Comienzos de 1995, cuando Luis Alberto Albán, 'Marcos Calarcá', recibió de México el carácter de residente político como representante de una organización beligerante, no sabía que esa posición sería la tabla para salvarse de la justicia colombiana tres años después. Su detención la semana pasada en el aeropuerto de La Paz, Bolivia, fue interpretada inicialmente como un duro golpe a las Farc. Con él supuestamente perdía no sólo a su vocero clave en el exterior, sino a un dirigente que interpretaba al pie de la letra el pensamiento del secretariado del grupo guerrillero. Al fin y al cabo 'Calarcá' había sido detenido por las autoridades bolivianas con base en una orden de captura que la Fiscalía había dictado desde julio del año pasado.
De inmediato surgió la inquietud sobre cuál sería el mecanismo adecuado para sacarlo de Bolivia y ponerlo en manos de la justicia colombiana. Como no pocos le tienen ganas, no faltó quien dijera que el presidente boliviano, el duro general Hugo Bánzer, se encargaría personalmente de la entrega del guerrillero.
Con el correr de las horas las dudas se fueron disipando. Cuando se supo que la Fiscalía lo requería para que respondiera penalmente en un proceso por rebelión, abierto hace varios años, en el que 'Calarcá' aparece seriamente comprometido, el entusiasmo inicial se esfumó. Como era requerido por un delito político, jurídicamente no era posible que la Cancillería colombiana solicitara su extradición. En un comunicado el Ministerio de Relaciones dijo que "el gobierno colombiano acatará, de acuerdo con la práctica internacional, la decisión que tomen las autoridades bolivianas sobre la situación del detenido".
El jueves pasado en la noche Bolivia dio a conocer la decisión: 'Calarcá' regresaría a su lugar de residencia. Es decir, México. Así, el episodio quedó superado.
Mexico lindo
Con el regreso del guerrillero a México varias cosas quedaron claras. En primer lugar, y sobre todo, que los voceros de la guerrilla en el exterior gozan de una inmunidad que los hace intocables por el carácter político de sus actividades.
'Calarcá', junto con 'Olga Lucía Marín' _los dos instalados en México_ y 'Raúl Reyes', en Costa Rica, manejan las relaciones de las Farc a lo largo y ancho del continente como embajadores permanentes. Con teléfonos ubicables en Ciudad de México y Costa Rica y con fax y correo electrónico, los tres son el punto de referencia obligado de dirigentes políticos y periodistas que busquen estar al día sobre las condiciones del conflicto interno que se vive en Colombia. Pero es 'Calarcá' quien ha obtenido mayor reconocimiento en el exterior, pues en México se ha convertido en el verdadero interlocutor de la organización. Desde allí maneja hábilmente su papel de contacto para procesos de paz, lo que le ha dado un estatus ante gobiernos de América Latina, estatus que no tenía en el interior de la organización subversiva.
Las condiciones políticas de México y su defensa a ultranza de la figura del asilo político han sido determinantes para las Farc. No en vano, en 1992, el gobierno de César Gaviria aceptó sentarse a negociar con la guerrilla al amparo de los buenos oficios del gobierno mexicano, el cual facilitó los célebres diálogos de Tlaxcala.
Voz cantante
Pero hay un aspecto más sutil y de gran trasfondo político en todo este proceso que culminó con el regreso de 'Calarcá' a Ciudad de México. Todo parece indicar que a la administración Samper no le interesaba la extradición del guerrillero. Y las razones pueden ser tan válidas como explicables.
El último contacto oficial que el alto gobierno tuvo con el secretariado de las Farc fue en 1995. Entonces, en uno de esos actos de audacia, el Presidente dijo que estaba dispuesto a desalojar la Uribe para sentarse a negociar con ese grupo subversivo. Pero la intención fue cortada de tajo por los militares: en un memorando del entonces comandante del Ejército, general Harold Bedoya, se alegaron razones constitucionales para retirar al Ejército de lo que se ha considerado siempre el santuario de las Farc.
Rota toda posibilidad de negociación, durante más de un año gobierno y Farc perdieron contacto. Sin embargo la cruenta toma de la base de Las Delicias, en agosto de 1996, y la retención de 60 soldados, obligó a explorar una salida pacífica. Guerrilla y gobierno buscaron un interlocutor que facilitara las negociaciones para la liberación de los militares. Ese contacto fue 'Marcos Calarcá'.
Así, mientras el secretariado de las Farc reiteraba su negativa a dialogar con un gobierno al que cuestionaba su legitimidad, 'Calarcá' se convirtió en la única y última esperanza de las familias de los soldados en poder de la guerrilla. Finalmente fue él el que, después de reunirse con los consejeros Daniel García-Peña y José Noé Ríos, fijó el mecanismo que condujo a la liberación de los militares.
Desde entonces 'Marcos Calarcá' no ha dejado de sonar y ha vuelto a ser tema obligado de los medios de comunicación. Es, desde Ciudad de México, la caja de resonancia de los golpes que las Farc le han dado al Ejército después de Las Delicias. En diciembre pasado dio el parte de guerra de la toma del cerro Patascoy, que dejó 11 militares muertos y 18 más secuestrados. A finales de febrero manejó la información del Bloque Sur, después del violento ataque contra un batallón de la Brigada Móvil 3 en el Caquetá, que dejó más de 100 muertos en los dos bandos y otros 43 militares secuestrados.
Por todo esto, y con su representante de regreso en México, puede anticiparse que las Farc depositarán de nuevo en sus manos las negociaciones para la liberación de los soldados de Patascoy y El Billar, aún en manos de esa organización. 'Calarcá', pues, parece ser más útil en el exterior que tras las rejas en Colombia. Eso explicaría el bajo perfil del gobierno en el episodio de la captura del guerrillero en La Paz. Y no de otra manera se entiende el prudente silencio de los mandos militares, cuando es por todos sabido que él es uno de sus principales objetivos y tenerlo bajo rejas un hecho significativo en lo político y en lo militar.
SEMANA ha podido establecer en fuentes de la Casa de Nariño que el manejo cauteloso que el gobierno le dio al caso obedece a su propósito de impedir que se cierre la única puerta abierta con las Farc, especialmente ahora cuando hay 61 soldados del Ejército colombiano en poder de 'Tirofijo'.
