Desde enero de 2026, ciudadanos estadounidenses enfrentan mayores obstáculos para adoptar niños del extranjero tras la entrada en vigor de una orden ejecutiva que limita la emisión de visas de adopción para decenas de países.
Una nueva política que restringe visas de adopción
El 1 de enero de 2026 entró en vigor una orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos que ha tenido efectos directos sobre los procesos de adopción internacional.
Según un informe de Newsweek, la administración firmó el 16 de diciembre de 2025 una ampliación de la llamada travel ban o restricción de entrada que ahora elimina las visas específicas para adopciones desde 39 países, incluidas naciones como Nigeria, Haití y Venezuela.
En la práctica, cuatro categorías de visas diseñadas precisamente para la adopción internacional ―las visas IR-3, IR-4, IH-3 y IH-4― no pueden ser emitidas para personas de estos países, cualquiera sea la situación del país o el tipo de restricción de viaje vigente.
Esta medida se aplica incluso en casos donde la prohibición de viaje para ese país es parcial o no está activa en ese momento.
El Departamento de Estado también suspendió otras visas familiares inmediatas ―como IR-1/CR-1 y IR-2/CR-2― para los mismos países bajo esta política.
Para las familias estadounidenses que estaban en medio de procesos de adopción o que pensaban iniciar uno, esto representa un obstáculo jurídico y burocrático sin precedentes en años recientes.
Justificaciones oficiales y críticas desde expertos
El Gobierno federal ha defendido esta política bajo el argumento de la seguridad nacional y la prevención de fraude migratorio.
En la proclamación, el presidente Donald Trump afirmó que es “imperativo ejercer extrema vigilancia durante la emisión de visas y procesos migratorios para identificar, antes de su admisión o entrada en Estados Unidos, a extranjeros que pretendan perjudicar a ciudadanos estadounidenses o nuestros intereses nacionales”, según se registra en Newsweek.
Sin embargo, esta explicación ha sido criticada por especialistas en inmigración y derechos humanos.
Por ejemplo, Ricky Murray, exfuncionario de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), dijo a Newsweek que la selección de países afectados, muchos de ellos africanos o mayoritariamente musulmanes, parece responder más a criterios de nacionalidad o raza que a riesgos concretos de seguridad, describiendo la medida como “extremadamente poco estadounidense”.
Los países que participan en convenios internacionales de adopción, como el Convenio de La Haya sobre Protección de Menores y Cooperación en materia de Adopción Internacional, también se ven directamente impactados por esta nueva orden.
Aunque el tratado, ratificado por Estados Unidos y más de 100 países, establece salvaguardas para prevenir el tráfico infantil y garantizar procesos éticos, la restricción de visas impuesta por el Gobierno estadounidense opera por encima de estos acuerdos multilaterales.
En la práctica, esto significa que incluso adopciones plenamente legales, supervisadas por autoridades centrales y con expedientes aprobados, pueden quedar bloqueadas si el país de origen del menor figura en la lista afectada por la orden.
La tensión entre seguridad migratoria y derechos de niños y familias resalta un debate fundamental en las políticas públicas.
Mientras las autoridades sostienen que estos cambios forman parte de una estrategia más amplia para controlar la inmigración, críticos advierten que las consecuencias inmediatas pueden ser la reducción de oportunidades para que menores sin familia encuentren hogares permanentes en Estados Unidos.