ONU pide a Colombia sancionar a los “máximos responsables” de los falsos positivos

Los organismos internacionales mantienen sus miradas puestas en Colombia y en la forma en que se siguen aclarando los principales hechos que marcaron el conflicto armado en el país en el marco del Acuerdo de Paz de La Habana.

Esta vez, durante un homenaje a las Madres de Soacha en el Congreso de la República, la representante en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jueliette de Rivero, pidió que las ejecuciones extrajudiciales que se realizaron en el país y que están siendo documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), llegando a un total de 6.402, no queden en la impunidad.

Para la representante de la ONU, el país tiene la oportunidad de no dejar estos casos en la impunidad y de hacer historia a través de la justicia transicional, garantizando su “autonomía y la independencia” que necesita para cumplir con su obligaciones de verdad.

“Es en el interés de todas las instituciones del país y de la ciudadanía que se esclarezcan y sancionen los denominados ‘falsos positivos’. El esclarecimiento completo - judicial y extrajudicial- y la sanción de los máximos responsables, fomentarán la consolidación de la paz, el Estado de Derecho y la democracia”, fueron las palabras de Rivero.

Durante su intervención en el legislativo, la representante de la ONU también dijo que su oficina ha hecho seguimiento a los falsos positivos desde 1998, conociendo “la gravedad de lo ocurrido”.

A esto añadió que “es importante avanzar con la verdad y el esclarecimiento” de las ejecuciones extrajudiciales, reconociendo que los esfuerzos de la Jurisdicción Especial son determinantes para la rendición judicial completa de los hechos. “Negar lo que ocurrió o intentar minimizar su amplitud es socavar la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad”.

Además, brindó un reconocimiento a las Madres de Soacha y su contribución a las autoridades en la búsqueda de la materialización de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

La JEP sorprendió al país con la noticia de que en el país se cometieron 6.402 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, casi tres veces el registro que tiene la Fiscalía. Lo que no se sabía es cómo se distribuyeron esas ejecuciones, ya que hubo cuatro ministros de Defensa en esos años en Colombia.

Con Marta Lucía Ramírez se presentaron 473, equivalentes al 7,38 % del total de casos. Cuando ocupaba la cartera de Defensa Jorge Alberto Uribe, se registraron 1.477 ejecuciones, que representan el 23,06 %. En el caso de Camilo Ospina, las cifras bajaron, pero aún así llegaron a 773, es decir, el 12,07 %.

Durante la gestión de Juan Manuel Santos hubo 1.254 falsos positivos en el 2006, cifra que se disparó a 1.634 en 2007, es decir, la más alta en esos 6 años. En 2008, según datos de la JEP, se registraron 792 asesinatos de personas presentadas como bajas en combate, para un total de 3.680 falsos positivos durante la gestión de Santos, equivalentes al 57,47 %.

En las últimas horas, fue la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez quien pidió nuevamente claridad sobre este tipo de ejecuciones extrajudiciales y las cifras que presentó la JEP.

“¿Cuándo va a explicar la JEP porqué este error en las cifras? Ni un solo falso positivo es aceptable, pero por cuenta de cifras al aparecer erradas, llevan dos semanas acabando mediáticamente y en redes sociales la legitimidad institucional. Mediatismo en la justicia no es sano”, expresó en Twitter.