La Federación Nacional de Departamentos (FND), en representación de los mandatarios regionales, emitió un pronunciamiento ante la instrucción presidencial del pasado lunes 16 de marzo que ordena la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en quiebra.
Según el organismo, la medida carece de un plan de transición territorial, lo que desampara a la población afiliada y pone en riesgo la estabilidad de la red hospitalaria pública.
La FND advierte que una liquidación sin una transición ordenada compromete la continuidad de tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo. Los datos del Sistema de Información Hospitalario (SIHO) revelan que las ocho EPS intervenidas adeudan $10,6 billones únicamente a los hospitales públicos, una cartera que históricamente se vuelve irrecuperable en un 99 % tras los procesos de cierre.
⚠️Gobernadores alertan: liquidar las EPS sin un plan de transición territorial pone en riesgo a los pacientes, provocará colapso hospitalario.
— FND - Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) March 19, 2026
Con apoyo de la @FNDCol, se formularon ocho requerimientos al Gobierno nacional para que este proceso tenga garantías, legitimidad y… pic.twitter.com/BzwkbfyIf8
Impacto financiero en las regiones
De concretarse la liquidación de seis de estas entidades, las Empresas Sociales del Estado (ESE) enfrentarían pérdidas de hasta $4,5 billones. Esta cifra representa casi la mitad de la cartera hospitalaria nacional, lo que conduciría al cese de servicios esenciales en los departamentos.
Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta y presidenta del Consejo Directivo de la FND, señaló que, si bien se reconoce la crisis financiera de las EPS, no se puede permitir una transformación radical del sistema en el último año de Gobierno sin un respaldo técnico verificable. “Lo que está en juego es la atención de millones de colombianos que quedarían expuestos por decisiones improvisadas”, afirmó la funcionaria.
Los ocho requerimientos de los departamentos
Para garantizar la viabilidad del proceso, la FND formuló ocho exigencias técnicas al Ejecutivo Nacional:
- Mesa de coordinación urgente: Creación de una instancia técnica con los ministerios de Salud y Hacienda para diseñar diagnósticos departamentales antes de cualquier acto administrativo.
- Protección de la cartera pública: Establecimiento de mecanismos vinculantes, como fondos de garantía o compra de cartera, para proteger los activos de los hospitales regionales.
- Certificación de aseguramiento alternativo: El Gobierno debe garantizar la existencia de un asegurador habilitado en cada zona antes de proceder con el traslado de afiliados, evitando vacíos en servicios de diálisis o quimioterapia.
- Formalización de deuda con Nueva EPS: Emisión de un instrumento jurídico que precise el cronograma de pago de los $6,04 billones adeudados por esta entidad a la red pública.
- Responsabilidades en EPS mixtas: Claridad sobre la participación de socios privados en entidades como Savia Salud y Capital Salud, evitando el traslado unilateral de deudas a los presupuestos departamentales.
- Transición gubernamental: Gradualidad en los cierres para que el Gobierno entrante, que inicia funciones el 7 de agosto de 2026, reciba información completa y opciones de política pública.
- Detalle técnico del modelo ADRES: Es imperativo definir la fórmula matemática de giro directo y las garantías para la compra de medicamentos por subasta inversa antes de desmantelar el modelo vigente.
- Garantía de atención integral: Asegurar la entrega de medicamentos y la continuidad quirúrgica, fundamentada en el eje constitucional del derecho a la salud.
La Federación concluyó que la salud no admite vacíos de transición y que cualquier deterioro irreversible en la condición de los pacientes será responsabilidad de una planeación carente de visión territorial.