A Marelbys Meza y Fabiola Perea, entonces empleadas de Laura Sarabia, las convirtieron en cabecillas del Clan del Golfo en el departamento del Chocó. El objetivo era interceptar sus comunicaciones a través de unos informes de policía judicial que fueron manipulados por uniformados de la Sijín en Bogotá y la dirección de policía judicial, Dijin.
La Fiscalía logró demostrar la responsabilidad de cuatro uniformados de la Policía en los seguimientos y las interceptaciones a las comunicaciones de Marelbys Meza, que para entonces se desempeñaba como niñera en el apartamento de Laura Sarabia y Fabiola Perea, a cargo de los servicios generales.
Dos uniformados aceptaron su responsabilidad a través de preacuerdos y fueron condenados; otros dos se defendieron en la etapa de juicio y el resultado fue el mismo: condenados como autores de los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
Tras conocerse la condena, las víctimas en este caso demandaron al Estado por los daños y perjuicios. En respuesta a esa demanda, la Policía acudió a un instrumento jurídico que se conoce como “llamamiento en garantía”, que busca incluir en la reparación directa a los protagonistas del escándalo, esto es, a los policías condenados.
“Como consecuencia de esto se despliegan actividades por algunos funcionarios para hallar los presuntos responsables de estos hechos, uniformados que debieron obrar con la diligencia y cuidado, conforme a lo preceptuado en el marco constitucional, legal y reglamentario de la policía nacional, caso contrario realizaron presuntamente extralimitación en sus funciones como servidores públicos lo que conllevó al parecer a las interceptaciones del número de telefónico de la señora Fabiola Perea”, señala el documento de la Policía.
La Policía argumenta la necesidad de vincular a los uniformados en llamamiento en garantía, tras establecer la responsabilidad que tendrían en los hechos que generaron la demanda y que obligan al Estado a una reparación directa. Son ellos los que cometieron el delito y, por tanto, deben responder con su patrimonio.
“Atendiendo los presupuestos en mención, es procedente llamar en garantía al entonces En atención a lo establecido en la normatividad precitada en los Fundamentos de Derecho y demás normas concordantes, la solicitud de llamamiento en garantía a los señores arriba mencionados”, advierte la respuesta de la Policía a la demanda.
En el documento, la Policía advierte que los uniformados, ahora condenados, tenían un vínculo legal con la institución y por tanto es válido incluirlos en el llamamiento en garantía, tras advertir que tenían bajo su responsabilidad una actuación amparada por la ley y la Constitución; sin embargo, incurrieron en lo que calificaron como una “culpa grave”
