Por considerar que existió un claro desconocimiento del mandato constitucional y legal, un comerciante radicó, mediante su apoderado —el expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares—, una acción de tutela con la que busca suspender el decreto mediante el cual el Gobierno Petro fijó el pasado 29 de diciembre el nuevo salario mínimo.
En la acción judicial, que quedó consignada en un documento de 25 páginas, el exmagistrado aseveró que en la fijación del aumento del 23 % no se tuvieron en cuenta diferentes factores económicos ni estadísticos, por lo cual se habría incurrido en una vulneración al debido proceso.
“Es claro que el Gobierno Nacional invadió las competencias del Congreso, y en cualquier caso, creó una inconsistencia que deriva en una doble contabilización y pago del transporte a los trabajadores”, señala la tutela.
Por esto, pidió que se realice un “control de límites al ejercicio arbitrario de la competencia reglada” y se tutele el derecho fundamental al debido proceso.
La acción de tutela va más allá y se advierte que la decisión se emitió sin que se llegara a un acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores.
Cuestionando así la posición de la Presidencia de la República y los ministerios del Trabajo y de Hacienda.
“El Gobierno desconoció este mandato superior en la medida en que el decreto 1469 de 2025 fundamenta el aumento en el ‘salario vital’ como referente sustantivo de suficiencia material, generando una separación de las reglas a las que está sujeto el Gobierno, y por lo tanto una decisión imprevisible que vulnera el principio de legalidad, y de manera más concreta, el derecho fundamental al debido proceso”, advierte.
Con el fin de evitar lo que denominó “graves efectos inmediatos” frente a los pequeños negocios, el empleo formal y los trabajadores informales, el tutelante pide que el decreto quede sin efectos de manera temporal.
“Aunque el propio decreto afirma que ese referente es técnico orientador y ‘no sustituye’ los demás criterios de la ley 278, materialmente sí lo hace, pues el Gobierno nacional parece apalancarse de esta facultad del Congreso para incorporar forzadamente el concepto ‘salario vital’ en el decreto”, complementa la tutela.
La tutela indica que el decreto vulnera principios constitucionales como el derecho al trabajo digno y la protección del mínimo vital, pues el decreto estableció el aumento sin tener en cuenta las condiciones económicas reales, ni el impacto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos.
Esta tutela se suma a varias acciones judiciales que se han presentado contra el decreto que fijó el salario mínimo en dos millones de pesos (incluido auxilio de transporte).
