Con tutela, alias Pipe Tuluá pide tumbar su extradición a los Estados Unidos

Este viernes, 12 de diciembre, la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, radicó una acción de tutela con la que busca tumbar el trámite de extradición a los Estados Unidos, donde es requerido por las autoridades para que responda por delitos relacionados con el tráfico de drogas y concierto para delinquir.

En la acción judicial se manifiesta que con la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que fue avalada en las últimas horas por el presidente Gustavo Petro, se le vulneraron sus derechos fundamentales (debido proceso y defensa).

La Sala Civil de la Corte Suprema deberá entrar a estudiar la solicitud y tomar una decisión en los próximos días. En este caso, el magistrado ponente del fallo que le dio luz verde a la extradición pidió negar las pretensiones de la acción de tutela.

“(...) el concepto de extradición emitido por esta Corporación, como lo deja entrever las consideraciones que lo soportan, se ajusta a la normativa aplicable y a los criterios jurisprudenciales vigentes, lo que, descarta, la vulneración de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Marín Silva”, aseveró el magistrado Gerson Chaverra Castro.

El jefe de la banda criminal La Inmaculada, que tiene tentáculos delictivos en el Valle del Cauca, es requerido por una Corte del Distrito de Texas por el envío de varios cargamentos de cocaína.

En la decisión emitida el pasado 12 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia sentó un precedente, al señalar que no existía un impedimento para la extradición de Marín Silva, quien alegó que estaba en negociaciones con el Gobierno Nacional dentro del proyecto de la paz total.

“El hecho de que, supuestamente, Marín Silva este ‘siendo parte de una mesa de paz’, como lo plantea la defensa, no guarda relación con la garantía de no extradición prevista para los exintegrantes de las Farc-EP ni constituye una excepción adicional a la entrega”, señala la decisión.

“Se trata de decisiones con carácter administrativo, por cuya razón la Corte no queda vinculada a ellas al emitir el concepto, pues no confieren inmunidad judicial ni constituyen excepción adicional al régimen de entrega”, complementó en esa oportunidad el magistrado Chaverra Castro.

En la decisión, se fijaron una serie de condiciones. Entre estas, que se le respeten todos los derechos procesales al extraditado cuando sea presentado ante las autoridades que lo requieren.

“Debe condicionar la entrega de Andrés Felipe Marín Silva a que sean respetadas todas sus garantías, en razón de su condición de nacional colombiano. En particular, que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado”, advirtió el concepto.

“Si el Gobierno Nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta”, complementó.