He tenido la oportunidad de conversar con gerentes generales, miembros de juntas directivas y líderes financieros de distintas industrias en Colombia. Y en muchas de esas conversaciones, cuando pongo sobre la mesa el tema energético, ocurre algo que me llama profundamente la atención: un silencio.
No es un silencio por falta de interés sino porque, históricamente, la energía ha sido tratada como un tema operativo, no estratégico. Como algo que simplemente funciona, hasta que deja de hacerlo.
Hoy, ese silencio empieza a ser un riesgo.
El sistema energético colombiano está entrando en una encrucijada que no podemos ignorar. No es una alarma infundada. Es una realidad sustentada en cifras que entidades como la UPME, la CREG y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia han venido advirtiendo. Las proyecciones muestran un déficit creciente entre la oferta y la demanda de energía eléctrica: 1.6 por ciento en 2025, 2.0 por ciento en 2026 y 3.5 por ciento en 2027. Esto último equivale a más de 3,100 GWh, una cifra comparable con el consumo anual de una ciudad como Barranquilla.
Pero más allá del número, lo relevante es que ese déficit significa presión sobre el sistema, sobre los costos y sobre la estabilidad operativa de las empresas.
La pregunta ya no es si esto va a suceder. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo para prepararnos?
Hay tres fuerzas que están acelerando este riesgo.
La primera es el retraso en la incorporación de energías renovables. Colombia se propuso alcanzar cerca de 6 GW de nueva capacidad para 2026, pero hoy estamos lejos de esa meta. Los cuellos de botella en licenciamiento, conexión a la red y disponibilidad de terrenos han frenado el desarrollo de proyectos, especialmente en regiones estratégicas como La Guajira.
La segunda es nuestra alta dependencia de la hidroelectricidad. Cerca del 65 por ciento de la energía del país proviene de fuentes hídricas. Esto nos hace particularmente vulnerables a fenómenos climáticos como El Niño. Ya lo vivimos en 2015-2016, cuando estuvimos al borde del racionamiento. Y los modelos climáticos hoy vuelven a encender esa alerta hacia finales de 2026.
La tercera es la presión financiera del sector energético. Las empresas enfrentan obligaciones cercanas a los 9.2 billones de pesos, lo que limita su capacidad de inversión en expansión y mantenimiento. A esto se suma un posible déficit de gas natural, clave para respaldar la generación térmica, que podría alcanzar niveles críticos en los próximos años.
Cuando se conectan estos tres factores, el panorama es claro: estamos entrando en un entorno energético más costoso, más incierto y más exigente. Y eso, para el sector empresarial, no es menor.
Significa incrementos en tarifas que pueden oscilar entre el 15 y el 30 por ciento. También posibles racionamientos programados que afectan la continuidad operativa. Significa inestabilidad en la red, con fluctuaciones que pueden impactar equipos sensibles. Y, en muchos casos, restricciones en el suministro de gas para procesos industriales.
En otras palabras, la energía deja de ser un gasto predecible y se convierte en un riesgo estratégico. Pero también se convierte en una oportunidad, porque mientras el sistema enfrenta tensiones, Colombia cuenta con uno de los marcos de incentivos más atractivos de América Latina para la adopción de energía solar. La Ley 1715 de 2014 permite hoy acceder a beneficios como la exención de IVA en equipos, la deducción de hasta el 50 por ciento de la inversión en renta y la posibilidad de vender excedentes a la red.
Esto ha transformado completamente la ecuación financiera.
Hoy, una empresa puede recuperar su inversión en sistemas solares en un periodo de entre tres y cinco años, dependiendo de su perfil de consumo. Pero más allá del retorno, lo que está en juego es algo más profundo: la capacidad de anticiparse.
He visto empresas que toman decisiones cuando el problema ya es evidente y también he visto organizaciones que se adelantan, que entienden su exposición al riesgo y actúan con tiempo. La diferencia entre unas y otras no es la información. Es el momento en el que deciden actuar.
Evaluar el perfil energético de una organización, cuánto consume, a qué costo, qué tan dependiente es de la red, qué alternativas existen no es un ejercicio técnico, es un ejercicio de liderazgo, porque la energía ya no es solo un costo operativo, es un activo estratégico. Y en este contexto, la verdadera pregunta no es cuánto estamos pagando hoy por la energía, sino cuánto estamos dispuestos a arriesgar por no gestionarla estratégicamente.
Este es el momento de llevar la energía a la agenda de la alta dirección, como lo planteo en mi libro Energía, el Riesgo Invisible antes de que el sistema nos obligue a hacerlo.
Alexa Oviedo, fundadora y CEO de O3 Smart Cities