Victoria para inmigrantes protegidos en EE. UU.: jueza deja en firme un beneficio que usan miles y que ICE estaba persiguiendo

Un fallo de una jueza federal le impide de forma temporal al Gobierno Trump que pueda deportar a inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos a través del parole humanitario.

Trump pretendía acelerar este proceso. ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) estaba deteniendo a quienes entraron de forma legar por las fronteras a través de este mecanismo, sin previo aviso e incluso cuando estas personas poseían documentos válidos y estaban de forma legal en EE.UU.

“La pregunta subyacente de este caso… es si las personas con ‘parole’ que escaparon de la opresión tendrán la oportunidad de defender su caso dentro de un sistema de reglas”, mencionó Jia Cobb, la jueza del caso que comunicó su fallo el viernes 1.º de agosto.

“¿Serán deportadas sumariamente de un país que… podría parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar?”, agregó Cobb.

La jurista destacó que la política viola el estatuto de deportación acelerada, con carácter arbitrario y caprichoso.

La suspensión de esta medida tendrá vigor mientras la demanda es tramitada.

¿Cuáles políticas de la administración Trump suspende la decisión?

Se suspende un memorando de Seguridad Nacional de enero, una directiva de ICE de febrero y, la más importante, la cancelación de medidas de ‘parole’ humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.

Los agentes de ICE ni siquiera permitían acceso a abogados a quienes eran detenidos por tener un permiso de ‘parole’ en Estados Unidos.

Según CNN, este fallo es uno de los primeros cuestionamientos judiciales de peso durante el segundo mandato de Trump, sobre todo después de una decisión de la Corte Suprema que limita los alcances de los fallos judiciales en el país.

Lo que dicen los demandantes

La acción legal fue interpuesta por la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes, CASA y UndocuBlack, quienes celebraron la decisión de la jueza.

Aducen que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional), dirigido por Cristi Noem, viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, por considerar ilegales a quienes ingresaron por intermedio del ‘parole’.

Además, argumentan que esa política no respeta el debido proceso y afecta a poblaciones vulnerables que no tienen la oportunidad de ser escuchadas.

“Los grupos están “profundamente comprometidos con la protección de nuestras comunidades de los perjuicios de la deportación acelerada”, dijo Hillary Li, aboga representante del caso.

Miles de personas optan por esta forma de ingreso debido a situaciones particulares de seguridad en sus países de origen.

El DHS evalúa constantemente estas directrices, y el gobierno actual ha argumentado que el Ejecutivo tiene plena autoridad para determinar el seguimiento o no de dichas políticas.