En una carta enviada a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, las organizaciones sociales del Catatumbo, en Norte de Santander, claman por atención del Gobierno frente a la grave crisis humanitaria que se está viviendo en la zona y que ha generado un desplazamiento forzado.
Hoy en Ocaña, organizaciones sociales del Catatumbo le entregaron una carta a la Defensora del Pueblo @MarnIris en la que le piden al Estado Mayor Bloques y al ELN el respeto integral al DIH, un cese inmediato a las intimidaciones, hostigamientos, homicidios selectivos y… pic.twitter.com/bh7ML9VPLP
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 19, 2025
Tras un encuentro, la Defensora del Pueblo envió una alerta sobre lo que está sucediendo, advirtiendo que en la actualidad los grupos armados ilegales están impidiendo el ingreso de la institucionalidad para adelantar labores humanitarias.
Entre estas, el rescate de los cuerpos que ha dejado el enfrentamiento entre estos dos grupos armados ilegales. El organismo humanitario confirmó que cinco mil personas se han visto obligadas a desplazarse de manera forzada por esta situación.
A esto se le suma que los grupos armados han impedido que se rescaten los cuerpos de las víctimas que han fallecido en estos intentos combates.
“La institucionalidad no está pudiendo entrar a rescatar cadáveres y a garantizar la vida de la gente”, precisó la Defensora del Pueblo. “Hay que combinar medidas para garantizar la presencia del Estado”, insistió.
Marín reconoció que durante décadas esta zona quedó abandonada y el Estado no hizo la presencia adecuada, por lo que hoy se está viviendo una consecuencia directa de ese abandono.
“Son muchas áreas, no solo de control de seguridad y territorialidad, sino de respuesta estructural, que han sido aplazadas por años (…) La [falta de] presencia integral y social del Estado durante años en esta región ha llevado a todo esto”, enfatizó la Defensora.
El balance hecho tras la reunión que se llevó en Ocaña no es positivo. La mayoría de las autoridades no ha podido ingresar a las zonas donde se presenta el conflicto.
“El control territorial y militar es muy fuerte, pero no hay garantías. Solo algunas autoridades pueden ingresar y es muy difícil rescatar a las personas que están necesitando ayudas. Hay personas que fueron asesinadas y cuyos cuerpos no han podido ser rescatados”, agregó. “No hay acceso humanitario”, denunció.
Igualmente, muchas personas han sido víctimas de persecución por grupos armados ilegales y no han podido ser rescatadas. Igualmente, tampoco han podido entregarse las ayudas humanitarias que se han dispuesto para atender a la población afectada.
La Defensoría reiteró su mensaje a los grupos armados ilegales para que suspendan estas hostilidades y ataques contra la población civil. “Hay persona que están en condiciones extremas de sufrimiento inaceptables. Están vulnerando todas las normas humanitarias de protección, le pedimos que respeten esas normas y permitan el ingreso humanitario”.
Para la Defensora del Pueblo, lo que está pasando es un “irrespeto a la vida” puesto que en medio del conflicto están personas vulnerables e indefensas “que están siendo perseguidas y asesinadas”.
“Hay confinamientos, desplazamientos forzados masivos y daños humanitarios a personas de especial protección, como mujeres embarazadas, niños, niñas, personas con discapacidad y de la tercera edad”, manifestó la Defensora.
Las cifras parciales indican que 80 personas han sido asesinadas en medio de este conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc.