Niegan reintegro de magistrada-militar al caso Uribe Vélez

La tutela de la magistrada Cristina Lombana para impedir ser apartada del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez comenzó con el pie izquierdo en el Consejo de Estado. La Sección Segunda de esta corporación acaba de negarle una medida provisional con la que Lombana pedía que se congelara la decisión de sus colegas que la ponen a elegir entre ser magistrada o ser militar. 

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Hace una semana, la sala de instrucción de la Corte Suprema votó unánimemente para aceptarle la recusación al senador Iván Cepeda que pedía apartar del caso a la magistrada, quien conserva su papel activo como mayor del Ejército. Para sus colegas de sala, su función de integrante activo de las Fuerzas Militares es incompatible con su nombramiento en la rama judicial.

A la decisión, Lombana respondió con una tutela que le fue repartida al magistrado César Palomino, de la Sección Segunda del Consejo de Estado. La tutela le pide a esta corporación que evite un "perjuicio irremediable", al abrir la posibilidad cualquier sujeto procesal que tenga en trámite ante su despacho tome como "válidos y legítimos los argumentos" y la recusen por todas las actuaciones que allí se tramitan.

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Al responder el recurso, Palomino decidió no acceder a la petición al considerar que no se observa "una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados" que haga necesarias las medidas de protección urgentes. "El despacho no observa la existencia de hechos abiertamente lesivos o claramente amenazadores de un derecho fundamental en detrimento de la actora y cuya permanencia en el tiempo le haría más gravosa su situación", indicó el magistrado.

En la misma decisión, el magistrado Palomino le pide al comandante del Ejército que certifique la condición de miembro activo del Ejército de Cristina Lombana Velásquez, incluyendo la fecha de vinculación al servicio y su actual situación administrativa. 

En los últimos meses el caso contra el senador Uribe por presunta manipulación de testigos ha avanzado poco y este nuevo tropiezo en el proceso prevé que quien continuará como ponente -el magistrado César Reyes- se tome un tiempo para ponerse al tanto.

Mientras estuvo en funciones, la magistrada Lombana proyectó la decisión que dejó en firme el llamado a indagatoria contra el expresidente, así como descartó que fueran ilegales las interceptaciones hechas a su número telefónico.

Los magistrados encontraron que no hubo "arbitrariedad, extralimitación ni desafuero del magistrado que la ordenó, sino que, contrario a ello, se realizó en una práctica probatoria lícita y legal". Con ello, se contestó la solicitud de nulidad de los abogados de Uribe y de Álvaro Prada, quienes pedían que se echara para atrás el llamado a indagatoria.

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Lo que sus colegas le cuestionan no es la elección de Lombana como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, tarea realizada por la Sala Plena de dicha corporación en donde era claro que la aspirante provenía de la justicia penal militar, instancia que hace parte de la rama judicial.

Lo que ponen en entredicho es –como lo dice la ley– el ejercicio de su cargo que resulta incompatible con su calidad de miembro activa de las fuerzas. "La calidad de comisionada de la magistrada recusada, que preserva el régimen de carrera de los oficiales del cuerpo de la Justicia Penal Militar, y conserva su rango militar y su vinculación con las Fuerzas Militares, suscita cuestionamientos en su independencia e imparcialidad judicial", señalan.