Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta, fue formalmente acusado. La Fiscalía presentó la acusación en su contra por presuntos hechos de corrupción, que incluyen delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con la Fiscalía, el entonces alcalde de Santa Marta, para el periodo 2012-2015, habría incurrido en presuntas irregularidades en la celebración de varios contratos para la construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y en el barrio Ciudad Equidad.
La Fiscalía insiste en la acusación contra Carlos Caicedo, al señalar que las decisiones adoptadas se tomaron en contravía de la normatividad vigente y habrían generado un posible detrimento a las finanzas de la ciudad de Santa Marta. Tras la imputación de cargos, el ente acusador lo acusa formalmente con el propósito de llevarlo a juicio y obtener una condena en su contra.
“En ejercicio de sus funciones, tramitó y celebró el contrato 191 de 2015, por un valor de 6.954 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses. Los elementos materiales probatorios indican que, en la fase precontractual, presuntamente solicitó que fuera contratado, mediante prestación de servicios, un arquitecto específico para elaborar los diseños del proyecto”, señaló la Fiscalía.
En la acusación se advierte que, pese a los plazos extendidos a favor de los contratistas, el resultado fue precario e incompleto, pues el producto o la obra quedó a mitad de camino, aun cuando fueron inauguradas para dejarlas al servicio social. La Fiscalía encontró múltiples inconsistencias que se evidenciaron incluso en una simple visita de verificación.
“Sin embargo, los productos presentados por el profesional fueron incompletos, no contemplaron paneles ni placas prefabricadas de alta densidad para aislar el calor y el ruido, entre otros aspectos. No obstante, el entonces alcalde recibió a satisfacción y dispuso el pago total de la obligación”, explicó el ente acusador tras la acusación contra Caicedo.
De acuerdo con la Fiscalía, en el proceso de contratación tampoco se coordinó ni se concertó con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) el cumplimiento de las normas técnicas y los requerimientos de seguridad y esparcimiento exigidos para la implementación de espacios destinados a la primera infancia.
“En lo que respecta a la etapa de ejecución, se presentaron múltiples imprevistos, pues no se tuvieron en cuenta las redes y acometidas para gas natural, ni se gestionó la autorización para construir en un predio privado, que además no contaba con estudios de suelos y de sismorresistencia”, advirtió la Fiscalía.
Caicedo se declaró inocente a lo largo de todo el proceso y ahora, con la acusación formal, deberá enfrentarse a la Fiscalía en la etapa de juicio, con el riesgo de resultar condenado por los delitos que le fueron imputados al inicio de la investigación.