El round que se esperaba este martes en la Comisión de Acusación de la Cámara por el caso contra el presidente Iván Duque por la llamada ‘ñeñepolítica’ tendrá por ahora que esperar, pues la corporación no logró el quorum suficiente para entrar en el debate de fondo.
La comisión estaba citada para votar un auto, elaborado por el representante del Centro Democrático Óscar Villamizar, en el que se pide archivar la investigación contra el jefe de Estado, al considerar que “no hubo aportes fruto del narcotráfico” en la campaña de Duque en 2018.
El pulso, que generó todo un alboroto político en los últimos días entre partidos de gobierno y oposición, no se pudo dirimir, debido a que las cerca de dos horas que duró la sesión se fueron en la discusión sobre si el debate debía transmitirse, como lo pedía el congresista de la Alianza Verde Mauricio Toro, o si se debía mantener en reserva, como lo solicitaba Villamizar.
“Varios congresistas insisten en archivar el proceso de la ‘ñeñepolítica’ de forma reservada, en privado, de espaldas a la ciudadanía. Finalmente, la sesión se levantó por pérdida de quorum”, explicó el representante Toro.
Hay que recordar que por tratarse de asuntos que tienen reserva sumarial, las sesiones de la Comisión de Acusación son generalmente reservadas.
En todo caso, más allá de este asunto, el caso se encuentra bastante enredado, pues la próxima semana será la última de este periodo ordinario de Congreso, antes del receso legislativo, que arranca el 16 de diciembre, por lo que las plenarias tanto del Senado como de la Cámara seguramente sesionarán todo el día, como ocurre normalmente todos los años.
Esto implica que el proceso se reanudaría hasta marzo del próximo año, cuando vuelve el Congreso de receso, pero para esa época los congresistas estarán concentrados en la campaña presidencial.
El auto
El auto elaborado por Villamizar indica que “ha quedado plenamente establecido que no existió ninguna financiación de la campaña presidencial con fuentes prohibidas, pues no hubo aportes fruto del narcotráfico, tampoco relacionados con procesos de extinción de dominio, mucho menos derivados de financiación extranjera o aportados por personas jurídicas”.
Villamizar usó como parte de su argumentación la decisión que tomó hace dos semanas el Consejo Nacional Electoral (CNE) de archivar la investigación que se llevaba contra Duque por este mismo caso.
El documento del CNE indica que se debían archivar las diligencias de indagación preliminar que se iniciaron en contra del “señor excandidato, Iván Duque Márquez, su exgerente de campaña Luis Guillermo Echeverry y el partido Centro Democrático con ocasión a las denuncias de presunta vulneración sobre financiación de campañas electorales”.
El hecho de que un proceso se enrede en esta corporación no resulta extraño, históricamente suele ocurrir lo mismo con varios casos.
Hay varias razones por las cuales los resultados de la Comisión de Acusación históricamente han brillado por su ausencia.
La primera de ellas, como lo dijo en su momento el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, es que “los juicios contra aforados históricamente no han funcionado, tal vez por la contradicción que entraña atribuir funciones “judiciales” a un cuerpo esencialmente político”.
En concordancia con esto, se ha visto que en muchas ocasiones los representantes investigadores tienen alguna cercanía con el investigado. Por ejemplo, en el caso de la investigación contra Duque, el investigador es Óscar Villamizar, quien pertenece al mismo partido que el jefe de Estado.
Lo mismo ocurrió en la investigación contra Juan Manuel Santos. El congresista John Jairo Cárdenas, quien archivó el proceso contra el exmandatario, ha sido férreo defensor del acuerdo de paz en el Congreso.
Otro elemento a tener en cuenta es la gran cantidad de procesos que debe llevar cada representante. Sin contar con un equipo adicional al que conforma su Unidad de Trabajo Legislativo, según fuentes de la Comisión de Acusación, cada representante tiene a su cargo al menos 40 procesos.
Adicionalmente, tal como ocurrió el año pasado cuando la corporación tenía un déficit de 1.900 millones de pesos, no siempre los recursos son suficientes, lo que dificulta contar con el personal de apoyo y hace prácticamente imposible la práctica de pruebas.