La polémica hoja de vida de Juliana Guerrero Jiménez, la joven que estuvo a punto de ser nombrada viceministra de las Juventudes hace apenas unos meses, tiene un nuevo capítulo.
SEMANA tuvo acceso a los registros de sus estudios y se observa que habría incurrido en graves omisiones, incluso presuntas falsedades, en las dos hojas que presentó en el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep).
La joven de 23 años, oriunda de Valledupar, presentó como formación de pregrado un curso técnico que realizó con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y que estudió para graduarse del colegio en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar, en noviembre de 2018. Esto, gracias a un convenio que tenía la institución educativa con el Sena para fortalecer la educación media.
En la hoja de vida publicada por Guerrero el 14 de agosto de 2025, se detectó la primera jugada para convertir el curso técnico en pregrado. SEMANA conoció la hoja de vida y allí incluyó un pregrado en Contabilización de las Operaciones Comerciales y Financieras. Se confirmó en ese documento que se había graduado en noviembre de 2018 tras cursar y aprobar cuatro semestres.
¿Pero cómo es posible que registre el grado de bachiller y de un pregrado en el mismo mes y el mismo año? Según los documentos oficiales de sus estudios, Guerrero Jiménez omitió mencionar que se trataba de un título técnico que obtuvo como prerrequisito para su grado de bachiller. Así lo explicó el Sena en respuesta a un derecho de petición enviado por SEMANA.
“La señora Juliana Andrea Guerrero Jiménez desarrolló con la entidad el programa de formación técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, a través del convenio de Articulación Sena con la Educación Media, cuyo convenio se efectuó con la institución educativa Francisco de Paula Santander y por consiguiente obtuvo su título luego de la participación en el proceso”, reseñó la Regional Cesar del Sena en la mencionada respuesta.
Juliana Guerrero no realizó un registro de los semestres cursados, puesto que, según reportó el Sena Regional Cesar, el título le fue otorgado tras realizar 880 horas de estudio, un dato muy distante a los cuatro semestres (dos años) que aseguró en su hoja de vida la aspirante a viceministra de las Juventudes del muy cuestionado Ministerio de la Igualdad.
Este dato revela que habría existido una clara omisión en los registros de estudios consignados en la primera hoja de vida publicada en el sistema de la Función Pública. Cuando estalló la polémica, en su defensa intentó homologar las materias vistas y aprobadas en el curso técnico para obtener el título en Contaduría Pública en la Fundación Universitaria San José, sede Bogotá.
Extrañamente, el 29 de agosto apareció una nueva hoja de vida con un título profesional en Contaduría Pública tras haber cursado diez semestres. El título lo recibió, según los registros, en julio de 2025. En este caso, la Fundación San José concluyó que Guerrero nunca pasó por un aula en la institución ni presentó un solo examen para recibir este reconocimiento educativo.
El mismo Ministerio de Educación certificó que Juliana Guerrero “estuvo matriculada” en las universidades Popular del Cesar, del Atlántico, Nacional de Colombia, Abierta y a Distancia (Unad) y de Pamplona “sin culminar estudios en ninguna de ellas”. Es decir, no se puede hablar de un título de pregrado según los estándares del propio Gobierno que esperaba integrar.
Pese a varios intentos de este medio para comunicarse con la joven mediante mensajes de WhatsApp y llamadas a su teléfono celular a fin de conocer su postura sobre los hallazgos revelados por SEMANA y la conclusión del derecho de petición al Sena, no hubo respuesta.
Juliana Guerrero Jiménez estaba convocada a una audiencia de imputación de cargos. La Fiscalía tomó la determinación de imputar los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Pedirán una medida de aseguramiento restrictiva de su libertad en detención domiciliaria. La audiencia se aplazó para el 10 de marzo.
Una silla en la U del Cesar
SEMANA conoció detalles de la acción popular radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que pide “revocar” la delegación que hizo el Gobierno Petro el primero de abril de 2025 para la designación de Juliana Guerrero como delegada presidencial ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.
En la acción judicial, radicada por la congresista Jennifer Pedraza, se advierte que Juliana Guerrero no tiene la idoneidad y mucho menos la moralidad para ocupar esta silla en dicha universidad, donde tiene voz y voto en la toma de “decisiones académicas y administrativas” en la institución pública.
“El daño cierto radica en la afectación real de la confianza ciudadana en las instituciones públicas, pues se ha permitido que la señora Guerrero, que obtuvo de manera irregular sus títulos académicos y que presuntamente incurrió en delitos, participe en las decisiones del máximo órgano de gobierno de una universidad pública (...)”, manifestó la acción popular.
El magistrado ponente ya le comunicó su decisión al presidente Gustavo Petro y al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que presenten sus respectivas respuestas ante esta acción popular, que reclama la “violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa”.
SEMANA conoció la respuesta del apoderado de la Presidencia de la República, en la que se hace una defensa mixta del papel de Juliana Guerrero y con el objetivo claro de mantener su silla en el Consejo Superior Universitario, justamente lo que espera tumbar la congresista.
“El señor presidente de la república NO ha vulnerado la moralidad administrativa como derecho colectivo, porque los hechos y los argumentos que sustentan la presunta vulneración no cumplen los presupuestos sustanciales establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para que proceda su protección”, señaló la presidencia.
En el mismo proceso se conoció una particular respuesta del apoderado de Juliana Guerrero. Reclamó que no había podido acceder al expediente, lo que habría impedido conocer los detalles del caso y emitir un pronunciamiento de fondo justamente en defensa de su cliente.
“El acceso al expediente es un presupuesto esencial e indispensable para poder pronunciarnos de manera informada, técnica y oportuna sobre la solicitud de medidas cautelares que pretenden, entre otras cosas, la separación inmediata de mi representada del cargo de delegada presidencial en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar”, reseñó el abogado.
Por ahora, Juliana Guerrero seguirá sentada en el puesto que le aseguró el presidente Gustavo Petro en la Universidad del Cesar.