Estados Unidos
EE. UU. lanza una ofensiva contra el abuso de visados H-1B: más de 170 empresas bajo investigación
El gobierno de Donald Trump inició una operación federal para detectar fraudes en el programa de visados para trabajadores altamente cualificados, en medio de fuertes críticas del sector tecnológico.
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El Departamento de Trabajo de Estados Unidos confirmó la apertura de 175 investigaciones contra compañías sospechosas de haber explotado o usado de manera indebida el programa de visados H-1B, que permite a las empresas contratar talento extranjero especializado.
La administración Trump sostiene que el sistema, pensado para fortalecer la economía, ha sido manipulado para reducir costos laborales y desplazar a trabajadores estadounidenses.
¿En qué consiste la operación de investigación sobre las visas H-1B?
El gobierno de Donald Trump ha dado un vuelco drástico en su estrategia hacia el programa de visados destinados a trabajadores extranjeros altamente cualificados.
Según un comunicado del Departamento de Trabajo de EE.UU., ya se han abierto 175 investigaciones bajo una operación llamada Project Firewall, destinada a detectar y sancionar el uso indebido del visado H‑1B.
La secretaria del Trabajo, Lori Chavez‑DeRemer, admitió en una entrevista con un medio nacional que “hay empresas en todo este país que han utilizado este programa, pero que lo han mal utilizado para entrar o lo están abusando dentro del programa” al explicar el motivo de las investigaciones, de acuerdo a lo que se registra en Newsweek.
De hecho, El U.S. Department of Labor (DOL) mantiene listas oficiales de empleadores que han sido determinados como violadores deliberados (“willful violators), o que han sido inhabilitados en el marco del programa H‑1B visa.
La importancia de este movimiento radica en que el programa H-1B, diseñado para atraer talento extranjero que aporte a la economía estadounidense, pasa a transformarse en un foco de inspección, bajo el argumento del Gobierno de que esos visados “ponen presión a la baja” sobre los salarios de los trabajadores americanos y podrán representar un riesgo para la seguridad económica del país.
El lanzamiento de Project Firewall coincide con otros cambios normativos impulsados por la administración, entre ellos la imposición de una tasa de 100 000 dólares para nuevas solicitudes del visado H-1B.
Este coste elevado ya ha generado la alarma en India, de donde proviene la mayoría de beneficiarios del programa, y entre organizaciones empresariales nacionales que advierten que estas medidas podrían minar la competitividad tecnológica de Estados Unidos.

Lo que han evidenciado las investigaciones
Las investigaciones, aunque aún sin detalle público de cada caso, ya han detectado irregularidades: pagos inferiores a los prometidos en ofertas de empleo, y fallas en la rendición de cuentas sobre despidos o terminaciones de visado, según declaraciones del Departamento de Trabajo, como se registra en Newsweek.
Este giro político marca una clara señal de que, en la presente administración, la protección del trabajador estadounidense se ubica al frente de la agenda migratoria.
Al mismo tiempo, las empresas vinculadas al sector tecnológico y de contratación de talento internacional enfrentan ahora un escenario más riguroso y costoso.
El resultado podría ser una disminución en la concesión de visados H-1B, con consecuencias en el flujo de talento extranjero hacia EE.UU. y un potencial impacto en industrias dependientes de este tipo de trabajadores.
Ahora, falta ver cómo se desarrollan las investigaciones abiertas y cuáles serán las sanciones impuestas (multas, pagos retroactivos de salarios, suspensión del uso del programa), y cómo responderán las empresas que patrocinan estos visados.
También, quedará por observar si la medida provocará un cambio real en la contratación de talento nacional o simplemente un traslado de los trabajos al extranjero.
En conclusión, las investigaciones por abuso del visado H-1B marcan un giro más estricto en la política laboral de Estados Unidos.
Aunque aún no se han revelado sanciones específicas, el mensaje del gobierno es claro: se busca frenar el uso indebido del programa y priorizar la contratación de trabajadores estadounidenses.


