El gobierno federal, bajo la administración Trump, solicitó que Nike entregue información clave en una investigación por presunta discriminación contra trabajadores blancos.
EEOC busca documentos que evidencien trato desigual en contrataciones y promociones
En un giro que ha reavivado el debate sobre las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en Estados Unidos, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), ha iniciado una investigación federal contra Nike.
A la empresa se le acusa por presunta discriminación laboral contra empleados, solicitantes y participantes de programas de capacitación blancos.
El caso ha escalado hasta solicitar a un tribunal federal en Missouri que obligue a la empresa a cumplir con una citación judicial emitida por la agencia.
La EEOC argumenta que Nike podría haber violado la ley federal al aplicar prácticas que resultaron en un trato desigual contra personas blancas en áreas como:
- Contratación
- Promociones o ascensos
- Procesos de despido o selección para reducción de personal
- Programas de mentoría y desarrollo profesional
Estos señalamientos están vinculados en parte a objetivos internos de Nike para 2025 relacionados con representación racial dentro de su fuerza laboral.
Esto implicaría que cierto porcentaje de puestos directivos y corporativos sea ocupado por minorías raciales y étnicas.
La EEOC asegura que Nike no proporcionó de forma completa la información solicitada, lo que motivó a la agencia a presentar ante el tribunal una demanda para hacer cumplir la citación.
Entre los documentos que se buscan figuran registros que datan de 2018, criterios usados para despidos, uso de datos raciales y étnicos y detalles sobre programas bajo restricciones relacionadas con la raza.
¿Por qué esta investigación genera controversia?
Este caso se da en un contexto político y legal más amplio. La EEOC está encabezada por Andrea Lucas, designada como presidenta de la agencia por el presidente Donald Trump tras su reelección, como se informa en El País.
Lucas ha sido una crítica vocal de los programas de diversidad, equidad e inclusión.
Ha impulsado un enfoque más estricto en la aplicación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VII), que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo o origen nacional sin distinciones.
Para la administración Trump, esta investigación es parte de un esfuerzo más amplio por cuestionar y, según algunos, revertir políticas DEI que consideran discriminatorias o que podrían privilegiar a ciertos grupos en detrimento de otros.
El gobierno argumenta que las leyes antidiscriminatorias protegen a personas de todas las razas por igual, y que las políticas corporativas o institucionales no deben favorecer a ningún grupo sobre otro.
Nike ha respondido calificando la acción de la EEOC como “una escalada sorprendente e inusual” en el proceso investigativo.
La compañía afirma que ha cooperado “de buena fe” con la investigación proporcionando miles de páginas de información y respuestas detalladas”, y que está comprometida con prácticas laborales justas y cumplir con las leyes contra la discriminación, según se afirma en Philstar.
Nike también señaló que confía en que sus programas y políticas se ajustan a las obligaciones legales, aunque la incertidumbre persiste sobre cómo la agencia federal y los tribunales interpretarán estas prácticas en el marco del Título VII.
El caso se suma a una serie de acciones del gobierno de Trump y de la EEOC para analizar las políticas de diversidad en el sector privado.
