Juliana Guerrero, quien fuera proyectada para el cargo de viceministra de las Juventudes, afronta una etapa definitoria en su situación jurídica tras una serie de cuestionamientos sobre su idoneidad académica.
Luego de las críticas emitidas por sectores del Legislativo, Guerrero fue designada como delegada de la Presidencia de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC).
En el ejercicio de estas funciones, Guerrero participó recientemente en la elección del nuevo rector de la institución, proceso en el que resultó seleccionado el abogado Guillermo Andrés Echeverría Gil para el periodo 2026-2030.
La decisión se tomó con una votación de 5 a 0. Según Xavier Estrada Escudero, presidente del Consejo Superior, la gestión de Echeverría Gil tiene como objetivo “sacar adelante todo el proyecto universitario y colaborará a consolidar a la Universidad del Cesar como una institución más grande y poderosa que le brindará a los jóvenes mejores oportunidades”.
Así avanza el caso de Juliana Guerrero
Guerrero ocupó la coordinación de despacho en el Ministerio del Interior y fue objeto de una demanda por parte de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía tras el uso de una aeronave oficial para un traslado entre Bogotá y Valledupar, presuntamente para un viaje familiar.
En su momento, la Presidencia de la República argumentó que dicho desplazamiento correspondía a gestiones enmarcadas en la política de paz total.
La controversia escaló al conocerse las irregularidades en su formación profesional. Investigaciones judiciales revelaron que Guerrero obtuvo un título de Contaduría Pública en la Fundación Universitaria San José en un lapso de dos semanas y sin la presentación de las pruebas Saber Pro.
Aunque se alegó una convalidación de estudios realizados en el Sena Regional Cesar, las indagaciones determinaron la inexistencia de registros de asistencia a clases o cumplimiento de requisitos académicos. En consecuencia, la institución educativa procedió a anular el título profesional.
La Fiscalía General de la Nación ratificó el hallazgo de evidencias y programó para mañana, martes 10 de marzo, la audiencia de imputación de cargos contra Guerrero. Los delitos que se le atribuyen incluyen fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso.
El ente acusador fundamenta su decisión en el uso de certificaciones académicas sin sustento real para acceder a cargos de alta responsabilidad en el Gobierno Nacional. El desarrollo de esta diligencia judicial debería determinar la continuidad de Guerrero en funciones de representación estatal.