“El proyecto no le quita ni le resta ninguna potestad a la Fiscalía”: procurador

SEMANA: ¿Procurador, realmente el país necesita una nueva ley para promover la probidad, la actuación ética y atacar la corrupción?

Fernando Carrillo: Sí, porque además de los siete mandatos de la consulta anticorrupción hay que fortalecer las instituciones. Como nosotros decíamos desde la Constituyente: uno no saca nada con el hueso pelado si no tiene el músculo de las instituciones. Realmente sigo creyendo que los tres organismos de control, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, en determinadas materias son tigres de papel. Para ganar esta batalla contra la corrupción hay que fortalecerlas sin debilitar ninguna. Esto no es, como dicen los economistas, un juego de suma cero que si se fortalece la Procuraduría se debilita la Fiscalía o que robustece la Contraloría se debilita la Procuraduría. Nada de eso. El nuevo contralor anunció que repotenciará esa entidad. Nosotros a través de este proyecto estamos también fortaleciendo y modernizando la función preventiva de la Procuraduría porque nuestro reto es llegar siempre al diagnóstico de la enfermedad del paciente y no a su autopsia, como suele pasar. Para eso hay que fortalecer la función preventiva.

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SEMANA: ¿Y cómo va a lograr eso?

F.C.: A través de herramientas de tecnología de la información. En ese aspecto estamos en rines en la Procuraduría. Hay que implementar una red de prevención en donde vamos a vincular a todos los jefes de control interno de todas las entidades públicas. El control interno debe ser el mejor amigo, el gran socio de la función preventiva de la Procuraduría y eso hoy no se cumple. Por otra parte, instauraremos la responsabilidad penal de las personas jurídicas para que se comprometa el sector privado en la lucha contra la corrupción. En la cena del gran pacto nacional en la Casa de Nariño yo dije que no nos podíamos quedar en las siete preguntas de la consulta. Ese debe ser solo el punto de partida pero hay que ir mucho más allá. ¿Dónde está el ataque a la corrupción privada desde esas siete preguntas? ¿Qué se va a hacer sobre financiamiento de campañas? ¿Dónde está la corrupción en materia de descentralización? ¿Dónde están las CAR? Hay una cantidad de focos de corrupción que el país conoce y que escapan a las siete preguntas. Sobre todo eso hay que actuar.

SEMANA: Ahora a mucha gente le interesa montarse en el bus de la anticorrupción. ¿Su proyecto existiría si la consulta no hubiera tenido el resultado que obtuvo en las urnas?

F.C.: Nosotros de tiempo atrás veníamos insistiendo en la necesidad de fortalecer el poder de la Procuraduría sobre todo en materia preventiva. Cuando el presidente Duque gana las elecciones tuvimos una primera conversación y empezamos a trabajar el proyecto que teníamos adelantado con la jurídica de Palacio de Nariño. El proyecto es el resultado de muchas sesiones y el presidente decidió que era el momento de radicarlo. Pensamos que debíamos presentarlo una vez se tuviera ese gran mandato ciudadano. Lo que hubo el domingo de la consulta fue un espaldarazo. La iniciativa venía de tiempo atrás por eso el Presidente la anunció en su alocución presidencial, y el lunes sólo me dijo camine lo presentamos.

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SEMANA: El proyecto tiene varios puntos que han levantado controversia. Por ejemplo, se propone el levantamiento del velo corporativo, un instrumento que protege a los socios y accionistas de las compañías. ¿Una medida como esa no debía discutirse con la Supersociedades?

F.C.: Nosotros no tenemos que concertar nada con la Superintendencia de Sociedades. Somos una entidad de control independiente y la Supersociedades es del gobierno. Creemos que las sanciones societarias son muy débiles frente a la magnitud de los delitos que se han cometido utilizando los entramados corporativos sobre todo a nivel internacional. La ley contra el soborno trasnacional no sirve para combatir a los corruptos de otros países. Si nosotros hubiéramos tenido una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas hubiéramos podido actuar con mucha mayor contundencia contra Odebrecht y contra cualquier multinacional del soborno. La ley actual sirve para combatir a los corruptos locales, a los Gabriel García Morales y toda esa gente, pero no a los ejecutivos de Odebrecht. La Procuraduría los metió en una acción disciplinaria en una jugada que es totalmente de vanguardia y audaz porque ellos manejaron recursos públicos y por esa vía los procesamos disciplinariamente. Pero en materia penal si logramos correr el velo corporativo uno podría entrar a juzgar penalmente a quienes están detrás de las grandes corporaciones e imponer sanciones mucho más drásticas. Ese mecanismo que queremos implementar está consagrado en más de la mitad de las legislaciones del mundo. Es totalmente normal en Europa y es muy efectivo para combatir la corrupción privada.

SEMANA: También se cuestiona que la Procuraduría quiera habilitarse para llevar adelante procedimientos de extinción de dominio. ¿Con eso no está pisando los terrenos de la Fiscalía?

F.C.: Ese no es el propósito, lo que queremos es simplemente fortalecer el mecanismo de la extinción haciéndolo rápido para poderle quitar los bienes a los corruptos. Lo que reclama la ciudadanía, más que la sanción penal o la disciplinaria, lo que quiere la gente es que quien estafa al Estado no pueda disfrutar los bienes que obtuvo con maniobras corruptas. La extinción de dominio no es una acción penal, es una acción patrimonial con lo cual el tal argumento de que le estamos quitando la acción a la Fiscalía es totalmente falso. La Fiscalía seguirá con todas sus competencias. Lo que hará la Procuraduría es entrar a impulsar ese tipo de acción. Nosotros no vamos a “expropiar”. Eso no es así, siempre la extinción de dominio la decide un juez de la república, así está consagrado en el artículo 34 de la Constitución. La extinción tiene que ser declarada por sentencia judicial, es decir por orden de un juez, luego no habrá ninguna arbitrariedad. Soy el primer garantista del país, luego no me voy a volar los controles que existen. Se trata de que la Procuraduría participe impulsando el proceso pero la voz cantante es la Fiscalía, y hacerlo expreso, expedito, como quería el presidente Duque para que no se convierta en un proceso judicial interminable. Eso es.

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SEMANA: El proyecto también plantea que la Procuraduría, en casos de corrupción, pueda realizar allanamientos, interceptaciones y hacer seguimientos, entre otras misiones. ¿Para todo eso no requiere primero contar con una policía judicial?

F.C.: Sí, y eso está consagrado en el artículo 277 de la Constitución. La Procuraduría tiene atribuciones de policía judicial, está consagrado en la Constitución de Colombia, claro, sometidas a juez de garantías. No es que vamos a abusar de eso, no se trata de que acá vamos a hacer interceptaciones sin más, no. Lo que buscamos es que por ejemplo en una investigación de extinción de dominio podamos acudir a ese tipo de herramientas.

SEMANA: ¿Y eso no es duplicidad de funciones frente a la Fiscalía?

F.C.: No lo es porque la Fiscalía tiene un rol, el rol central frente a la extinción de dominio, pero nosotros, tal como intervenimos en los procesos penales, podemos ayudar a agilizar esos procesos. Es un factor de aceleración que va en la dirección que el presidente Duque quería: crear un mecanismo de extinción exprés que sea realmente eficaz frente al propósito. La idea es sumar, fortalecer la extinción.

SEMANA: La idea de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha planteado en otros momentos y no ha prosperado ¿por qué cree que esta vez sí se logrará?

F.C.: Porque hoy es una herramienta muy eficaz en la lucha contra la corrupción. La última discusión real que se dio sobre ese tema fue a comienzos de este siglo, en el año 2000, cuando se discutió el código. En ese momento no estaba claro cómo era el actuar y la estrategia del sector privado en relación al fenómeno de la corrupción. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es hoy una de las herramientas fundamentales, es la bala de plata cuando la lucha contra la corrupción quiere llevarse al sector privado.

SEMANA: El fiscal, dentro de las varias observaciones que ha hecho al proyecto de ley, dice que este sería inconstitucional. ¿Lo que usted está proponiendo riñe con la Constitución?

F.C.: No se requiere ningún ajuste de nivel constitucional. Hay que tener en cuenta dos artículos de la Constitución que respaldan este proyecto: el  artículo 277 que señala que para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tiene atribuciones de policía judicial, y el 34 que consagra que “por sentencia judicial” se puede declarar la extinción del dominio sobre bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito. Vamos a respetar esa garantía. No hay que modificar la Constitución.  

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SEMANA: El propio gobierno ha dicho que una cosa es el gobierno y otra el Centro Democrático. Pero para sacar avante este proyecto en el Congreso se requiere del concurso de esa bancada, ¿Cree que contará con ese respaldo?

F.C.: Yo después de lo que vi la noche que en Palacio nos reunimos los organismos de control y todas las bancadas pienso que este proyecto, como el de la Fiscalía y todas las iniciativas contra la corrupción, van a salir avantes. Será todo un paquete producto del consenso que se dio en el marco del gran pacto contra la corrupción que lideró el presidente de la república. Lo que yo veo es una convergencia absoluta sobre la necesidad de avanzar en todos esos proyectos. Se acordó que las iniciativas que faltan deben ser presentadas antes del 17 de septiembre y seguir tramitando los proyectos que ya están radicados. La idea es que antes de que termine la actual legislatura, en diciembre, todo el paquete esté tramitado y aprobado.

SEMANA: Otra crítica es que su proyecto no se discutió con el Consejo de Política Criminal ¿ese no era el derecho, haberlo llevado antes allá?

F.C.: Eso simplemente pasa con buena parte de los proyectos que se presentan, que se llevan al Consejo de Política Criminal. Sabemos que tenemos que llevarlo allá y lo llevaremos, de hecho la Comisión Primera del Senado de oficio lo traslada al Consejo de Política Criminal. No lo hicimos antes porque estaba terminando un gobierno, pero como en muchos de los casos de reformas penales y de carácter disciplinario, por supuesto que se pondrá en conocimiento de esa instancia.

SEMANA: ¿Ha tenido oportunidad de hablar con el fiscal para aclarar los puntos?

F.C.: Claro que sí, hablamos largo. Le precisé, por ejemplo, en relación a lo de extinción de dominio, que ello se trata de una acción de naturaleza patrimonial, no penal con lo cual no estamos tratando de invadir competencias de la Fiscalía. Hay que subrayar algo: este proyecto no le quita ni le resta ninguna potestad a la Fiscalía. Ninguna. Ni crea cosas paralelas. Esto no es muy distinto a nuestra intervención que tenemos dentro de los procesos penales, es que nosotros representamos los intereses de la sociedad en cada caso. Y la Fiscalía cumple otro rol, tiene la titularidad de la acción penal y lleva la voz cantante. Por eso muchas veces estamos de acuerdo con la Fiscalía y otras veces no. Nos parece que una herramienta tan importante como lo es la extinción de dominio puede mejorar en eficacia con la participación de la Procuraduría, como lo dice la Constitución, en representación de los intereses de la sociedad. Todo lo vamos a discutir, no hay ningún problema. Y en lo que sí estamos de acuerdo con el fiscal es que no vamos a permitir que se creen fracturas en la lucha de los órganos de control contra la corrupción, en ese juego no vamos a caer.