nación

Cero y van dos: nuevamente aplazan imputación de cargos contra el exgobernador Juan Carlos Abadía por el Cartel de la Toga

Por un supuesto malentendido, el abogado del exgobernador del Valle del Cauca no se presentó a la audiencia programada para este miércoles.


Nuevamente se tuvo que aplazar la audiencia de imputación de cargos en contra del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, por su presunta responsabilidad en el denominado Cartel de la Toga. Pese a que desde la semana pasada se había fijado la nueva diligencia judicial, este miércoles ni el abogado Hernando Morales ni el exmandatario se hicieron presentes.

Según explicó el abogado suplente Juan Carlos Ramírez, todo se trataría de un malentendido pues que creyeron que la reanudación de la audiencia se iba a aplazar. “El señor Abadía no se conectó a esta audiencia, tal vez, no sé si de manera equivocada que como la audiencia no se iba a llevar a cabo por la falta de su defensor de confianza se dio por un hecho que se iba a reprogramar”.

El juez 17 de control de garantías de Bogotá hizo un llamado de atención al señalar que su “no comparecencia a esta audiencia puede dar lugar a la declaratoria de contumacia y a que sea imputado en audiencia”. Igualmente, le hizo un cuestionamiento al abogado Hernando Morales por si no tiene tiempo para representar al exgobernador del Valle del Cauca.

La diligencia judicial quedó fijada para el 16 de junio. En esa audiencia, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputará al exgobernador de Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, el delito de cohecho por dar u ofrecer, es decir, entrega de sobornos.

El material de prueba indica que el exgobernador, presuntamente, acudió a la red de corrupción conformada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte Gómez, un grupo de abogados ―entre los que se encontraba Luis Gustavo Moreno Rivera y Leonardo Pinilla― y otros exintegrantes de la Rama Judicial para que intercediera y fueran direccionadas a su favor investigaciones que se adelantaban en su contra en la Fiscalía General.

Por esta actuación se habría pactado el pago de mil millones de pesos. El ente investigador acreditó que hay elementos que acreditan que Abadía Campo, al parecer, entregó inicialmente $ 400′000.000, a través del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera.

Por estos hechos de corrupción ya fue condenado a 16 años de prisión el exmagistrado Ricaurte. Mientras que Moreno y Pinilla recibieron una sentencia menor tras aceptar su participación en este caso mediante la firma de un preacuerdo.

Este es un nuevo proceso penal contra Abadía, quien tiene un extenso expediente. En 2017, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó a Abadía los cargos de peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales. El proceso venía desde julio del 2015, la condena contra Éiber Gustavo Navarro Piedrahíta, su secretario de Educación, y tres particulares. El caso se remonta a la gobernación de Abadía (2008-2010), cuando firmaron un contrato por 1.072 millones de pesos para suplir de bibliotecas a diez municipios del departamento.

Pero la Fiscalía descubrió que el contratista era la Fundación Calimío, que no tenía experiencia para ejecutarlo. Prueba de ello es que el mismo convenio pasó por otras dos fundaciones. Al final del ejercicio, los investigadores descubrieron que quien dotó las bibliotecas solo invirtió 182 millones de pesos. Es decir, hubo un presunto detrimento por 890 millones de pesos.

En 2010, Abadía fue destituido e inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos por participación en política al haber estado en una reunión en el corregimiento de Rozo, Palmira (Valle del Cauca), junto a 21 mandatarios locales y el entonces precandidato conservador Andrés Felipe Arias.