Dina Boluarte denunció que México no quiere entregarle la jefatura de la Alianza del Pacífico a Perú

La presidenta peruana, Dina Boluarte, aseguró este miércoles que México se niega a entregarle la jefatura de la Alianza del Pacífico por el apoyo político de su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al encarcelado expresidente peruano Pedro Castillo.

La mandataria dijo que López Obrador “por seguir apoyando al expresidente (Castillo), que dio el golpe, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico”.

Boluarte sostuvo que Perú “debió asumir en enero la presidencia pro tempore” de la Alianza del Pacífico, actualmente en manos de México. Pero lamentó que ello no haya ocurrido por “esta situación política (en la) que el presidente de México está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico”, bloque regional conformado por ambos países, además de Chile y Colombia.

López Obrador ha expresado su apoyo al expresidente Castillo, quien el pasado 7 de diciembre, cuando estaba a punto de enfrentar una votación de destitución por el Congreso, decidió anunciar que disolvía el Parlamento y gobernaría por decreto. Pocas horas después de esto, el Congreso destituyó a Castillo y designó a Boluarte, entonces vicepresidenta, como mandataria constitucional.

En el ínterin, el destituido exmandatario fue detenido cuando intentaba llegar a la embajada de México, y un juez le dictó prisión preventiva de 18 meses por rebelión. Su esposa, Lilia Paredes, sí alcanzó la sede diplomática mexicana, cuyo gobierno le concedió a ella y sus dos hijos la condición de asilo, por lo que Lima pidió al embajador mexicano retirarse del país.

La destitución de Castillo desató una ola de manifestaciones, en ocasiones violentas, que ha dejado 48 civiles fallecidos en enfrentamientos durante las protestas. Las movilizaciones exigen la renuncia de Boluarte y elecciones generales.

Castillo también ha recibido el respaldo de los presidentes Gustavo Petro, Alberto Fernández y Luis Arce de Colombia, Argentina y Bolivia, respectivamente, lo que provocó en enero que Lima llamara en consultas a sus embajadores en esos países. No obstante, este miércoles Boluarte consideró que “las relaciones internacionales están nuevamente volviendo a la calma, ya nuestros embajadores en Argentina estarán retornando próximamente”, sin ofrecer mayores detalles.

La mandataria, que inició este miércoles una serie de encuentros con partidos políticos para abordar la crisis política local, se reunió con la derechista Keiko Fujimori, excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular. A la salida de este cónclave, Fujimori expresó su “repudio” por el presidente Petro, instándolo a que “no meta su nariz roja en Perú”.

Lima restringirá las protestas y manifestaciones en el Centro Histórico

La Alcaldía de Lima declaró su Centro Histórico como “zona intangible” para restringir marchas y manifestaciones políticas, en medio de la agitación social que reina en Perú desde diciembre pasado, según una disposición publicada este miércoles en el diario oficial.

El Concejo Municipal alegó que, al estar catalogado como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, el Centro Histórico de la capital peruana es “zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública”, indica la ordenanza.

Esta disposición de la Alcaldía limeña, gobernada actualmente por el ultraconservador Rafael López Aliaga, encarga además a la Procuraduría municipal y al Ministerio Público de Perú actuar ante su incumplimiento, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía.

La zona afectada, de unos 10 kilómetros cuadrados, abarca espacios como las plazas Dos de Mayo y San Martín, o avenidas como Miguel Grau, Alfonso Ugarte y Abancay, las cuales han sido escenario repetido y epicentro de las movilizaciones que desde diciembre pasado exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y un adelanto de elecciones generales.

En una de esas protestas, el pasado 28 de enero cayó abatido Víctor Santiesteban, el único manifestante fallecido en Lima del total de 48 civiles muertos en esas protestas, caracterizadas por una dura represión policial y violenta respuesta de los ciudadanos inconformes.

“La medida es para todos los que pretendan movilizarse marchando”, dijo a la emisora RPP el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien exhortó a dirigentes políticos y colectivos sociales a que “tengan la sensatez” de acatar la medida. Agregó que la orden no incluye a manifestaciones religiosas como la tradicional procesión del Señor de los Milagros por no tratarse de “concentraciones de carácter político”.

Desde 2022, en calles y pasajes del Centro Histórico limeño, aledañas al Palacio de Gobierno y a la sede del Congreso, ya la Policía había desplegado vallas metálicas para el control del orden público y contener a manifestantes movilizados. Las marchas, que forzaron la caída de otros mandatarios peruanos, como Manuel Merino, en 2020, y Alberto Fujimori (1990-2000), también tuvieron al Centro Histórico como escenario principal.

*Con información de AFP.