Trump: del sueño a la pesadillla americana

Es difícil saber quién fue más cínico. Si el presidente estadounidense, Donald Trump, que no fue capaz de anunciar en persona que iba a poner al borde de la deportación a 800.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando aún eran niños. O su fiscal general, Jeff Sessions, quien el martes argumentó un sartal de falsedades para justificar la decisión de cambiar el estatus del que desde hace algunos años gozan los dreamers (soñadores), como se conoce a esos jóvenes.

Según Sessions, la ley Daca, aprobada por el presidente Barack Obama en 2012 para proteger a esos muchachos de ser deportados, va contra la Constitución, pues no tiene en cuenta al Congreso. Esa ilegalidad, dijo en el comunicado que leyó el martes en Washington, “ha producido terribles consecuencias humanitarias”, pues les ha negado la posibilidad de trabajar a cientos de miles de estadounidenses. Por el contrario, concluyó, “fracasar en la aplicación de la ley ha expuesto a Estados Unidos a crímenes, violencia e incluso terrorismo”.

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En consecuencia, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que no aceptaría nuevas aplicaciones para el programa Daca y que quienes ya estuvieran inscritos y tuvieran un permiso de trabajo podrían permanecer hasta que este expire. Para todos los demás, el 5 de marzo de 2018 pasarán a ser indistinguibles de los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, lo que en plata blanca significa que podrán ser deportados en cualquier momento.

Poco después, la Casa Blanca emitió un comunicado firmado por Trump. En este, el presidente respaldó los argumentos de Sessions, pero insistió en que la decisión busca sobre todo darle al Congreso “la oportunidad de actuar”. Y adoptó un curioso tono de excusa al insistir en que “no quería castigar a los hijos por las acciones de sus padres”, y en que el verdadero objetivo de la decisión era brindarles una oportunidad a los “estadounidenses victimizados por un sistema injusto”. Como conclusión, afirmó: “Vamos a resolver el tema de la ley Daca con el corazón y con compasión”.

Varias razones explican que Trump haya insistido en que es una cuestión legal que se sale de sus manos. En primer lugar, se trata de una medida particularmente cruel, pues a diferencia del resto de los indocumentados, los dreamers no emigraron a Estados Unidos por su voluntad, sino por la de sus padres. De hecho, muchos apenas guardan un vago recuerdo de su país de origen y la mayoría solo habla inglés. En segundo lugar, el propio magnate dijo en varias ocasiones que no iba a tomar medidas que los afectaran. “Los ‘dreamers’ no deberían preocuparse. Vamos a hacernos cargo de todos. Yo tengo un gran corazón”, respondió en una entrevista con la cadena ABC en enero. Pueden “estar tranquilos”, le dijo en marzo a AP después de que uno de ellos fue deportado a México. Y hace una semana, en una rueda de prensa, afirmó: “Amo a los ‘dreamers’”.

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En tercer lugar, se trata de una decisión muy impopular, pues según una encuesta de la revista Politico y Morning Consult Poll, tres de cuatro norteamericanos están de acuerdo con que a los dreamers se les conceda la residencia permanente en Estados Unidos y un 60 por ciento considera incluso que se les debería dar la ciudadanía. Y a eso se suma que es falso que estos muchachos les estén quitando los puestos de trabajo a los ‘verdaderos’ norteamericanos. Como dijo a SEMANA Louis DeSipio, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro para el Estudio de la Democracia de la Universidad de California “los trabajadores nativos que viven en las mismas áreas que los beneficiarios del Daca y que tienen sus mismos estudios y habilidades no tienen problemas graves de desempleo”. 

De hecho, grandes empresas norteamericanas como Apple, Facebook y Google han protestado por el desmonte de ese programa porque temen una escasez laboral. Según una carta que los jefes de esas y de otras 700 compañías enviaron al presidente, acabar con el Daca le costaría al país pérdidas por 24.600 millones de dólares en ingresos fiscales y reduciría el PIB en unos 460.300 millones. Para el think-tank Center for American Progress, desde el momento en que el programa expire, alrededor de 1.000 personas perderán cada día sus puestos de trabajo. “Hoy es un día triste para el país”, escribió el miércoles el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en su página personal.

Y a todo lo anterior se suma que los dreamers son en su inmensa mayoría excelentes ciudadanos. Por un lado, más del 90 por ciento paga impuestos y, según el Institute on Taxation and Economic Policy, estos contribuyen anualmente con cerca de 12.000 millones de dólares a la economía estadounidense en aportes tributarios. Por el otro, para convertirse en beneficiarios del Daca, estos jóvenes tuvieron que someterse a un riguroso examen y demostrar que no tenían antecedentes judiciales ni penales. A su vez, al inscribirse en ese programa mostraron que tenían fe en las autoridades estadounidenses al revelarles la fecha en que entraron al país, la dirección de su residencia, sus números telefónicos y de seguridad social, e incluso los nombres de sus escuelas o universidades.

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Hoy, todo apunta a que esa confianza fue excesiva, pues como están las cosas, después del 5 de marzo no solo serán considerados inmigrantes ilegales, sino que estarán aún más expuestos a las deportaciones justamente por haber suministrado sus datos. Como dijo Barack Obama en una carta publicada en su cuenta de Facebook, la decisión de Trump es “cruel”, pues “esos ‘dreamers’ son estadounidenses en sus corazones, en sus mentes y en todos los sentidos salvo en sus documentos”.

Pero no todos piensan así. Aunque Trump pretenda que quiere obligar al Congreso a “arreglar” el Daca, lo cierto es que Obama aprobó en 2012 esa ley debido a que durante más de una década esa institución fue incapaz de producir una norma que reconociera el particular estatus de los dreamers. En la actualidad, la posibilidad de que el Congreso la mejore es aún más remota, pues a la polarización política que impera en Estados Unidos, el magnate le ha impreso la marca del racismo. Si hay un común denominador entre todos los beneficiarios del Daca es que la gran mayoría proviene de países latinoamericanos, en particular de América Central.

Por eso, no es ninguna casualidad que el presidente que puso a casi un millón de dreamers al borde de la deportación sea la misma persona que lanzó su campaña diciendo que los mexicanos “llevaban drogas a Estados Unidos”, que dijo que un juez de Indiana no estaba en condiciones de juzgarlo debido a su ancestros mexicanos, que quiere construir un muro con ese país, o que perdonó a Joe Arpaio, un sheriff de Arizona conocido por su trato discriminatorio y cruel con los inmigrantes centroamericanos. De hecho, a medida que avanza la Presidencia de Trump es más claro que el magnate quiere imponer una agenda supremacista, según la cual Estados Unidos es un país para los hombres blancos heterosexuales.

Pues además de sus ataques a los latinos, los primeros seis meses de su gobierno han estado marcados por sus intentos de prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos, sus ofensivas contra movimientos defensores de los derechos civiles como Black Lives Matter, o la expulsión mediante un trino de todos los transgeneristas de las Fuerzas Armadas. Y aunque es cierto que durante su larga vida como figura pública Trump también ha tenido gestos progresistas, lo cierto es que solo ahora, cuando cuenta con el poder de hacer su voluntad, ha revelado su verdadera naturaleza. Como dijo Michelle Obama durante la Convención Demócrata del año pasado: “Ser presidente no cambia quién eres, sino revela lo que eres”.