Fiscalía reversó su decisión y no pedirá la detención domiciliaria contra Juliana Guerrero

De manera sorpresiva, la Fiscalía General confirmó este martes, 10 de marzo, que no iba a solicitar la detención domiciliaria contra Juliana Guerrero en el proceso penal que cursa en su contra por el título falso emitido por la Fundación Universitaria San José.

Así lo confirmó la fiscal delegada de la unidad de fe pública y orden económico ante el despacho de la jueza de control de garantías de Bogotá.

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La delegada del ente investigador señaló que en la diligencia solamente le van a imputar cargos a Guerrero, puesto que se había retirado la solicitud de medida de aseguramiento restrictiva de la libertad.

Este martes, por segunda vez, se aplazó la audiencia en la que se le iban a imputar los cargos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público a la joven oriunda de Valledupar (Cesar).

Esto se debe a que, según reseñó en una carta, no contaba con un abogado de confianza que la representara en este “mediático caso”, por lo cual solicitó una nueva fecha para la realización de la diligencia judicial.

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La carta de Guerrero

La jueza de control de garantías, tras instalar la audiencia, puso de presente ante los sujetos procesales la carta enviada este martes por la joven, quien no se conectó a la diligencia.

“Se deja constancia de que, específicamente en un correo recibido alrededor de las 10 de la mañana, la señora Guerrero ha efectuado la siguiente solicitud que está dirigida a la Fiscalía General de la Nación”, indicó la funcionaria judicial.

En la carta queda claro que Juliana Guerrero no tenía conocimiento de la decisión de la Fiscalía General de retirarle la solicitud de medida de aseguramiento.

“Respetada señora fiscal, yo, Juliana Andrea Guerrero Jiménez, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, me permito dirigirme respetuosamente a su despacho con el fin de solicitar el aplazamiento, por última vez, de la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento programada para el día 10 de marzo de 2026 a las 9:00 a. m.”, indica la misiva, que tiene como asunto la reprogramación de la audiencia.

“La presente solicitud se fundamenta en que, dada la connotación pública y nacional de los hechos, por los cuales he sido citada en calidad de indiciada, me ha resultado materialmente imposible concretar oportunamente la contratación de un abogado de mi confianza que pueda asumir de manera adecuada mi defensa técnica en esta etapa inicial del proceso penal”, añade la petición.

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Guerrero, quien estuvo muy cerca de ser nombrada viceministra de las juventudes del Ministerio de la Igualdad, aseveró que busca “ejercer plenamente” su derecho fundamental a la defensa “mediante un profesional de mi entera confianza que esté dispuesto a asumir mi representación en un asunto de significativa trascendencia jurídica y personal, con quien pueda estructurar de manera adecuada mi estrategia de defensa dentro del proceso”.

La joven señaló que no tenía ningún interés en que se le designara un defensor público, “sino que solicito muy respetuosamente se me conceda un término razonable que me permita contratar un abogado idóneo, garantizando así una defensa efectiva dentro del proceso penal que iniciará con la audiencia y la formulación de imputación. La presente solicitud se formula de buena fe y con el único propósito de salvaguardar mis garantías constitucionales al debido proceso y al derecho a la defensa, y finalmente reitero mi plena disposición de comparecer a las audiencias correspondientes, así como de ejercer todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y colaborar con la administración de justicia”.