El informe del Cuerpo Técnico de Investigaciones que la Fiscalía adjuntó a la solicitud formal que hicieron al presidente de la República, Gustavo Petro, para que revoque la condición de representante de paz de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc, señala que este “ha continuado impartiendo directrices claras para la ejecución sistemática de conductas punibles después de la suspensión de sus órdenes de captura”.
A través de ese documento, la fiscal Luz Adriana Camargo explicó en detalle cuál es el proceso para la suspensión de órdenes de captura en contra de quienes hacen parte de mesas de negociación o conversaciones de paz con el Gobierno. Advirtió que, si bien es el ente acusador el que suspende las órdenes de captura, tendría que ser el presidente de la República quien solicite reactivarlas.
“En el incumplimiento de las obligaciones referidas a los miembros representantes y voceros de los grupos armados organizados al margen de la ley, con los cuales se adelantan diálogos de carácter político, tanto la defensora del Pueblo como el consejero comisionado de Paz consideran que dicha facultad no se encuentra en cabeza de la Fiscalía General de la Nación; y la última de las entidades mencionadas, razona colocándola en cabeza del presidente de la República”, dice la solicitud de la fiscal al presidente Petro.
La solicitud para revocar la condición de negociador o representante de las disidencias de las Farc de alias Calarcá se centra en hechos criminales que ocurrieron, de acuerdo con la Fiscalía, en el marco de esas negociaciones, es decir, mientras el cabecilla criminal goza de la suspensión de órdenes de captura.
“Dicho informe ratifica que alias Calarcá Córdoba articula las comisiones armadas para consolidar su hegemonía territorial en Meta, Caquetá y Guaviare. Se ha determinado que las acciones ofensivas ordenadas directamente desde su nivel de dirección abarcan extorsiones continuas, desplazamiento forzado, graves delitos ambientales (deforestación) y ataques militares premeditados, configurando un nexo causal directo entre sus órdenes y la macrocriminalidad documentada”, dice el documento.
En el mismo sentido, la Fiscalía solicitó la revocatoria como representantes de mesa de negociación de paz para los cabecillas del frente 33 de las disidencias de las Farc: Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño; Jonathan Jair Narváez Quintero, Farby Édison Parra Parra, alias Richard; Javier Alonso Velosa García, alias John Mechas.
“Con fundamento en estas manifestaciones, de la forma más comedida solicito que se revoque la calidad de miembro representante del Estado Mayor Central Farc-EP al señor Alexander Díaz Mendoza, con la que fue designado mediante la Resolución presidencial 419 del 29 de diciembre de 2023, y en consecuencia se solicite la reactivación de las órdenes de captura que se han expedido en contra de dicho ciudadano”, advierte la solicitud.
Para la Fiscalía es claro que alias Calarcá y los cabecillas del frente 33 continúan en actividades delictivas, que incluyen delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Por eso anticiparon desde el ente acusador que harán una imputación de cargos en contra del cabecilla, hoy negociador de paz.