La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado expresando preocupación por la violación de la libertad de prensa que atraviesa Ecuador por parte del Gobierno actual que, según la sociedad, afectan a la empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), la editora de los diarios Expreso y Extra.
SIP se basa en un comunicado de la compañía para asegurar que “diversas acciones de carácter tributario, financiero y societario —una de ellas impulsada por un organismo que depende del Estado— podrían estar siendo utilizadas para presionar o condicionar la propiedad y la gestión del grupo editorial“.
En el informe compartido por la sociedad de prensa, las decisiones gubernamentales de la administración de Daniel Noboa afectan “de forma directa su libertad empresarial y, de manera indirecta, su línea editorial”, en referencia a la compañía en mención.
El organismo destaca que una de las acciones gubernamentales que prenden las alarmas es el intento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) para revertir la titularidad accionaria de la empresa GRANASA, “pese a que dicha titularidad fue realizada, inscrita y perfeccionada conforme a la legislación vigente hace varios años”, asegura la compañía.
Lo anterior representa una inseguridad jurídica y también permite una intromisión del Gobierno a los medios de comunicación, lo que viola la libertad de prensa.
Ante la situación, GRANASA aseveró que el Gobierno del presidente Noboa ha usado “todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar” a la empresa, con el fin de silenciar sus críticas.
La SIP expresa su preocupación por una serie de acciones de distintas entidades, incluyendo un organismo del Estado ecuatoriano, que podrían constituir represalias indirectas contra Gráficos Nacionales S.A., empresa editora de los diarios Expreso y Extra.https://t.co/CbVYroEU5m
— SIP • IAPA (@sip_oficial) January 5, 2026
“En septiembre de 2025 la empresa tuvo conocimiento de actuaciones tributarias iniciadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) relacionadas con presuntas diferencias en declaraciones fiscales de terceros vinculados a su cadena de distribución”, detalló el comunicado del conglomerado editorial.
“La compañía solicitó oportunamente acceso a la documentación correspondiente, sin que hasta el momento se haya recibido la totalidad de la información”, agregó.
“El uso de una institución pública para hostigar a medios críticos es una de las formas más sofisticadas de censura indirecta”, advirtió Pierre Manigault, presidente de la SIP, en el documento compartido por la agencia.
“Cuando se recurre a mecanismos administrativos, tributarios o societarios para presionar a una empresa periodística, no solo se vulnera la libertad de prensa, sino también la libertad de empresa, que es una condición esencial para que el periodismo independiente pueda existir”, complementó.
Para concluir, SIP denunció que “funcionarios del gobierno de Daniel Noboa utilizaron las redes sociales y los canales oficiales para atacar a periodistas y medios”. Y se identificó que el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien “vinculó a los diarios Expreso y Extra con supuestos esquemas de evasión tributaria antes de que existiera investigación formal, lo que fue denunciado como un intento de intimidación política”.
