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| 6/12/2019 4:41:00 PM

El lío jurídico detrás de la intervención en humedales

El Distrito continúa desarrollando su plan de ciclorutas y luminarias en estas reservas. Sin embargo, parte de la ciudadanía se opone e insiste en que son ilegales y afectarían el medio ambiente.

¿En qué va lío jurídico detrás de la intervención en humedales? Bogotá tiene 14 humedales: Torca, La conejera, Juan Amarillo, Córdoba, Jaboque, Salitre, Capellanía, El Burro, Techo, La vaca, Tibanica, Santa María el Lago y Meandro del Say. Foto: Archivo: Semana

La puja por lo que se construye o no en los humedales continúa. La Alcaldía de Bogotá y la ciudadanía están de acuerdo en que hay que proteger y cuidar estas reservas, que es necesario hacer una intervención para que no se conviertan en botaderos de basura o en lugares de reuniones de las pandillas. Pero no hay consenso sobre el cómo hacerlo.

Lo que ha planeado la administración distrital es la construcción de ciclorutas, senderos peatonales, postes de luz y miradores. Con esto, según ha dicho en varias oportunidades el alcalde Enrique Peñalosa se lograría que la comunidad disfrute de los humedales y a la vez se conviertan en lugares más seguros. Para esto crearon el decreto 565 de 2017, por medio del cual se modificaba la política de humedales, cuyo cambio principal es que hace un poco más flexible la intervención de estas reservas. Antes, por ejemplo, no se podían construir ciclorutas, y gracias al nuevo decreto, sí. Y estas obras son las que está desarrollando el distrito en humedales como el Juan Amarillo.

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Un importante grupo de ciudadanos ha manifestado su inconformidad con estas obras pues aseguran que afectarían la flora y la fauna de las reservas. María Fernanda Rojas, concejal de Bogotá por la Alianza Verde y quien ha estado liderando la causa, le dijo a SEMANA que los humedales tienen una protección especial por tratarse de los albergues de agua. El ecosistema se puede afectar porque se cambiarían las dinámicas de la fauna. Por ejemplo, la luminaria haría que los animales nocturnos ya no gocen de oscuridad y la construcción de ciclorutas haría que más gente llegue a estos lugares y por lo tanto haya más ruido y riesgo de contaminación. “Se pueden hacer senderos peatonales con materiales muy blandos. Pero están haciendo intervenciones duras.  En Juan Amarillo van a conectar dos localidades atravesando el humedal”, dijo.

Por eso se presentó una acción de nulidad del decreto 565 y el 18 de diciembre de 2018 el juez cuarto administrativo ordenó la suspensión provisional del decreto. La Alcaldía de Bogotá apeló, pero continuó con las obras pues asegura que están amparadas por el Decreto 190 de 2004, POT vigente de Bogotá. Pero esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la apelación de la Alcaldía. El argumento principal es que el cambio de la política de humedales se hizo sin hacer la participación ciudadana y la concertación que requieren en estos temas. La administración distrital había publicado el decreto en la página web, pero no hizo mayor difusión del contenido del decreto.

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Se reabrió el debate de la interpretación de lo que dice el juez. Para la concejal Rojas es evidente que con esta decisión “se confirma que el Distrito no puede realizar obras duras en estos vitales ecosistemas bogotanos”. Además insiste en que la norma vigente sobre la política de humedales es la del decreto 264 de 2007, expedido en el gobierno de Luis Eduardo Garzón, en el que quedaba prohibida la construcción de ciclorrutas, alamedas, plazoletas y adoquinados.

Para la Alcaldía esta decisión no tiene ningún efecto. La Secretaría de Ambiente publicó un comunicado en el que aclara que “la suspensión provisional del decreto 565 de 2017 no implica la suspensión de las obras que se vienen realizando en estos espacios de la ciudad (…) las obras que se están ejecutando gozan de total legalidad ya que están amparadas dentro de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y los Planes de Manejo Ambiental, las cuales son normas de superior jerarquía (incluida la prohibición de 2007) y que están soportados en estudios técnicos”. Por eso ha seguido adelante con lo planeado.

Lo que podría poner fin a esta discusión es el fallo sobre la denuncia que la concejal Rojas puso contra la administración por presunto desacato. La Procuraduría también tiene pendiente un pronunciamiento para determinar si la conducta de los funcionarios de la Alcaldía merece alguna sanción por darle continuidad a las obras en los humedales. Con estas decisiones tendría que quedar claro quién tiene la razón. 

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