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| 2/18/2019 4:44:00 PM

A propósito de las empanadas, ¿qué hacer con la informalidad laboral en el país?

El rebusque en Colombia alcanza casi el 50%. Expertos coinciden en que más que una estrategia sancionatoria, el gobierno debe crear políticas transversales que incluya, entre otras cosas, la simplificación del sistema tributario

A propósito de las empanadas, ¿qué hacer con la informalidad laboral en el país? El país tiene varios retos para mejorar la productividad y competitividad laboral. Solo lo logrará si avanza en la formalización de empleos.

La informalidad laboral en Colombia sigue mostrando una de las cifras más preocupantes en materia de política económica y social. Para la muestra un botón: durante el trimestre octubre - diciembre de 2018, la medición sobre ese indicador, realizada por el DANE en 23 ciudades y áreas metropolitanas, alcanzó el 48,2 %. Esos indicadores siguen altos pese a que desde hace varios años el país trabaja por reducir esas estadísticas.

Y ahora el tema del informalismo volvió a estar sobre la mesa de la agenda pública, por cuenta del escándalo que desató la imposición de un comparendo policial contra un joven bogotano, por comprar una empanada en un puesto de comida que al parecer violaba las normas en torno al espacio público.

La multa de más de 800.000 pesos que recibió el infractor por adquirir esa empanada en un puesto de ventas callejero, se convirtió en la noticia de la semana. Aunque muchos colombianos aprovecharon la ocasión para criticar el Código de Policía o hacer mofa de la situación, el panorama de los emprendedores no es el más alentador.

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El análisis general de los expertos es que los colombianos realizan trabajos informales no porque encuentran en ellos oportunidades para el desarrollo competitivo del sector, sino por necesidad. Una lectura clara de la desigualdad en el país, la falta de educación y el complejo sistema tributario.

“El reto principal que tiene tanto el gobierno nacional como las entidades territoriales es eliminar una cantidad de barreras que existen para el fomento de emprendimientos. La carga impositiva del país hace que muchos emprendedores decidan no dar ese paso hacia la formalización y esto al final afecta la empleabilidad, explicó el representante a la Cámara, Mauricio Toro.

Colombia tiene una carga tributaria impositiva del 68%, mientras que el promedio de los países miembros de la OCDE es del 30%; y el de los países más desarrollados no llega ni siquiera a ese porcentaje. Con esto, los efectos de la informalidad impactan o reducen la competitividad, el desarrollo empresarial y el acceso a financiación.

“La mitad de los emprendedores ni son contadores ni son financieros, sino gente creativa que se tiene que dedicar a innovar. Si no logramos simplificar el sistema tributario y eliminar las cargas elevadas, se terminará asfixiando a los emprendedores del país. El volverse formal es tan costoso y tan riesgoso, que les da miedo dar el paso”, explicó Toro.  

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Según el Departamento Nacional de Planeación, alrededor del 75% de las microempresas no están registradas y el nivel de cumplimiento de otras dimensiones de formalidad como la contratación laboral o la declaración y pago de impuestos es aún menor.

Para Toro, cuando los emprendimientos son por oportunidad, tienden más hacia la formalización porque necesitan abrir mercado y crecer. “Los emprendimientos por necesidad responden simplemente a un tema de ausencia de dinero, de supervivencia. Es gente que no quiere estar en eso, pero no encuentran otra salida. Si logramos eliminar esas barreras, se pueden crear muchos más trabajos formales”, dijo Toro.

De acuerdo con el representante a la Cámara, en la medida que estos trabajadores que están en las calles encuentren un empleo en el que se les garantice salud, con capacidad de pensiones o con sus primas, dejan de temerle a la formalidad. “El que vende empanadas o el que vende arepas lo que necesita es que nosotros logremos que nuestros emprendimientos crezcan para aumentar el número de empleos”, aseguró.

En enero de este año, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó la Política de Formalización Empresarial en la que se estipulaban 65 iniciativas e inversiones por casi de $460.000 millones para los próximos diez años. El propósito de la política es promover altos niveles de formalidad empresarial en la economía.

Esta política es una respuesta del gobierno para reducir los costos que tiene para una empresa el cumplir con las obligaciones que le implica ser formal. No es para menos, estudios realizados por el Banco Mundial coinciden con el análisis de los economistas y expertos del sector sobre el costo de la transición a la formalidad. Pasar de la informalidad a la formalización, según el Banco Mundial, le cuesta hoy a las MiPymes entre el 34 % y el 46 % de su utilidad bruta.

“Somos un país muy sancionatorio; una sanción no genera cultura y en eso estamos fallando", Rosmery Quintero, presidenta de Acopi.

Dadas las necesidades del sector, el Conpes para la formalización empresarial  pretende poner en marcha un régimen de tributación simple, flexibilizar los costos de contratación formal de la mano de obra y disminuir la carga regulatoria y trámites asociados.

De acuerdo con un informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, sectores como construcción, comercio, hoteles, restaurantes, transporte y comunicaciones son áreas con índices altos de informalidad. El estudio revela que las tasas de informalidad oscilan entre 58% y 85%; estas tasas se presentan en categorías de ventas y servicios, construcción, transporte y mantenimiento, entre otras ocupaciones que corresponden a actividades desempeñadas por comerciantes y vendedores. 

El estudio alerta sobre las consecuencias que puede tener la informalidad en la pérdida de recaudo tributario y la dificulatad para incrementar o mantener el déficit fiscal. Además, advierte que la no formalización laboral fomenta relaciones laborales no apoyadas adecuadamente por un sistema de protección social, afectando la productividad y la competitividad. 

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Sin embargo, la ejecución del Conpes no es suficiente. Otro de los retos que enfrenta la formalización es la creación de políticas diferenciales que les permita a las pequeñas y medianas empresas tener herramientas de acuerdo a sus capacidades. “Nosotros no contamos con una estructura tan gigante como para soportar las exigencias, que en la mayoría de casos tienen un costo bastante representativo sobre la estructura de costos total”, explicó Rosmery Quintero, presidenta de ACOPI.

Para Quintero, las tarifas diferenciales también permitirán que los emprendedores tengan una estructura más sólida. Sobre los vendedores informales, Quintero aseguró que mientras el gobierno no deje de perseguir a las nuevas iniciativas, la informalidad siempre va a crecer.

“Somos un país muy sancionatorio, una sanción no genera cultura y en eso estamos fallando. No tenemos una estructura de acompañamiento permanente y por eso la informalidad prolifera. Después que tenemos un problema bastante grande, queremos acudir a un régimen de sanciones cuando desde el principio, lo que debíamos hacer era enfocarnos en los perfiles de los emprendedores”, dijo Quintero.

Aunque la necesidad de que haya competencia en el sector es justa, para el representante Mauricio Toro, hay una interpretación equivocada del Código de Policía. “Yo entiendo que hay negocios formales que pagan impuestos y que no es lo mismo hablar de estas empresas que hacerlo de, por ejemplo, la persona que está en la esquina. Esa es una realidad, pero ese problema no se ataca multando al consumidor en la calle. La informalidad se ataca con políticas transversales”, dijo.

Lo que sugieren los analistas es el que el país aproveche las capacidades que tienen los ciudadanos para aportar al sector empresarial para que la masa productiva absorba esos talentos. Y de paso evitar que más colombianos sean noticia mundial, porque la policía los multó por comprar una empanada en un puesto de comidas callejero.

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