En la mañana de este 18 de marzo, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) elevó una alerta frente a la posible liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), manifestando una preocupación por las consecuencias que esta decisión podría tener en la salud de los colombianos.
Aseguran que el sistema de salud colombiano atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Esto debido a que la coyuntura financiera está generando una crisis humanitaria para los usuarios y pacientes, además de un debilitamiento de la confianza entre los actores del sistema.

“Sin recursos suficientes y un flujo oportuno, la prestación adecuada de los servicios de salud corre peligro. La insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), así como la insuficiencia e inoportunidad en el pago de Presupuestos Máximos, pone en riesgo la operación del sistema, la protección de los pacientes y sus familias”, precisan.
Recordaron además que los recursos en el sistema son esenciales para el pago de los servicios de salud a prestadores, el pago de los salarios y honorarios de médicos y el talento humano en salud, la compra de medicamentos, dispositivos médicos e insumos.

“El Gobierno ha hecho oídos sordos a las órdenes de la Corte Constitucional, que pide aumentar la UPC. Bajo esta perspectiva, la toma de decisiones para intervenir y/o liquidar con base en los indicadores financieros carece de legitimidad y contradice la jurisprudencia constitucional”, indican.

Detallan que la liquidación de las EPS y la salida de actores del sistema implica el traslado masivo de afiliados. Es importante aclarar que aún no es claro qué EPS serían sujeto de la medida de intervención forzosa para liquidar y qué pacientes y usuarios tendrían que ser trasladados, poniendo en riesgo la continuidad de sus tratamientos y en entredicho su derecho de libre elección, ni cuáles serían las EPS receptoras.

“Un traslado de millones de personas pone en riesgo al sistema en muchos frentes. Primero, la ruptura en la continuidad de la atención. Pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas, diálisis, VIH, crónicos respiratorios, salud mental, embarazo de alto riesgo o pacientes en recuperación pos-hospitalaria dependen de autorizaciones, rutas de atención, bases de datos y redes clínicas estructuradas”, indica la Andi.
