El Gobierno español está listo para dar un paso histórico en su política migratoria con la aprobación de una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular, una medida que les permitirá obtener residencia legal en el país mediante un real decreto.
La iniciativa será aprobada el martes 27 de enero en el Consejo de Ministros, según confirmó este lunes Irene Montero durante un acto en Madrid centrado en la situación de los migrantes.
La eurodiputada se mostró bastante crítica de las medidas migratorias aplicadas en su país: “Hay personas que en España viven con miedo a que la policía las pare”. Y lo comparó con la coyuntura que vive Estados Unidos por el ICE: “El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, asesinan, nosotras damos papeles”.
¿Quiénes pueden acogerse a la medida?
La regularización extraordinaria beneficiará a todas las personas extranjeras que residan en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud.
Para validar la permanencia, se aceptarán diversos documentos, como el empadronamiento municipal, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, contratos de suministro eléctrico, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.
La presentación de la solicitud tendrá efectos inmediatos: se suspenderán los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por motivos administrativos o laborales que pesen sobre la persona.
Adicionalmente, se otorgará una autorización de residencia provisional con derecho a trabajar y acceso a derechos básicos como la asistencia sanitaria.
Si la solicitud es admitida a trámite, las personas recibirán inicialmente una autorización de residencia provisional, que les permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios esenciales. En caso de resolución favorable tras la evaluación correspondiente, se concederá una autorización de residencia por un año, al término del cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme a lo establecido en el reglamento de extranjería.
La medida pactada entre PSOE y Podemos surge en un momento en que España enfrenta un crecimiento marcado de la población migrante irregular, estimado en torno a 840.000 personas en 2025, según análisis del centro Funcas.
Esta cifra ha tenido un aumento del 685 % desde 2018, alcanzando un nivel que ha generado alarma en un sector del espectro político español y ha situado la inmigración como un fenómeno estructural que el Gobierno busca abordar con políticas más inclusivas.
Latinoamérica lidera la cifra de inmigrantes en España, destacando países como Honduras y Perú; sin embargo, Colombia está liderando el ranking en la región, con más de 1.030.000 llegados de forma regulada y otros 290.000 de forma irregular.
El acuerdo para aprobar la regularización por decreto también es el resultado de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas, que había quedado bloqueada en el Congreso desde 2024.
En este caso, se aplicará la vía del real decreto, que permite al Ejecutivo avanzar sin depender de la aprobación parlamentaria, lo que garantiza su entrada en vigor con mayor rapidez.