La Contraloría General de la República informó en la mañana de este jueves, 8 de enero, que se evitó la materialización de daños patrimoniales al Estado colombiano tras las advertencias que se hicieron en el caso de helicópteros MI-17.
La entidad confirmó que el Tesoro Nacional recibió veinte millones de dólares (USD 20.000.000) provenientes de la aseguradora de estas aeronaves.
De acuerdo con el informe, el ente vigilante realizó un seguimiento técnico y permanente, que incluyó la visita al Fuerte Militar de Tolemaida, donde se encontraban los helicópteros MI-17, así como visitas a los hangares del contratista Vertol Systems Company Inc. en los Estados Unidos.
Además, también se hizo un análisis detallado de la información contractual, operativa, técnica y aseguradora. Estas diligencias permitieron verificar el alcance de las pólizas y exigir la indemnización correspondiente.
De hecho, la Contraloría precisó que todo se dio después de que la misma entidad alertara que estos recursos se encontraban en un alto riesgo, ya que el Ministerio de Defensa no había iniciado las actuaciones necesarias ante el incumplimiento del contratista y, al mismo tiempo, la correspondiente reclamación ante la aseguradora, situación que podía derivar en un detrimento al patrimonio público.
“El ingreso efectivo de estos recursos a las arcas de la Nación constituye un resultado concreto del control fiscal preventivo y concomitante, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado y a la defensa del patrimonio público”, señala el comunicado.
La entidad indicó que se verificará que el pago corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios correspondientes.
De la misma manera, el órgano de control apuntó que seguirá ejerciendo una vigilancia rigurosa sobre los contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, aseguramiento y operación de aeronaves de la Fuerza Pública, con el objetivo de prevenir riesgos fiscales y garantizar el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del Estado y con un control fiscal oportuno, técnico y eficaz al servicio de todos los colombianos”, concluyó.
