Un recurso presentado por el TSE ante la Corte de Constitucionalidad (CC) solicita que esta ordene a la Fiscalía, Policía, Ejército, Corte Suprema y otras instituciones del Estado garantizar la segunda vuelta presidencial, en la que se deben enfrentar los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo, lo que pondría fin a 12 años de gobiernos de derecha en el país.
El TSE argumentó que existe “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho, al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad”.
Tras la primera vuelta presidencial del 25 de junio, diversos recursos judiciales de partidos derechistas que perdieron y una polémica inhabilitación del partido Semilla de Arévalo (anulada un día después) han enturbiado la campaña al balotaje.
También dos allanamientos a oficinas del TSE y una orden de arresto a una aliada de Arévalo, quien dio la sorpresa en la primera vuelta. Aunque los dos candidatos del balotaje son socialdemócratas, las acciones de la Fiscalía y de un juez se han centrado en Arévalo, porque aparentemente es visto por sectores poderosos de Guatemala como un riesgo para sus intereses.
Segundo allanamiento
El jueves, la Fiscalía realizó un segundo allanamiento a la sede del TSE en seguimiento a una polémica investigación contra Semilla por supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados para su creación en 2017. Esta investigación es considerada en el país y en el exterior como un pretexto para sacar del balotaje a Arévalo, hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951).
Además, el juez Fredy Orellana ordenó el arresto de la subdirectora del Registro de Ciudadanos (padrón electoral) del TSE, Eleonora Castillo, por no acatar su cuestionada orden de inhabilitar al partido la semana pasada.
Castillo goza de inmunidad, según el TSE. Ella funge como jefa interina del registro por las vacaciones de su titular, Ramiro Muñoz, quien ya había adelantado que no podía obedecer la orden del juez porque la ley electoral estipula que ningún partido puede ser suspendido en medio de un proceso electoral.
“Aplausos”
La ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA) considera al sistema judicial guatemalteco como el “brazo represivo que busca asfixiar y estrangular” a los opositores. El TSE también pidió a la máxima corte que la Fiscalía y otras instituciones públicas “se abstengan de emitir decisiones y órdenes que se opongan a la plena vigencia, eficacia y lo dispuesto en el acuerdo” de los magistrados del TSE del 12 de julio, al oficializar la participación de Torres y Arévalo en el balotaje.
“Aplausos al Tribunal Supremo Electoral por interponer un amparo ante las persistentes amenazas al orden democrático y las intimidaciones de los órganos señalados. La Corte de Constitucionalidad tiene el deber de asegurar el orden constitucional y democrático”, tuiteó el abogado y analista político Edgar Ortiz.
Sanciones de EE. UU.
La suspensión de Semilla fue solicitada por el fiscal Rafael Curruchiche, incluido en 2022 por Estados Unidos en la llamada lista Engel de centroamericanos involucrados en “actos corruptos y antidemocráticos”, a quienes se les prohíbe ingresar a esa nación. El miércoles fue añadido a la lista el juez Orellana.
La misma sanción tiene la fiscal general Consuelo Porras desde 2021, quien el año pasado fue ratificada en el cargo por el presidente Alejandro Giammattei, quien debe entregar el cargo el próximo 14 de enero. Para la analista independiente guatemalteca Marielos Chang, la situación electoral que se vive en Guatemala no tiene precedentes desde que el país regresó a la democracia en 1985, después de tres décadas de dictaduras militares.
Con información de AFP*