Marelbys Meza y Fabiola Perea, dos exempleadas de Laura Sarabia, fueron convertidas en cabecillas del Clan del Golfo con el objetivo de interceptar sus comunicaciones. La Policía manipuló informes y la Fiscalía ordenó las interceptaciones. Las dos mujeres fueron señaladas de un hurto en la casa de la entonces jefa de gabinete del Gobierno del Cambio.
Actualmente, cursa una demanda contra el Estado por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar quienes resultaron comprometidos, incluso condenados, por las interceptaciones y seguimientos a las dos extrabajadoras de la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido. La polémica está en la respuesta que dio la Fiscalía a esa demanda.
“Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar que no hay elementos fácticos y jurídicos a partir de los cuales pueda atribuir un daño antijurídico causado a los demandantes por parte de mi representada ni la responsabilidad del Estado frente al caso presente”, dijo la representante legal de la Fiscalía en esta demanda.
En otras palabras, de acuerdo con la abogada que firma la contestación de la demanda, por parte de la Fiscalía no se acreditó un daño, a pesar de que fue la misma Fiscalía la que autorizó y confirmó las interceptaciones a Marelbys Meza y Fabiola Perea, cuando eran perseguidas por el Estado, siguiendo órdenes, según los condenados, de presidencia.
“Me opongo igualmente a las pretensiones de la demanda, pues el daño alegado por los demandantes no es antijurídico, ya que no se acreditó la imposición de una carga desproporcionada frente a la orden de interceptación de la línea telefónica, ya que este número estaba incluido en el informe de policía alterado y daba lugar a que se investigara por parte de la Fiscalía”, señala la respuesta del ente acusador.
Las mujeres fueron objeto de seguimientos, intimidación y hasta amenazas para conseguir, supuestamente, la devolución de los elementos hurtados en el apartamento de Laura Sarabia, que en ese momento, se advirtió, eran documentos de seguridad nacional y dinero en cantidades que nunca se determinaron.
“No acredita un daño antijurídico personal y cierto y menos aún que se configure la falla del servicio, ya que la Fiscalía obró conforme a los postulados constitucionales y legales dentro de la investigación penal y en aplicación al procedimiento interno acorde con el informe ejecutivo allegado por funcionarios de la Policía Judicial que indujo a las interceptaciones del celular”, advirtió el ente acusador.
En el caso de Marelbys, se confirmó que la exniñera de Laura Sarabia fue trasladada en carros de la seguridad presidencial hasta instalaciones frente a la Casa de Nariño y sometida a pruebas ilegales de polígrafo en sótanos a cargo de funcionarios de presidencia.