El mayor general retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Luis Alfredo Motta Domínguez, fue designado como viceministro de Seguimiento a la Gestión de Gobierno, una posición que depende directamente del Ministerio del Despacho de la Presidencia, según se informó este lunes en los medios oficiales.
El nombramiento fue publicado y difundido por medios y redes vinculados a la administración encabezada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien mantiene una relación de cooperación con los Estados Unidos. La medida se produce en un momento en el que el oficialismo venezolano impulsa una reestructuración de su estructura administrativa tras acontecimientos recientes en la política nacional.
Según los reportes, el cargo que asumirá Motta Domínguez forma parte de un esquema de supervisión de la gestión estatal establecido mediante decretos oficiales en los últimos días. El anuncio captura atención porque Motta Domínguez arrastra un historial de sanciones y procesos judiciales internacionales que datan de varios años.
En junio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Luis Alfredo Motta Domínguez en una lista de sancionados por “participación en actos de corrupción significativa”, vinculados al manejo de recursos del sistema eléctrico venezolano.
La sanción se fundamentó en la presunta adjudicación de contratos por más de 60 millones de dólares a empresas con sede en Florida a cambio de sobornos. Según documentos judiciales estadounidenses, las adjudicaciones habrían sido parte de un esquema ilícito durante su gestión como ministro de Energía Eléctrica y presidente de la corporación estatal eléctrica.
Además de las sanciones financieras que implican bloqueo de cualquier propiedad bajo jurisdicción estadounidense y prohibiciones de transacciones con ciudadanos y entidades de ese país, un proceso penal está activo en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. En esa jurisdicción federal se le imputan cargos por conspiración para cometer lavado de dinero y varios cargos de lavado de activos, relacionados con los sobornos y contratos eléctricos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos mantiene una oferta de recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Motta Domínguez, oferta que se ha mantenido pública desde al menos 2020.
En comunicados oficiales emitidos por Washington en ese año se detalló que la recompensa forma parte del programa de justicia internacional, aplicado también a Eustiquio José Lugo Gómez, otro exfuncionario vinculado a la corporación eléctrica y sobre quien también pesa una recompensa similar a la de Motta Dominguez.