SEMANA: En Colombia el gran tema es la reunión que va a tener Gustavo Petro con Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Qué podemos esperar de ese encuentro?
Jaime Flórez: Yo creo que el presidente Petro ha cometido una serie de imprudencias de manera por demás irresponsable, no solo frente a los Estados Unidos como país, sino directamente frente al presidente Trump. El episodio de pararse en una calle de Nueva York, con un megáfono en la mano, a pedirles a miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que desobedezcan las órdenes de su comandante en jefe, no fue aceptado de buen modo por absolutamente nadie.
Ese acto generó rechazo incluso entre sectores que se oponen políticamente al presidente Trump. Fue visto aquí como un despropósito muy grave, impropio de un jefe de Estado extranjero. Eso, sin duda, complicó las relaciones entre Washington, la administración Trump y el gobierno de Gustavo Petro.
SEMANA: ¿Qué piensa de las acciones que tomó el gobierno Trump contra el de Gustavo Petro?
J.F.: Hay una aclaración muy importante que debe hacerse: nada de esto es contra la República de Colombia ni contra el pueblo colombiano. Las medidas que se han tomado desde Estados Unidos son respuestas proporcionales y, desde nuestro punto de vista, justas frente a un comportamiento condenable del presidente Petro contra el presidente Trump, su administración y los Estados Unidos en general.
Desde la época del Plan Colombia, y aun antes, Estados Unidos ha asignado recursos muy importantes a Colombia para combatir el narcotráfico. Ese dinero se ha recibido, pero los resultados no se han producido. Hoy tenemos una situación en la que las hectáreas cultivadas con hoja de coca en Colombia se han cuadruplicado en años recientes, particularmente durante el gobierno del presidente Petro.
Para Estados Unidos es evidente que en amplias zonas del territorio colombiano existe una influencia determinante del narcotráfico y de organizaciones delincuenciales. Bajo proyectos como la llamada “paz total”, esas estructuras se han visto beneficiadas, y desde la perspectiva estadounidense eso ha contado con el respaldo y la promoción del propio presidente Petro.
Con base en esa realidad, Estados Unidos se vio en la obligación de descertificar a Colombia por su falta de cooperación y por sus resultados precarios en materia de combate al narcotráfico. Sin embargo, hay un punto que quiero resaltar: a diferencia de lo que se ha hecho con otros países, Estados Unidos evitó imponer sanciones económicas generales que perjudicaran al pueblo colombiano.
En el caso de Colombia —que creo que es único— las medidas se dirigieron a personas naturales. Se incluyeron en la lista de la OFAC, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro, al presidente Petro, a su esposa y a su ministro del Interior, precisamente con el objetivo de no afectar las estructuras económicas del país ni a la población.
SEMANA: El presidente Petro ha dicho que quiere proponerle a Donald Trump que Nicolás Maduro sea devuelto a Venezuela para ser juzgado allá. ¿Cómo puede recibir Trump esa propuesta?
J.F.: Como la recibiría cualquier persona que tenga dos dedos de frente: como el ridículo más grande. Ese no es un asunto del presidente Petro. Entre Nicolás Maduro y el gobierno de los Estados Unidos existe un proceso judicial. Maduro está siendo juzgado por una serie de crímenes cometidos contra las leyes de los Estados Unidos y debe responder ante una corte estadounidense.
Allí tendrá todas las garantías, todos los mecanismos de defensa, y un juicio transparente y justo. Un jefe de Estado extranjero no tiene por qué intervenir en un asunto que no es ni siquiera político ni de gobierno, sino estrictamente de justicia.
Nicolás Maduro es un reo de la justicia de los Estados Unidos. Aquí los poderes funcionan como deben funcionar. El poder judicial, el legislativo y el ejecutivo son completamente independientes. Tal vez el presidente Petro no esté acostumbrado a este tipo de separación de poderes, pero así operan las instituciones en Estados Unidos.
SEMANA: Hay quienes creen que, pese a las diferencias, la reunión podría servir para recomponer la relación diplomática. ¿Se ve así desde Estados Unidos?
J.F.: La verdad es que, para la gran mayoría de los estadounidenses, las relaciones con Colombia son casi irrelevantes en el debate público. Desde el punto de vista económico, el comercio entre los dos países funciona bien y beneficia a ambas partes, pero no existe la percepción de que una ruptura con Colombia generaría una crisis en Estados Unidos.
La mayoría de la opinión pública estadounidense ni siquiera sabe quién es Gustavo Petro. Lo que sí conocen es ese acto completamente condenable de pedirles a los militares de Estados Unidos que desobedezcan a su comandante en jefe, porque eso sí apareció en televisión y causó indignación.
En términos prácticos, no creo que haya mucho que discutir más allá de mantener una relación funcional hasta el 7 de agosto, cuando el presidente Petro deberá entregar el poder, como lo establece la Constitución colombiana. Hay preocupaciones expresadas por líderes de la comunidad colombiana en Estados Unidos sobre el manejo de las elecciones y sobre declaraciones del presidente Petro relacionadas con una posible reelección u otros escenarios que generan inquietud.
El presidente Trump ha sido claro en su compromiso de combatir el narcotráfico. Si no existe cooperación por parte de Colombia, Estados Unidos está en pleno derecho de utilizar los recursos que considere necesarios para proteger a su población. Recordemos la enorme cantidad de muertes por sobredosis de drogas que llegan desde países donde se siguen produciendo y exportando estupefacientes.
Si se determina —como ya ocurrió— que el gobierno colombiano no cumple con sus compromisos en esta materia, Estados Unidos es libre de emprender las acciones que considere necesarias. Las reglas del juego están claras: Colombia y Estados Unidos tienen la obligación de cumplir sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico.