El lunes 9 de marzo, Juliana Guerrero, polémica exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, reapareció en una sesión clave del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC).
Desde la silla delegada de la Presidencia de la República, participó en la elección de Guillermo Echavarría como nuevo rector, en medio de denuncias internas y externas, cuestionamientos jurídicos y posibles vicios en el trámite del proceso.
La sesión comenzó a las ocho de la mañana, duró apenas unos ocho minutos y contó solo con la asistencia de cinco delegados. Juliana Guerrero; Xavier Estrada, delegado del Ministerio de Educación; Armando Cote, representante de las directivas; Marlon Bastidas, representante de los profesores, y Óscar Pacheco, representante de los rectores, votaron por Guillermo Echavarría.
El trámite fue tan rápido que, una vez terminó la sesión y al no haber más puntos en el orden del día, los delegados abandonaron la sala casi de inmediato. No hubo una discusión visible sobre las hojas de vida ni una sola mención a los otros cuatro aspirantes que seguían en carrera por la rectoría.
SEMANA habló con consejeros, estudiantes, excandidatos y profesores de la institución, quienes coinciden en que hubo irregularidades en la elección de Echavarría, que además contó con el apoyo e influencia de uno de los políticos más poderosos de la región Caribe: Alfredo Ape Cuello, representante a la Cámara del Partido Conservador que repetirá curul en el próximo periodo.
Cuello, que ha sido un aliado discreto del Gobierno nacional en varias decisiones en el Congreso, bautizó su campaña en el Cesar como el “Equipo Azul”. El parlamentario logró cerca de 95.000 votos con eventos multitudinarios, un jingle interpretado por el Mono Zabaleta y hasta camisetas de fútbol.
Entre los coordinadores de la campaña del congresista estuvo Henry Smith Pradilla Oñate, conocido por haber ocupado la dirección de la Aeronáutica Civil en el Cesar hasta enero de este año. Ahora fue contratado como docente ocasional de la universidad.
Y mientras transcurría la campaña al Congreso de la República, en la UPC comenzó la elección de rector, que, según fuentes cercanas, parecía un apéndice de la campaña de Cuello.
Las votaciones se desarrollaron el pasado 26 de febrero, en las que Padilla incluso invitó a los habilitados a acercarse a votar en videos difundidos por una cuenta de Instagram llamada Equipo10+, que difundió contenido de la campaña de Cuello.
“A los amigos egresados los invito a que vengan aquí a la sede de Bellas Artes. Vamos a votar por Guillermo Echavarría”, dijo Pradilla en el video.
Y publicó fotos con Echavarría en instalaciones de la Alcaldía de Valledupar y en eventos políticos que más bien asemejaban una campaña al Congreso: “Una nueva experiencia de campaña electoral. (...) Gracias por permitirme sumarme a un proyecto victorioso que piensa en UPC”.
Eran múltiples las historias en redes sociales, entre ellas una de Pradilla junto a Cuello y Echavarría, igualmente haciendo campaña por Didier Lobo al Senado de la República: “Con toda la banda ganadora”.
Incluso, el 20 de febrero, cerca del día de elección, un grupo llamado Amigos del Deporte C101 invitó a una reunión a favor del electo rector. Finalmente, Echavarría logró más de 5.200 votos, que superaron en cerca de 1.800 al candidato que logró el segundo lugar en la consulta, Álvaro Iglesias. De ellos, los cinco primeros iban a ser puestos a consideración del Consejo Superior Universitario, que vota y elige rector.
¿Vicios en la elección?
SEMANA habló con consejeros que estaban citados a votar en la reunión, quienes detallaron la antesala de la sesión del 9 de marzo. Si bien estaban citados a las ocho de la mañana, los representantes de estudiantes, egresados, Gobernación del Cesar y gremios llegaron minutos tarde por revisar documentos allegados a la secretaría general alertando irregularidades en el proceso.
“No se imaginaron la situación tan indecente cuando llegaron diez minutos después. Se cerró la sesión corriendo. No se los encontraron en el pasillo porque se fueron por una puerta trasera”, manifestó uno de ellos, que pidió reserva de su identidad.
Los documentos, que no fueron tenidos en cuenta, incluyen cuestionamientos por la experiencia de Echavarría, advertencias sobre presiones políticas e incluso posibles vicios en el trámite.
Uno de ellos es un documento, firmado por el egresado Jorge Luis Guerra, que pide al Consejo Superior Universitario ejercer control de legalidad y que adopte medidas para “prevenir que se elija como rector a un candidato que no cumple con los requisitos necesarios”.
Y dijo que la universidad admitió candidatos sin una revisión exhaustiva según el Acuerdo 038 de 2004. Advirtió que Echavarría solo certificó 52 meses de experiencia en educación superior, que es menos de los cinco años reglamentarios.
Adaulfo Calderón Pacheco, candidato a rector, presentó una tutela en ese mismo sentido, pidiendo revisar los criterios que permitieron que Echavarría concursara. Dijo que el criterio establecido en 2004 fue modificado por una “nueva forma de contabilizar la experiencia académica”.
Y es que a través del Acuerdo 009 de 2025, tras no haber aceptado a Echavarría como candidato, el Tribunal de Garantías Electorales de la institución decidió validar seis años de experiencia en educación superior.
“Se concluye que el aspirante acredita un total de seis (6) años de experiencia académica en educación superior”, se lee en el documento interno, que fue usado como anexo en la acción.
Igualmente, para el candidato con la segunda votación, Álvaro Iglesias, es indignante que Juliana Guerrero, investigada por la Fiscalía General de la Nación por títulos falsos, decida sobre la idoneidad de un rector.
“No tiene sentido, ni presentación, ni dignidad que un docente, con más de 22 años en la institución y con nivel de estudios de doctorado, sea evaluado por una persona que no es profesional y que se atrevió a ostentar un cargo público del orden nacional con diplomas falsos”, manifestó.
Y sobre la elección dijo: “No hubo debate. Guerrero, además, tenía imputación de cargos al día siguiente y podían perder el voto”. Iglesias aseguró que, de haberse desarrollado la sesión, iba a haber recusación contra Guerrero, el rector y el representante de los docentes.
Guillermo Echavarría, en respuesta a los señalamientos en su contra, aseguró que la situación forma parte de una “casualidad”: que la elección de rector coincidió con la campaña al Congreso de la República.
“Henry Pradilla es un egresado de la universidad. Se sintió identificado por la manera de comunicar nuestro mensaje y nos apoyó. Así te podría señalar a algunos liberales, algunos del Pacto Histórico y algunos del Centro Democrático”, manifestó, pero al mismo tiempo pidió no llevar la discusión universitaria a “un mensaje político”.
Y frente a su asistencia a encuentros con Cuello y la foto publicada en redes, aseguró: “Era un evento académico. Pedí no usar esa imagen partiendo de que yo no tengo afiliación política”.
SEMANA intentó comunicarse con el representante Ape Cuello, pero a la hora de cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
La UPC quedó en manos de un rector elegido en un proceso atravesado por cuestionamientos jurídicos, alertas ignoradas y el peso de la política regional.
En esa decisión estuvieron Juliana Guerrero, desde la silla del Gobierno nacional, y la sombra de Ape Cuello, cuya estructura impulsó la candidatura que terminó imponiéndose. Los estudiantes actualmente contemplan la posibilidad de irse a paro.