿cómo preservar los límites al poder en una época en la que las instituciones enfrentan presiones cada vez más complejas? La respuesta compartida por magistrados, organismos de control y expertos internacionales apuntó a una misma dirección: fortalecer la independencia judicial, blindar los organismos de vigilancia, defender la transparencia electoral y construir nuevas herramientas para enfrentar los desafíos de la era digital.
Aceptar los resultados
Durante la Cumbre, el procurador general Gregorio Eljach cuestionó el ambiente de tensión que suele rodear los procesos electorales y sostuvo que desconocer los resultados termina erosionando la institucionalidad. “Aquí hubo elecciones, no ha habido fraude”, afirmó. También defendió la estrategia de “Paz Electoral” para reducir las tensiones políticas y advirtió sobre el impacto de la desinformación en las redes sociales.