La Contraloría General de la República tomó el poder preferente y la intervención funcional excepcional sobre el proceso fiscal que involucra al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, por presuntas irregularidades en la construcción de ciclorrutas en el oriente del departamento.
El ente nacional argumentó riesgos de imparcialidad en la Contraloría Departamental para tramitar el expediente, identificado como Proceso de Responsabilidad Fiscal.
El monto del presunto detrimento patrimonial que figura en el expediente asciende a $ 26.186.600.440, recursos que, según la investigación, habrían sido girados a contratistas por obras que nunca entraron en operación. El caso tiene origen en contratos suscritos cuando Rendón fue alcalde de Rionegro (2016-2019).
#EnDesarrollo La Contraloría General asumió por medio del poder preferente en conocimiento y trámite del proceso fiscal contra el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, por presunto detrimento patrimonial de más de $26 mil millones de pesos en el caso de… pic.twitter.com/TfqguEl3Fg
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 6, 2026
¿Por qué la Contraloría Nacional intervino?
La resolución firmada por el contralor general, Carlos Hernán Becerra, señala riesgos concretos para la imparcialidad del trámite en Antioquia.
Entre los motivos está el vínculo profesional del nuevo contralor departamental, Juan Carlos Herrera Toro, con Rendón: Herrera Toro habría actuado como apoderado judicial del hoy gobernador en procesos disciplinarios, lo que, según la Contraloría General, podría comprometer la objetividad en la decisión final del proceso.
Además, el documento alerta sobre la posible conformación de un equipo auditor con nexos laborales previos a la administración investigada.
La decisión fue tomada mediante la figura legal de intervención funcional excepcional, prevista en el Decreto Ley 403 de 2020, que permite a la Contraloría General prevalecer en el control fiscal sobre entidades territoriales cuando existan razones de imparcialidad, concurrencia o riesgo institucional.
El expediente indaga por presuntas debilidades en la etapa precontractual y en la ejecución de contratos para la construcción de ciclorrutas en municipios del Oriente antioqueño.
La misma entidad ya había establecido que las obras no cumplieron el objeto para el cual fueron ejecutadas y que existieron problemas prediales que impidieron su puesta en operación.
Esa evaluación dio lugar a la imputación de presunta responsabilidad fiscal contra varias personas y entidades dentro del proceso.
Allí figuran, además del gobernador de Antioquia, otras personas y entidades señaladas como presuntos responsables fiscales, entre ellas el actual gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Rodrigo Hernández Alzate; exgerentes y funcionarios de Indeportes, una de las firmas contratistas vinculadas al proyecto y una aseguradora internacional.
Hasta el momento, el gobernador Rendón no ha dicho nada sobre la decisión de la Contraloría General de la República de asumir el proceso. No obstante, en otros expedientes de control fiscal que lo involucran, el mandatario ha rechazado las imputaciones y ha señalado que detrás de algunas denuncias existirían intereses políticos.
