EL CRIMEN DE CALAMA

Dos pelotones de ocho fusileros cada uno, ejecutaron el viernes 22 a las 6:35 de la mañana, a dos exfuncionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta chilena: Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez, en un patio del penal de Calama una ciudad a 100 kilómetros de la frontera con Bolivia.
La pena de muerte, a pesar de que es contemplada en la legislación chilena, es raramente aprlicada en este país. La última vez fue hace más de 20 años.
Sin embargo, con esta doble ejecución, que duró aproximadamente ocho minutos, se puso término a uno de los hechos más escalofriantes de la historia criminal chilena.
Los fusilados eran los más altos funcionarios de la CNI de Calama cuando el 9 de marzo de mil novescientos ochenta y uno se supo del robo de 45 millones de pesos (más de un millón de dólares) en la sucursal del Banco del Estado de Chuquicamata y el simultáneo desaparecimiento del agente de esa institución, Guillermo Martinez y del cajero Sergio Yáñez.
Chuquicamata es una ciudad minera muy cerca de Calama. Por ello Hernández y Villanueva tuvieron que participar en las pesquisas de rigor.
Pero tres meses después, el 11 de junio, se estableció que el agente y el cajero no habían sido los autores del robo sino que, por el contrario, habían sido asesinados y luego dinamitados en la mitad de un desierto, a 20 kilómetros de Calama. Según la investigación, los autores del asesinato eran nada menos que el jefe y el subjefe de la CNI, ampliamente conocidos en la zona.
Durante el proceso, Hernández admitió los cargos: "Convencimos al agente que colaborara con un simulacro de asalto que le habíamos propuesto para enmendar la deficiente seguridad del banco. Todo debería parecer como una acción extremista.
Estaban tranquilos y confiados. Les vendamos la vista y al llegar al sitio escogido, los hicimos bajar de los automóviles para tomarles unas fotografías. Los pusimos de espaldas y les disparamos a cada uno un tiro en la cabeza. Inmediatamente después de matarlos, hicimos una cama de dinamita y la detonamos. La explosión hundió a uno de ellos en el suelo y dispersó algunos restos del otro...".
El hilo que permitió descubrir la trama completa, fue la detención por delito menor, del taxista Francisco Díaz Meza, condenado después a cadena perpetua, por complicidad.
Durante su detención le encontraron una cantidad de dinero poco usual, lo que hizo entrar en sospechas a funcionarios de la policía civil chilena quienes tras identificar algunos de los billetes que llevaba, lograron que les confesara todo.
Ante la gravedad de los hechos fue el propio presidente Pinochet quien dio la orden para que se detuviera a los dos jefes de la CNI. Sin embargo, el caso aún tiene un lado no esclarecido. El mayor Juan Alberto Delmas, jefe de la CNI de Arica, ciudad fronteriza con el Perú, a poco más de 400 kilómetros al norte de Calama, sindicado de ser el cerebro de toda la operación, fue encontrado muerto en el interior de su automóvil. El juez a cargo dictaminó que había sido un caso de suicidio.
La crueldad de los asesinatos y la personalidad de los culpables, desató todo tipo de polémicas acerca de la legalidad de un servicio secreto como la CNI. El gobierno declaró que la institución era irreprochable, y que el hecho de que dos de sus miembros hubieran delinquido, no ponía a la CNI como tal en tela de juicio.
Por su parte, Hernández, durante el proceso, para invocar su inocencia se escudó en el adiestramiento al que había sido sometido. Este habría sido realizado "a traves de la disciplina inculcada para obtener el cumplimiento de órdenes, sin consideración de ningún valor moral".
Agregó que tales métodos pretendían familiarizarlo con determinados actos y conductas que en situaciones normales son inaceptables, como golpear, mutilar, matar.
"Se es concientizado en el sentido que se participa en una guerra contra un enemigo real o imaginario, cuya reacción no tiene limitación moral alguna".
Al diario "El Mercurio" de Santiago, declaró en una entrevista: "Yo me dediqué a cumplir una orden superior, mala o buena, en un sistema donde no tuve posibilidades de refutarla y, conforme a las razones que se me dieron, era una misión de servicio. La misión concreta era que nuestro servicio tenía un déficit económico. La orden me la dio el mayor Delmas en Arica, donde me citó".
El padre de Hernández, que es abogado y que lo defendió en parte del proceso, señaló en una entrevista que le hizo un semanario: "Este era un hijo ideal, educado en los mejores ideales, y de la noche a la mañana aparece convertido en un monstruo. Necesito que alguien me explique qué es lo que pasó, por qué es mi hijo el que han utilizado..." "No existe sólo la personalidad individual, la de él, sino también la del organismo del que formaba parte y de la sociedad entera"; "todos somos culpables porque estamos tolerando un sistema en que se dan estas cosas, que despues no hay cómo atajarlas ".
En la última entrevista que concedió antes de ser fusilado, Hernández añadió: "Tengo la película muy clara. Todo esto estaba "cocinado" no me asombra que nos hayan condenado a muerte, se necesitaban "chivos expiatorios", pero alguna vez tendrá que hacerse luz pública en todos estos trágicos hechos ".
Después de la doble ejecución, quedaron flotando en el aire una serie de interrogantes: ¿cuántos son en verdad los implicados? ¿Quiénes son los responsables de la muerte del mayor Delmas, si como dijo uno de los condenados, no era un hombre como para suicidarse? ¿Dónde están los 16 millones de pesos (más de 400.000 dólares) del botín, que es la parte que todavía no ha podido ser encontrada?
El cardenal Raúl Silva Henríquez, arzobispo de Santiago, en una reciente declaración sobre estos hechos, exigió: "Hay que hacer justicia plena, y no a medias, castigándose a todos los culpables". A la justicia chilena le corresponde buscarlos .
Marisi Pérez (Chile)