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Contraloría encontró irregularidades por más de $351 mil millones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag

Hay incumplimiento en el pago oportuno de cesantías, fallos, laudos, conciliaciones y facturas de servicios médico asistenciales.

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12 de enero de 2024 a las 12:18 p. m.
La Contraloría le envió una carta al presidente Petro y al ministro de Hacienda realizando la respectiva solicitud.
La Contraloría le envió una carta al presidente Petro y al ministro de Hacienda realizando la respectiva solicitud. Foto: Colprensa

Tras practicar dos auditorías a la gestión fiscal desplegada para el pago de pensiones, cesantías y prestación de servicios médicos asistenciales, a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag y de sus beneficiarios, la Contraloría encontró varias irregularidades.

De acuerdo con el órgano de control, hay hallazgos fiscales por más de $351 mil millones, la mayoría de fallas están relacionadas con demoras en el pago de cesantías, fallos, laudos, conciliaciones y facturas de servicios médico asistenciales.

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La primera auditoría se llevó a cabo durante el primer semestre de 2023, y se revisó la gestión fiscal de la entidad en la vigencia 2022. Producto de esta auditoría se determinaron 15 hallazgos, de los cuales, doce 12 tienen presunta incidencia disciplinaria, otros dos hallazgos fueron remitidos a la Superintendencia Nacional de Salud, pues tienen que ver con la falta de constitución de reservas técnicas. La Contraloría también encontró que se configuraron 4 hallazgos con incidencia fiscal por $125.669 millones.

De los hallazgos con incidencia fiscal, uno corresponde a la demora en la cancelación de facturas de servicios médicos, generando el pago de intereses moratorios por $116.104 millones. Adicionalmente, por el pago extemporáneo de 5.772 solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas a docentes en la vigencia 2022, se ocasionó sanciones moratorias por $6.706 millones y por el pago inoportuno de fallos y conciliaciones se cancelaron intereses moratorios por $2.741 millones. Así mismo, se evidenciaron mayores valores pagados por concepto de pensiones, cesantías y sanciones mora por $118.338.005.

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La segunda auditoría se realizó durante el segundo semestre de 2023, y en esta se verificó la gestión fiscal desplegada por el Fomag entre 2019 y el primer semestre de 2023, en esta se revisó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y servicios de salud de los docentes del Magisterio.

En dicha actuación la Contraloría general estableció 8 hallazgos, todos con presunta incidencia disciplinaria, de los cuales, 6 tienen incidencia fiscal por $225.958 millones, y uno tiene otra incidencia para traslado a la Dian, en relación con falta de retención en la fuente por los pagos de laudos. Respecto a los hallazgos con incidencia fiscal, se evidenció demora en los pagos de facturas de servicios médico-asistenciales, los cuales ocasionaron pago de intereses moratorios en 5 laudos arbitrales por $205.577 millones.

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Así mismo se encontró pago de sanciones moratorias por el pago extemporáneo de cesantías por $11.089 millones y pago de intereses moratorios por $8.280 millones por el incumplimiento de los términos para el pago de fallos y conciliaciones de sanción mora por cesantías y de fallos de pensiones.

Finalmente, el órgano de control identificó 210 pagos de mesadas pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de 19 docentes y beneficiarios por $771.162 millones.

FECODE, MAESTROS, PLANTÓN
PROTESTAS FRENTE A LA FIDUPREVISORA Foto: Esteban Vega La Rotta

“Resultado de esta auditoría, se estableció Incumplimiento Material con Conclusión Adversa y calificación en rango de Ineficiente para la efectividad de los mecanismos de control interno”, indicó la Contraloría general.

En estos ejercicios de control fiscal, se determinó la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Fomag, así como de las entidades territoriales, por lo que la Contraloría señaló que, “con los resultados obtenidos, se hace un llamado para que se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones reiteradamente evidenciadas, que hagan eficiente y eficaz la administración de estos recursos públicos y se adopten mecanismos para evitar que se sigan presentando pagos por estos conceptos, los cuales lesionan el patrimonio público de todos los colombianos”.