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| 3/28/2020 2:30:00 AM

Las papas calientes del decreto que busca sacar gente de las cárceles

El Gobierno tiene un proyecto de decreto para mandar a detención domiciliaria a unos 10.000 presos. El articulado está siendo blindado para evitar la salida de reos de alto perfil. ¿Corruptos de cuello blanco y narcos serán favorecidos?

El dilema de excarcelar en medio de la emergencia por el coronavirus Abogados creen que, aunque el Gobierno termine excluyendo a los corruptos de la detención domiciliaria, sentenciados a penas de cinco años, como Otto Bula, Gabriel García Morales o Roberto Prieto, podrían apelar al principio de favorabilidad e igualdad.
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El Gobierno Duque recibió críticas en el pasado por promover la cadena perpetua para violadores de niños. Esa iniciativa a ojos de expertos no era más que populismo punitivo. Pero esta, una de sus mayores derrotas en el Congreso, paradójicamente, le representa ahora un dolor de cabeza menos. En medio de la emergencia por el coronavirus, el Ejecutivo lleva una semana haciendo cuentas para ver cómo consigue sacar gente de las cárceles.

La epidemia de la covid-19 lo cogió con 124.000 internos en los centros penitenciarios, cuando la capacidad real es de 80.000. Aun sin este hacinamiento –que supera el 50 por ciento–, las condiciones precarias de las cárceles colombianas podrían ser un verdadero foco de propagación.

En este momento, el reporte oficial es de cero contagios. No obstante, el país madrugó a promover la salida masiva de presos por medio de reglas transitorias que permitan otorgar beneficios de detención domiciliaria. Resultarán favorecidos la población en mayor riesgo frente al virus o cercana a cumplir su libertad. Al igual que ha ocurrido con los presos de Italia, Brasil e Irán, muchos tendrán permiso para ir a sus casas como una medida de contención frente a la epidemia. El decreto iría pegado a la emergencia económica y social de Duque, y, con él, según las cuentas del Ministerio de Justicia, se propiciaría la salida de 10.000 personas privadas de la libertad.

La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, lleva una semana trabajando en el decreto de excarcelaciones.

De entrada, abogados penalistas han calificado la medida como acetaminofén para un cáncer, puesto que esta proyección representa solo el 8 por ciento de los encarcelados en Colombia. Aun así, solo revisar estas peticiones representa marchas forzadas para 153 jueces de ejecución de penas en el país, que tendrían tres días para tomar decisiones. Los jueces de conocimiento apoyarán estudiando solicitudes de sindicados. Las audiencias deberían ser expeditas y, de ser posible, colectivas. La idea es que los reos salgan antes de que el virus se cuele en las celdas.

La directriz lleva una semana en consultas y establece excarcelaciones para mayores de 60 años, madres gestantes y lactantes con niños menores de 3 años, quienes padezcan enfermedades catastróficas y procesados con penas menores a cinco años. También favorecería a los sentenciados por delitos culposos (por ejemplo, los accidentes de tránsito) y quienes hayan purgado las tres quintas partes de su pena.

La medida suena amplia, pero está limitada por un largo listado de excepciones sobre las que aún no hay consenso. El borrador del decreto señala que no podrán acceder al beneficio los que hayan cometido crímenes violentos o de lesa humanidad. Tampoco quienes estén pagando una pena por corrupción, quienes hayan cometido delitos contra menores, quienes hayan sido o estén siendo juzgados en Justicia y Paz o quienes estén respondiendo ante la JEP.

Ahora bien, el Gobierno ha tratado de cerrarles el cerco, a toda costa, a los delincuentes y criminales de alto perfil; pero los abogados plantearán una discusión distinta ante los jueces. Hay quienes consideran que, aun con estas exclusiones, la situación crítica por la emergencia de la covid-19 justifica solicitar el beneficio por al derecho a la igualdad y al principio de favorabilidad.

De este modo, personajes como Otto Bula, el exviceministro Gabriel García Morales y Roberto Prieto, todos condenados a cinco años de prisión, o Bernardo ‘Ñoño’ Elías, condenado a 6 años y 8 meses, podrían intentar pelear su excarcelación, incluso, por la vía de la tutela. “Quienes están procesados o condenados por delitos contra la administración pública no tienen acceso al presupuesto ni a cargos públicos, ¿cuál es el objeto de dejarlos en la cárcel”, cuestiona el abogado Iván Cancino, quien subraya que “la pena y medidas de seguridad no están para hacer venganza”.

Otro de los nudos de la decisión tiene que ver con el tráfico de estupefacientes. Entre las mujeres gestantes o madres de menores de 3 años, población que el Gobierno quiere proteger, hay muchas en prisión por traficar drogas como mulas. Si se excluyen delitos de narcotráfico, el Ejecutivo les cerraría la puerta. Pero si la abre, entrarían allí miles de presos implicados en narcotráfico. Al cierre de esta edición, el decreto no había sido expedido. La gran pregunta es qué tan amplia será la gabela y cómo se resolverán los dilemas planteados. Todo eso se sabrá una vez el presidente Duque y sus ministros firmen la esperada norma.

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