SEMANA: ¿Por qué murió el menor?
Manuel Villanueva: Es un tema de negligencia de la Nueva EPS, consecuencia de no haberle suministrado el medicamento para tratar la hemofilia.
SEMANA: Sufrió un accidente y luego falleció. ¿En la atención hospitalaria también hubo negligencia?
M.V.: El niño se accidentó el 9 de febrero a las seis de la tarde en Palestina, Huila. En Pitalito le hicieron una atención más compleja, pero no con la capacidad que se debía tener para atender al menor. La EPS no autorizó el traslado a Neiva. Después de 24 horas, lo dieron para Bogotá. Lo embarcaron en el avión y, en el trayecto, el niño sufrió dos paros cardiorrespiratorios. Fue trasladado a La Samaritana, volvió a tener otro episodio y el diagnóstico fue que llegó con muerte cerebral. Pasaron tres días y lo desconectaron porque no había nada que hacer.
SEMANA: ¿Quiénes son los responsables de esto?
M.V.: La EPS, que sabía cuál era la condición médica del niño. Le suministraba un medicamento desde que nació, una obligación. El niño se accidentó, y en las condiciones en que llegó el niño accidentado, si tuviera el medicamento, iba a tener un manejo distinto. Como no tenía el medicamento, el tema de la coagulación, terrible.
SEMANA: ¿Cómo tiene que responder la EPS?
M.V.: Tiene que haber un responsable penalmente. Eso lo tendría que investigar la Fiscalía: quién es el que tenía que dar la orden del suministro del medicamento y por qué no la dio.
SEMANA: ¿Cuáles serán las acciones que se tomarán?
M.V.: Vamos a denunciar al gerente de la EPS. Vamos a denunciar penalmente a quien haya intervenido en esa cadena de falta de responsabilidad, porque se produce la muerte de una persona por una omisión por parte de ellos. La Fiscalía tiene que entrar a investigar en esa cadena de responsables quién omitió.
SEMANA: ¿Cuáles serán los delitos investigados?
M.V.: La Fiscalía hace la calificación. Puede ser un homicidio culposo, puede ser un homicidio agravado. Como consecuencia de la omisión, el niño hoy está muerto.
SEMANA: Después de la muerte del menor hubo una gran polémica por la posición que asumió el Gobierno Petro. ¿En ellos también hay responsabilidades que sean de interés para la Justicia?
M.V.: El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como cabeza del sector, debe responder. A él le entregamos los colombianos el manejo de nuestra salud. Tiene que haber una responsabilidad penal. Yo voy a interponer las denuncias ante los tribunales que me toquen.
SEMANA: El presidente Gustavo Petro también tuvo protagonismo en esta situación. ¿Cómo actuará frente a él?
M.V.: Las historias clínicas son reservadas. Usted, como funcionario público, no puede salir a hacer una lectura pública de una historia clínica. Eso es un delito. Está establecido en la ley. Miraremos, de acuerdo con el pronunciamiento del presidente, dónde se adecúa la conducta típica. Iremos ante la Comisión de Acusación a denunciarlo penalmente.
SEMANA: ¿Cómo se siente la familia del menor?
M.V.: Hoy la familia de Kevin necesita toda la solidaridad de los colombianos. Llegaron a Bogotá porque allá (en Huila) no tienen garantías. Además, se sienten acosados por el Gobierno, se sienten, de alguna manera, presionados por el Gobierno. Han recibido llamadas de funcionarios de distintos ministerios, que los van a ayudar, que los recogen.
SEMANA: ¿Sienten temor?
M.V.: Sí. Ellos tienen temor del Gobierno por los pronunciamientos que ha salido a hacer el mismo presidente de la república (Gustavo Petro).
SEMANA: ¿Habrá justicia?
M.V.: Yo espero que sí. Yo aspiro a que se convoque la solidaridad alrededor del caso. Me parece que es necesario que la justicia le demuestre algo a un Estado, a un Gobierno como este, que nadie está por encima de la ley.