Una jueza federal de Estados Unidos anuló un acuerdo alcanzado tras una demanda entre el presidente Donald Trump y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de recaudar impuestos y supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el país.
La magistrada concluyó que el mandatario utilizó la demanda para obtener beneficios que no tenían sustento legal y consideró que actuó de mala fe durante el proceso. Según la jueza, el mandatario buscó “manipular el proceso judicial” al presentar la demanda contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos.
Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump presentaron una demanda por 10.000 millones de dólares contra la agencia tributaria, luego de que un excontratista divulgara registros fiscales confidenciales a varios medios de comunicación.
El proceso concluyó en mayo con un acuerdo que otorgaba al presidente estadounidense, a su familia y a sus empresas una amplia protección retroactiva frente a auditorías y otros reclamos fiscales.
Además, el pacto contemplaba la creación de un programa de 1.800 millones de dólares, financiado con recursos públicos, para compensar a personas que aseguraran haber sido objeto de investigaciones gubernamentales por presuntas motivaciones políticas durante la administración de Joe Biden.
Sin embargo, esa iniciativa posteriormente quedó sin efecto.
Al explicar su decisión, la jueza de distrito Kathleen Williams determinó que nunca existió una controversia legal real entre Trump y el IRS, ya que, como presidente de Estados Unidos, ejerce control sobre la agencia a través del Departamento del Tesoro.
“Debido a que este hecho era obvio e ineludible, el tribunal concluye que el asunto se planteó con una finalidad inapropiada: obtener el sello de legitimidad judicial para un ‘acuerdo’ que no tenía base ni en la ley ni en los hechos”, escribió Williams.
“La naturaleza misma de la demanda y la conducta de las partes y de los abogados desde su presentación dejan claro que este fue un intento de utilizar al tribunal para dar cierta legitimidad a un acuerdo destinado a conceder inmunidad a personas y entidades vinculadas con el presidente”, añadió.
La magistrada también cuestionó la actuación del gobierno durante el proceso. En su fallo, señaló que el Departamento de Justicia dejó de lado su obligación de defender el interés público y sostuvo que algunos funcionarios ignoraron políticas establecidas para perseguir objetivos que excedían, e incluso vulneraban, su autoridad legal.
Hasta el momento, Trump no ha reaccionado públicamente a la decisión judicial.
No obstante, un portavoz de su equipo jurídico privado aseguró a la cadena CNN que el presidente continuará “haciendo que quienes perjudican a Estados Unidos y a los estadounidenses rindan cuentas”.
*Con información de AFP.