Este viernes, el excomandante del Ejército Nacional, general (r) Mario Montoya Uribe, recibió dos noticias contrarias a sus deseos. Primero, Estados Unidos le restringió su ingreso a ese país. Esto debido a los procesos que se adelantan en contra del oficial en Colombia por los llamados falsos positivos en el departamento de Antioquia cuando fungió como comandante de la Cuarta Brigada entre 2002 y 2003.
“Estados Unidos señala hoy al exgeneral colombiano Mario Montoya Uribe debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos. Hay pruebas creíbles de que durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se informaron falsamente como muertes en combate durante el conflicto armado interno de Colombia. Como resultado de esta acción, Montoya Uribe y sus familiares directos generalmente no son elegibles para ingresar a Estados Unidos”, indica el documento firmado por el secretario de Estado, Antony Blinken.
Poco después, la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le notificó a su defensa el rechazo de la solicitud de nulidad presentada en el macrocaso 03 que investiga los “asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
En este caso, la defensa del general Montoya pedía la nulidad allegando una vulneración al debido proceso y el derecho a la contradicción por parte de la JEP.
En la decisión se considera que no se presentó ningún tipo de vulneración al oficial en retiro. Incluso cuestionó la claridad de los argumentos presentados por la defensa del general Montoya. “Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio”.
Igualmente, se indica que no se pudo demostrar la vulneración del debido proceso. “Ninguno de los disensos que elevó el representante judicial del señor Montoya Uribe configura una violación a sus garantías y derechos fundamentales”.
En el anuncio de imputación de cargos, el 30 de agosto de 2023, la JEP manifestó que el general Montoya tuvo conocimiento en 134 ejecuciones extrajudiciales registradas en 15 municipios de Antioquia. Dando órdenes directas a sus subalternos con el fin de demostrar resultados operacionales.
“Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas ‘en combate’, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados”, precisó la magistrada Catalina Díaz de la Sala de Reconocimiento en el anuncio de imputación.
“No fueron conductas aisladas”, añadió la magistrada Catalina Díaz. Las pruebas recolectadas señalaron claramente la forma en como se puso en marcha esta práctica para demostrar resultados operacionales. “Los ataques contra la población civil fueron sistemáticos”.
En este sentido, se encontró que “la obligación impuesta” por el general Montoya “a las unidades tácticas de reportarse en términos de ‘litros’, ‘chorros’, ‘ríos’, ‘barriles’, o ‘carrotancados’ de sangre fue una orden recurrente”. Las pruebas documentales y testimoniales indicaron claramente que, por medio de los programas radiales, el entonces comandante de la Cuarta División daba instrucciones claras y precisas a sus subalternos.