¿Por qué la oposición asegura que Duque enredó la paz?

El acuerdo de paz tiene escuderos en el Congreso y no son la Farc. Amparados en el principio de que el 50 por ciento de los países vuelven a la guerra durante los primeros 5 años que transcurren después de la firma, veinte senadores decidieron recordarle al presidente Iván Duque las obligaciones que tiene para no dejar morir los esfuerzos para consolidar la paz.

A través de 122 páginas, miembros de la oposición, independientes y unos cuantos de La U, presentaron un minucioso análisis de cómo va la implementación del pacto que llevó a la dejación de armas de las Farc y lo que hace falta para evitar que el país vuelva al sendero de la repetición.

De entrada, los congresistas que suscriben al documento le reclaman al presidente Duque que se aproxima al acuerdo desde "una narrativa contradictoria". Para ellos, mientras el mandatario se muestra comprometido en el exterior con el aterrizaje de lo que hay pendiente del acuerdo, a nivel local todo está por hacer. 

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"No hace las inversiones necesarias en los territorios, carece de una política de seguridad ciudadana que dé confianza y tranquilidad, presenta objeciones a la ley de la JEP, introduce reformas legislativas que generan incertidumbre entre víctimas y excombatientes, y da vía libre para que el partido de Gobierno avance en reformas que pondrían en grave riesgo la esencia del acuerdo", aseguran.

Pero eso no es todo lo que les preocupa. Haber puesto en duda la existencia de un conflicto armado interno, es un capítulo que todavía no se termina de cerrar. La discusión sigue abierta y de ella dependen las instrucciones que se den desde el Ejecutivo.

En la medida que los funcionarios se refieran al problema como "condiciones de violencia y marginalidad", la solución no es la paz territorial de la que tanto habla el acuerdo, sino un proceso de “estabilización” y de garantía de la “legalidad”, asociado con la reincorporación de las bases guerrilleras que dejaron las armas en 2017. 

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Bajo esa lógica es clave el papel que asuma el gobierno. No solo porque hace parte del engranaje de los 15 que se cronometraron para la implementación de los seis puntos del acuerdo que las partes suscribieron en La Habana, sino también porque en sus manos en parte está evitar que los ciclos de violencia se repitan. 

Preocupa notablemente a los escuderos del acuerdo en el Congreso que el 57 por ciento de las normas requeridas para el aterrizaje de lo que se pactó, aún están pendientes de trámite en el Congreso. Más cuando la Corte Constitucional aclaró que el cumplimiento del acuerdo final debe hacerse de buena fe, respetando su integralidad y garantizando la no regresividad.

"La historia no le perdonaría desaprovechar la oportunidad histórica que abrió el fin de la guerra entre el Gobierno y las Farc", le dicen. Pero también se paran en la orilla de que esta es una discusión que va más allá de si se "hizo trizas la paz" o de si avanzó la construcción de la llamada "paz con legalidad". 

Preocupa notablemente a los escuderos del acuerdo en el Congreso que el 57 por ciento de las normas requeridas para el aterrizaje de lo que se pactó, aún están pendientes de trámite en el Congreso. Más cuando la Corte Constitucional aclaró que el cumplimiento del acuerdo final debe hacerse de buena fe, respetando su integralidad y garantizando la no regresividad. 

Falta por ejemplo: la ley de tierras y adjudicación de baldíos, la reforma política, las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, la garantía del derecho al voto en la ruralidad, la jurisdicción agraria, el tratamiento penal especial de cultivadores, la prórroga de la Ley de víctimas, el sometimiento de bandas criminales, y la reforma a la Ley orgánica de planeación. 

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Al cambio de narrativa, sin embargo, se suma un ingrediente aún más importante: decisiones presupuestales que ponen en duda la posibilidad de ejecutar o no lo acordado. En ese sentido, durante los cuatro años de gobierno del presidente Duque apenas se invertirá el 26 por ciento del total necesario para la implementación del acuerdo. 

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018 y el Plan Marco de Implementación, hacer realidad lo acordado nos costará 139,1 billones de pesos, que deberán ser invertidos en un período máximo de 15 años. El Plan Plurianual de Inversiones para el cuatrienio incluyó 37,1 billones que deberán ser destinados a lo que hace falta por hacer del acuerdo.

El problema, sin embargo, radica en que solo el 65 por ciento (24,3 billones) corresponden a recursos del Presupuesto General y del Sistema General de Participaciones. Es decir, ni siquiera hay certeza sobre el monto asegurado porque lo demás será el resultado del Sistema General de Regalías, recursos propios de los territorios, la contribución de privados y la cooperación internacional. 

Ahora bien, se redujo el presupuesto de las principales entidades encargadas de llevar a cabo la transformación de los territorios más afectados por la guerra. Según el proyecto de presupuesto 2020, la Agencia Nacional de Tierras sufriría una reducción del 19 por ciento, la Agencia para el Desarrollo Rural del 13, la Agencia de Renovación Territorial del 10 y la Agencia para la Reincorporación y Normalización del 7.

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Estas son las principales observaciones que hicieron: Juanita Goebertus, José Daniel López, Carlos Ardila, David Racero, John Jairo Cárdenas, Wilmer Leal, Catalina Ortiz, David Pulido, Angélica Lozano, John Jairo Hoyos, Harry González, Temístocles Ortega, Roy Barreras, Iván Cepeda, Luis Fernando Velasco, María José Pizarro, Katherine Miranda, Neyla Ruiz, León Freddy Muñoz y Mauricio Toro. 

1. Reforma rural integral

A pesar que hace unas semanas se confirmó que el presidente Duque negoció dos créditos con el Banco Mundial y el Interamericano de desarrollo que permitirán poner en marcha el catastro multipropósito, "la visión integral se ha desdibujado y en la práctica hay esfuerzos aislados que no obedecen a una estrategia macro". 

Basta comparar cifras de los últimos años para entender lo que está pasando. En el primer año del Gobierno Duque se ha generado acceso y formalizado un total de 73.4654 hectáreas de pequeña y mediana propiedad. Esto representa el 8,7 por ciento de lo que deberíamos estar haciendo al año para poder cumplir con la meta establecida en el acuerdo de dotar y formalizar 10 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras.

Llama particularmente la atención que el Gobierno esté "reportando conjuntamente los datos de formalización de predios privados y dotación de baldíos, sin diferenciarlos, lo que no corresponde con lo establecido en el acuerdo, ni con las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo", denuncian los firmantes. 

Tal cual como lo había advertido el Instituto Kroc, el primer punto que se firmó en La Habana es uno de los que menos avances presenta. No solo en materia de la reforma rural integral que se propuso para tratar de solucionar el problema de la tierra que durante tanto tiempo ha servido como eje articulador el conflicto sino también desde la óptima de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

A pesar que miles de personas de los municipios más afectados por el conflicto trabajaron en la planeación de los PDET, la inversión realizada a través de obras de infraestructura comunitaria en estas zonas (56,4 miles de millones) equivale al 0.08% del costo total requerido para su materialización (70,1 billones). Para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del Acuerdo deberíamos estar invirtiendo por lo menos 4,67 billones al año.

2. Participación política

De los seis puntos negociados en La Habana, el segundo es el que avanza a mejor ritmo. A pesar que muchos redujeron su contenido a la transformación de las Farc de grupo insurgente a partido político, lo cierto es que también contempla favorecer la inclusión política, ampliar la participación ciudadana y romper el vínculo entre política y armas. 

"Tres de las principales iniciativas para la materialización del acuerdo no han tenido
el liderazgo del Gobierno Duque en el Congreso de la República: las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la Reforma Política, y la garantía del derecho al voto en la ruralidad", detalla el informe. 

Este último tema es clave si tenemos en cuenta que, según la MOE, hay 360 municipios en el país, 32 por ciento de los cuales hacen parte de las circunscripciones PDET, que tienen tan solo 1 puesto de votación por cada 63,2 kilómetros cuadrados.

Ahora bien, a pesar que la propuesta de reforma política que se presentó en el gobierno Santos, no vio la luz, la oposición pone sobre la mesa la creación de una Corte electoral para resolver la duplicidad de funciones entre el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado; la creación de una nueva autoridad administrativa electoral; y la creación de un sistema escalonado de adquisición de derechos para los partidos. 

3. Reincorporación y seguridad territorial

El asesinato de excombatientes de las Farc es uno de los temas que más preocupa. A pesar que en el 2017 el país tuvo la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, el año pasado demostró que no era un proceso sostenido y que la violencia se podría recrudecer en cualquier momento. 

De agosto de 2018 a julio de 2019 han sido asesinados 43 excombatientes de la Farc,
ascendiendo a un total de 129 desde el inicio del proceso de dejación de armas. Esto implica un incremento del 56 por ciento en el homicidio de excombatientes desde el inicio del gobierno Duque.

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Esa, sin embargo, no es la única cifra que preocupa. El número de homicidios en los municipios PDET representó el 26,3 por ciento del total nacional, cuando estos son tan solo el 14 por ciento de los 1.222 municipios del país. 

Aunque se planteó que estos municipios serían prioridad para el Estado tras la dejación de armas de las Farc, la presencia de jueces, fiscales y policía judicial continúa siendo insuficiente. Así pues, en los 170 municipios PDET, el 76 por ciento no cuentan con miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, el 36 no tiene Fiscales y hay 6 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando a nivel nacional hay 11 por cada 100.00 habitantes.

Frente al tema de la reincorporación, aunque se destaca que el gobierno Duque le puso  el pie al acelerador especialmente en esta materia, lo cierto de fondo es que todavía el 83 por ciento de los excombatientes siguen sin hacer parte de ningún proyecto productivo público o financiado por cooperación internacional. A la fecha han sido aprobados 223 proyectos que benefician a apenas a 717 personas en proceso de reincorporación de las 13.018 que se acogieron al acuerdo. 

4. Solución al problema de las drogas

Mientras el gobierno habla de la combinación de las formas de lucha y da la pelea para cumplir con los requisitos que le exige la Corte Constitucional para que la aspersión aérea sea una realidad, el informe indica que "el programa de sustitución de cultivos pase de la ayuda inmediata y se articulen medidas que lleven la verdadera transformación de las condiciones de los territorios". 

De las 99.097 familias vinculadas al programa de sustitución, el 94 por ciento cumplió con la erradicación concertada. Y, sin embargo, tan solo el 0,7 han tenido acceso a proyectos productivos. Solo el 36 han tenido acceso a asistencia técnica; únicamente el 62 han tenido asistencia alimentaria. La situación cambia de región a región. 

En Norte de Santander, por ejemplo, solo el 26,6 por ciento ha recibido esta asistencia; y tan solo el 33 han tenido acceso a programas de seguridad alimentaria. Con la información disponible se puede afirmar que a la fecha no se ha formulado ningún plan integral para la sustitución.

Para poder cumplir con el PNIS, la administración del presidente Duque necesitaría invertir alrededor de $2,7 billones. Este monto es similar a lo que cuesta implementar todo el PDET de Arauca o Sur del Tolima en los 15 años que dura su implementación. 

Ahora bien, la visión integral que se tenía y que permitía tratar de manera diferenciada  a los eslabones de la cadena del narcotráfico, desapareció. Para los negociadores había que atender el fenómeno de los cultivos ilícitos como un tema de desarrollo rural, el consumo de sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública y el problema de la producción y comercialización y las organizaciones asociadas éste, con medidas adecuadas de judicialización y política criminal.

5. Víctimas 

La situación más crítica la enfrenta el programa de la reparación de víctimas. En el Registro Único de Víctimas están inscritas 8.839.143 personas y son sujetos de reparación y/o atención 7.155.469 personas. Desde la puesta en marcha de la política, el país ha avanzado en la reparación de 898.540 personas, poco más del 12 por ciento del universo total. Al ritmo al que vamos nos tomaría más de 62 años terminar el proceso de reparación.

De las 103.798 indemnizaciones que el Estado venía ejecutando anualmente, en el primer año del Gobierno de Duque se llevaron a cabo 45.091. Eso implica en este último año se indemnizaron a 56 por ciento menos. En materia de restitución de tierras, el tema es especialmente preocupante. ¿La razón? hay 25.383 solicitudes en zonas no habilitadas por condiciones de seguridad, impidiendo el avance del proceso.

Frente al Sistema Integral de Justicia, Reparación y no Repetición, q la fecha se han sometido a ella 11.893 personas, 81 por ciento FARC y 18 Fuerza Pública. Hay 7 casos abiertos, incluyendo los de secuestro, falsos positivos, reclutamiento de menores y victimización de la UP. Del total de casos relacionados con la garantía de No extradición, la Jurisdicción Especial de Paz ha rechazado el 72 por ciento, ha concedido la garantía en el 2 y 26 se encuentran aún en estudio.

6. Verificación de la implementación

Después de la participación política, el punto de verificación de la implementación es uno de los que arroja mejores resultados. Hace tres semanas, tras la visita de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente solicitó ampliar por segunda vez el mandato de la Misión de las Naciones Unidas. 

Ahora, bien en el informe que suscriben los 20 congresistas solicitan recuperar la relevancia del componente internacional de verificación, el cual permitía resolver controversias y hacer observaciones sobre los avances. 

El 23 de marzo de 2017 se designaron como Notables del Componente Internacional de Verificación al ex presidente español Felipe González y al expresidente uruguayo José (Pepe) Mujica. Sin embargo, según el CINEP y el CERAC, no se ha hecho oficial una decisión sobre la continuidad del componente de verificación internacional.