La Fiscalía y la Dijín presentaron este primero de noviembre a tres presuntos integrantes de una red que, según la investigación, convencía a mujeres con ofertas laborales, les quitaba los pasaportes y las obligaba a ejercer servicios sexuales en Baréin para pagar una deuda de 10.000 dólares.
La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía y con apoyo de la Dijín de la Policía Nacional, llevó a la captura de tres personas en diligencias realizadas en Cali y Pereira.
Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, que definió medidas de aseguramiento en los casos que lo ameritaban.
Según la Fiscalía, las víctimas —colombianas y venezolanas— eran contactadas en Colombia con promesas de empleo y viajes, que incluían el pago de tiquetes y trámite de visas.
En al menos tres casos, entre julio de 2023 y octubre de este año, las jóvenes llegaron a Baréin, donde —de acuerdo con la investigación— les retiraron los pasaportes, las sometieron a malos tratos y les impusieron una deuda de 10.000 dólares que debían cancelar mediante la prestación de servicios sexuales.
En cuanto al modus operandi de estos presuntos delincuentes: las mujeres llegaban engañadas —a veces por amistades o conocidos— y, ya en el país de destino, eran retenidas y presionadas con amenazas de denunciarlas ante las autoridades si no aceptaban las condiciones.
Además, a las víctimas les exigían pagos periódicos como abono a la supuesta deuda.
La Fiscalía imputó a los tres capturados por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado; no aceptaron los cargos en la audiencia.
De acuerdo con el juez de control de garantías, los dos ciudadanos extranjeros permanecerán en un centro carcelario mientras avanza el proceso; el tercero, identificado por las autoridades, deberá cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.
Los nombres de los presuntos integrantes de la red son: Keila Eddyman Strubinger Pelayo, Wluender Sneybert Araque Rojas y Enrique Quijano Ramírez.
Además de su captura en suelo nacional, la red contaría con otros presuntos integrantes en el exterior que habrían recibido a las víctimas y les habrían impuesto las condiciones de explotación.
En la audiencia de imputación, la Fiscalía explicó que la red delinquía desde ciudades como Pereira y Cali, y que el proceso penal seguirá para establecer responsabilidades individuales y el posible vínculo con otros integrantes.
Por ahora, los cargos formales son responsabilidad de los fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quienes continuarán con la recolección de pruebas y la protección de las víctimas que se presenten en el proceso.