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| 9/13/2019 1:54:00 PM

"Esto se llama cinismo": Angélica Lozano a viceministro de Trabajo

El viceministro de Trabajo, Carlos Baena, se retiró de una audiencia pública citada para hacer veeduría a los compromisos del Gobierno con los funcionarios públicos despedidos masivamente, asegurando que no podía estar al lado de un candidato al Concejo de Bogotá. Los reclamantes, y la senadora aseguran que es una "excusa" del funcionario.

Angélica Lozano reclama al viceministro de Trabajo por caso de despidos masivos El viceministro fue delegado para asistir a la audiencia pública citada por la senadora. Foto: Fotomontaje SEMANA

Cerca de 300 exfuncionarios del Estado -en su mayoría de la tercera edad- madrugaron este viernes para poder ingresar a la audiencia pública que se llevó a cabo en el auditorio Luis Guillermo Vélez del nuevo edificio del Congreso. Solo la tercera parte pudo ingresar. Se trataba de un encuentro que han esperado por años para poder contar la situación de miles de personas que fueron víctimas de los despidos masivos de entidades estatales de 1990 a 2006.

Foto: SEMANA

La idea central de la audiencia era que el Ministerio de Trabajo rindiera cuentas sobre los compromisos que adquirió. Sin embargo, esto no ocurrió. La audiencia fue citada por la senadora Angélica Lozano (Verde) con el apoyo de Edwin Betancourt, candidato al Concejo de Bogotá por la Alianza Verde. Por parte del Ministerio asistió el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Baena, así como unos delegados de la Procuraduría.

La audiencia pública transcurría en normalidad, el candidato Betancourt pronunció las palabras de apertura, e inmediatamente después el viceministro interrumpió para dejar una constancia: no podía permanecer en el auditorio al lado de un candidato al Concejo por riesgo de incurrir en participación política, lo cual en tiempo de elecciones está prohibido para los funcionarios públicos. Ante este reclamo, Betancourt decidió retirarse del lugar para que el viceministro escuchara a los afectados.

Algunos voceros estaban contando sus casos de despidos en la Empresa de Energía de Bogotá y la Secretaría de Tránsito, cuando el viceministro volvió a interrumpir, asegurando que se debía retirar. Esto molestó a los reclamantes, quienes consideraron que se trataba de una evasiva más por parte del Ministerio.

“Yo vine al evento porque acá la invitación era a un foro, pero no sabíamos que iba a haber un candidato al Concejo de Bogotá, por ese motivo nos debemos retirar por la ley de garantías, para no incurrir en una falta disciplinaria”, aseguró el viceministro Baena, quien se retiró en medio de una algarabía.

La senadora Lozano le trató de explicar al viceministro que no se trataba de un evento proselitista, porque ella lo había convocado en sus funciones de control político, y durante la audiencia solo se trataría de hacer veeduría sobre los compromisos que el Ministerio de Trabajo y el Consejo de Estado adquirieron frente a los procesos de despidos masivos a empleados del sector público.

“Esto que acaba de pasar hoy, esta burla, lo convierte en una causa personal. Vamos a hacer la audiencia, a escuchar. Esto se llama cinismo, le pedí que dejara su equipo (de asesores). Me parece inaceptable, exagerado y extremo pero no podemos retener a nadie", aseguró la senadora Lozano, quien además prometió que volvería a citar a una audiencia pública después de las elecciones regionales, para que no hubiera ningún manto de duda sobre el propósito de la citación.

El viceministro Baena le dijo a SEMANA que fueron convocados a un evento pero lo instaló un candidato de la Alianza Verde y es muy claro que frente a la ley de garantías la convocatoria no fue la que les hicieron. Además, explicó Baena, no podía dejar en el recinto a sus subalternos porque ellos también son funcionarios públicos a los que también se les aplica la ley de garantías.  

Un tema de fondo

Los despidos masivos de funcionarios del Estado son un problema mayor. Dentro de los afectados hay población vulnerable, mujeres en estado de embarazo, personas cercanas a la edad de jubilación, madres cabeza de familia, pacientes de enfermedades degenerativas, así como los familiares de quienes ya fallecieron sin que su situación se solucionara.

El Consejo de Estado, mediante fallo de tutela, les dio la razón a los reclamantes, y le ordenó en junio de 2016 a la Presidencia de la República que designara una comisión para “evaluar los daños morales, económicos, sociológicos y emocionales ocasionados a numerosos servidores públicos despedidos en forma masiva y sin justa causa y que destinará recursos para cumplir con lo estatuido en la Constitución, convenciones y tratados internacionales para su resarcimiento”.

En ese entonces el presidente Juan Manuel Santos delegó al Ministerio de Trabajo para que se encargara del caso. Justamente los reclamantes aseguran que hasta el sol de hoy la comisión solo se ha reunido una vez, cuando debía hacerlo cada mes según el mandato del alto tribunal.

“Esta es la renuncia del Ministerio de Trabajo, representada por el viceministro, a cumplir con la ley. El presidente Santos le puso la tarea al ministerio y esta delegación le quedó grande. El incumplimiento a los jueces se llama fraude a resolución judicial”, advirtió el abogado Luis Fontalvo, quien lleva los casos de muchos de los afectados.

El viceministro Baena le dijo a SEMANA que el Consejo de Estado, en el 2016, nunca le ordenó al Ministerio de Trabajo conformar esta comisión por lo que fue conformada irregularmente, generando espectativas a los adultos mayores que ahora se sienten defraudados. Por eso dijo que el Ministerio va poner en conocimiento de la Fiscalía estos temas.  

El Ministerio de Trabajo -en respuesta a un derecho de petición de la senadora Angélica Lozano- contestó cómo iba el proceso. Según este documento, el ministerio aseguró que “carece de facultad para reconocer, evaluar y pagar un daño”. Muchos de los afectados fueron despedidos sin recibir una liquidación o una pensión, a pesar de que les faltaba poco para obtenerla. “A mí en la Procuraduría me dijeron que no había forma de pagarnos lo que nos debían, porque se necesitaría hacer una reforma fiscal y sacar 40 billones pesos”, contó bajo reserva uno de los afectados.

Además, el ministerio asegura que se les asignó la responsabilidad de hacer una comisión de diálogo sin tener en cuenta las facultades propias de la cartera, y que ya cumplieron con lo que el Consejo de Estado les ordenó.

“De la respuesta del Ministerio se concluye lo siguiente: no existe un plan de trabajo que facilite el diálogo; los argumentos buscan desvirtuar el fundamento legal de la Comisión de Diálogo; no se observan medidas preventivas actuales o acciones afirmativas en torno a las personas despedidas en condición de vulnerabilidad; se le da mayor importancia a las pugnas o investigaciones sobre los sindicatos, que a la protección y dignificación de los derechos de los trabajadores y su honra y buen nombre”, concluyó el equipo de trabajo de la senadora Lozano.

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