A partir del 1 de febrero, la administración Trump suspenderá pagos federales a ciudades santuario y a los estados que las albergan, alegando que sus políticas protegen a criminales y fomentan fraude y crimen, una medida que ya genera fuertes críticas y posibles demandas legales.
Para a partir de 1 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva y polémica política para cortar fondos federales a las llamadas ciudades santuario y a los estados que las albergan.
En un discurso en el Detroit Economic Club, Trump afirmó que no realizará ningún pago federal a estas jurisdicciones, acusándolas de proteger a criminales a costa de los ciudadanos estadounidenses y de fomentar “fraude, crimen y todos los demás problemas” asociados a estas políticas locales.
PRESIDENT TRUMP: “Starting February 1st, we're not making any payments to sanctuary cities or states having sanctuary cities because they do everything possible to protect criminals at the expense of American citizens and it breeds fraud and crime and all of the other problems… pic.twitter.com/FyMYGilLtp
— Fox News (@FoxNews) January 13, 2026
Qué significa la suspensión de pagos
A diferencia de intentos anteriores que solo buscaban restringir determinados subsidios o partidas específicas, esta iniciativa de Trump amplía el alcance al incluir también a los estados completos que contienen ciudades santuario.
Esto podría afectar una gama mucho más amplia de fondos federales destinados a educación, infraestructura, salud y otros servicios públicos.
La medida constituye una escalada en la prolongada ofensiva de la administración contra las políticas de santuario, lugares que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración, especialmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para proteger a individuos indocumentados de la deportación.
Trump no especificó qué programas o cantidades se verán afectados, solo afirmó que “será significativo” cuando los periodistas le preguntaron sobre los detalles de los fondos a ser retenidos.
La retórica del presidente vincula directamente las políticas de santuario con problemas de seguridad y fraude, una narrativa que ha sido central en su agenda migratoria.
Reacción política y desafíos legales
La respuesta de líderes locales y estatales ha sido inmediata y enérgica. Alcaldes de ciudades como Chicago y Nueva York han prometido llevar el caso a los tribunales para defender los fondos que consideran esenciales para sus comunidades y han criticado la medida como inconstitucional y motivada políticamente.
Este no es un conflicto nuevo. Intentos previos de la administración Trump para cortar fondos a jurisdicciones santuario fueron bloqueados por jueces federales que determinaron que solo el Congreso tiene autoridad para condicionar el uso de fondos federales, poniendo en duda la legalidad de la actual medida.
Además, el anuncio se produce en medio de otras acciones de la administración que han buscado retener fondos federales a estados y programas.
Esto incluye recortes de ayuda familiar y subvenciones energéticas, a menudo enfrentando bloqueos judiciales.
Esta política refleja una intensificación de la confrontación entre el gobierno federal y jurisdicciones locales y estatales sobre inmigración, con implicaciones potenciales para el reparto de fondos federales en todo el país.
Son batallas que podían incluso terminar en acciones legales que posiblemente sean llevadas ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
