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| 3/17/2019 11:58:00 AM

La reincorporación de los excombatientes está en pañales

Además de los problemas de la guerra, Colombia lidia con los del posconflicto. De la exitosa reincorporación de quienes dejaron las filas guerrilleras, y ahora no sienten tener garantías, depende en buena medida el éxito del proceso con las Farc.

Reincorporación de las Farc no avanza a buen ritmo a dos años de la firma del acuerdo Durante cuatro horas, el presidente Duque les sostuvo a 160 excombatientes que no deben temer por su seguridad jurídica, entre ellos Solís Almeida, que operó en el frente 19. Foto: Andrés Celis - verdad abierta

El acuerdo de paz con las Farc tiene detectadas fisuras que hay que reparar antes de que provoquen una fractura de consecuencias incalculables. Dos años después de la firma de la paz, la reincorporación a la vida civil de la exguerrilla podría resumirse en tres parámetros. El bueno, 13.193 personas entregaron las armas. El malo, que nadie sabe qué hacen ni dónde están 1.200 de ellas. Y lo feo, que 92 han muerto asesinadas. El panorama de la reincorporación muestra avances importantes, pero un número mayor de improvisaciones rodea el tema.

Por segunda vez, desde su ascenso a la Casa de Nariño, Iván Duque se reunió con los excombatientes concentrados en Tierra Grata, al norte del Cesar. El presidente llegó para apagar el fuego que encendió al objetar la ley estatutaria de la JEP. Parado frente a 160 excombatientes, el jefe de Estado les aseguró “que las seis objeciones no generan inseguridad”.

Para muchos, los últimos hechos en torno al acuerdo parecen darle la razón a los disidentes.

Abelardo Caicedo, conocido como el comandante Solís Almeida, que operó con el frente 19 en la Sierra Nevada de Santa Marta, tomó atenta nota pero lo reprochó. Almeida lidera un grupo de 160 excombatientes que “trabajan con las uñas” para salir adelante. A diferencia de los demás Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en esta zona el número de integrantes sube en vez de disminuir, y actualmente alberga 293 personas entre exguerrilleros, hijos que volvieron a ver a sus padres, recién nacidos y familiares. Sin embargo, no ha sido fácil. El proyecto de vivienda más sólido que tienen pende de un hilo y sobreviven con los mismos dos carrotanques de agua que les llegan desde febrero de 2017 por 830.000 pesos diarios, sin que aparezca una solución seria.

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Como no les han definido si les van a dar tierra o no, estos excombatientes se juntaron para comprar, por 150 millones de pesos, las 24 hectáreas que ocupan. La mitad ahorró y la otra se endeudó por medio de una cooperativa para levantar sus viviendas con apoyo de la Unión Europea. Pero el camino es largo y culebrero. Primero porque cada uno tendrá que desenglobar el predio por 500.000 pesos más. Solo así les podrán hacer el desembolso. Y, en segundo lugar, porque los predios están en disputa con el pueblo indígena yukpa, que reclama la parcela como territorio ancestral. Pese a la compleja situación, tal como le expusieron al presidente Duque, ese resultó siendo el menor de sus problemas.

Punto ciego

“¿Nos van a encarcelar?”, “¿vamos a quedar en manos de la justicia ordinaria?”. Estas y otras preguntas se hacen hoy los 3.537 habitantes de los 24 ETCR que hay regados en el país y los 8.277 más que residen en nuevos asentamientos. El partido de la Farc ha tenido grandes dificultades para mantenerse cohesionado. Y la decisión que tomó el Ejecutivo ha tenido varios efectos que plantean más dificultades: hirió la ya maltrecha confianza de las bases en la implementación y, peor aún, legitimó el discurso de la disidencia que siempre vio la mesa con desconfianza. Para muchos, los hechos recientes le están dando la razón al hombre duro de aquella, Gentil Duarte, quien nunca confió las promesas del proceso.

Los incumplimientos pesan sobre los hombros del Estado, pero también pesan sobre la última dirección que tuvieron las Farc. Al final de cuentas, de ese lado, ellos le apostaron a la salida negociada del conflicto y arrastraron a miles más. Desde su perspectiva, la dejación de armas llegó a buen puerto, entregaron los bienes a la Fiscalía y están cumpliendo los requerimientos de la JEP. Pero el Estado no ha respondido de igual manera. “No se dio la reforma política ni mucho menos la de tierras, la reincorporación camina a media marcha, nos asesinan y además capturan a Santrich con fines de extradición. Qué puede esperar uno si le ocurre eso a alguien que no estuvo, como en mi caso, en la primera línea de fuego, sino educando y haciendo propaganda”, le dijo a SEMANA el exguerrillero Abelardo Caicedo.

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Timochenko salió la misma noche del domingo a reiterar que el “compromiso es con cada colombiano en cada lugar del país, con la verdad, con las víctimas, con la paz”. Sin embargo, en realidad la incertidumbre los golpea a ellos más que a nadie. Al quedar sin piso la justicia de paz, su reincorporación judicial queda en vilo, y a la social se le agrega otro factor de desconfianza. Sencillamente en los territorios las cosas son más preocupantes de lo que hasta ahora se ha dicho. Los esfuerzos del presidente por calmar las aguas naufragan entre los ánimos reformistas que pregonan los miembros de su partido. Para los excombatientes, el Centro Democrático se ganó la confianza del electorado con una promesa que comenzó a tomar forma en detrimento de sus planes de reincorporación. En general, les preocupa el revés que sufrió la norma fundamental de la JEP. Pero en el fondo está la insistencia en la reparación económica individual cuando, según dicen ellos, ya “entregamos todo lo que teníamos”.

También genera temor la objeción que pretende anular la figura de los máximos responsables para implicar a todos los excombatientes sin importar su rango. La JEP viene aplicando la figura criticada para cada uno los casos que está abriendo. En el de secuestro, por ejemplo, llamó a comparecer en primer lugar a los 31 miembros del extinto Estado Mayor Central. En ese sentido, Duque dijo que en “en ningún caso se podrá renunciar al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables”, Pero esa precisión no está consignada en la ley, sino en varios fallos de Corte Constitucional. El choque de poderes, a todas luces técnico, inyectó una dosis alta de desconfianza. “Nosotros los que manejábamos las unidades en las regiones éramos los que enfrentábamos la tropa, cobrábamos los impuestos y dábamos la pelea, no el Secretariado. Seríamos nosotros el blanco de todo”, le dijo un excombatiente a esta revista.

Aunque hay más de 100 proyectos productivos en marcha, el CNR apenas ha aprobado 23 y ha desembolsado 9 en dos años.

Colombia tiene una experiencia de más de 25 años en reinserción, pero el proceso con los hombres y mujeres que hacían parte de las filas de las Farc es tan peculiar que todo parece moverse de nuevo con el método de ensayo-error, es decir, haciendo camino al andar. Pero, de todas las dejaciones de armas hechas hasta ahora, esta representa el mayor riesgo por la cantidad de excombatientes comprometidos. Estos sienten que se les está “acabando el discurso del optimismo” y que el mayor apoyo no viene del país, sino de la comunidad internacional. El Gobierno sostiene que ha impulsado este apoyo extranjero, pero para los excombatientes se trata de harina de otro costal.

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Para entender ese panorama, basta repasar el ritmo que llevan los proyectos productivos de los exguerrilleros. A pesar que a la fecha hay más de 100 iniciativas caminando, en su mayoría son financiadas por la Unión Europea, la ONU, e incluso con los ahorros de los excombatientes que ya recibieron 2 millones de pesos por acogerse al proceso, y recibirán una mensualidad hasta agosto. Pero pocos han visto los 8 millones de pesos previstos para sus proyectos productivos. De acuerdo con la Agencia de Reincorporación Nacional, de 23 iniciativas aprobadas apenas han desembolsado el dinero de nueve, que corresponden a 5.280 millones de pesos y cubren el 5 por ciento de reincorporados. Si bien el número es más alto que los indicadores que alcanzó a mostrar Juan Manuel Santos, los esfuerzos son insuficientes para sentar cimientos sólidos a largo plazo. “Si las disidencias llegan a 4.000 combatientes, este frágil proceso fracasa. Solo al garantizar una reincorporación económica sostenida, con seguridad para que no los maten y con garantías jurídicas, esto sale adelante”, precisó un experto de la comunidad internacional.

De 13.014 personas que participan en el proceso de reincorporación, el 98 por ciento está afiliado al Régimen de Seguridad Social en Salud y el 76 por ciento al Sistema General de Pensiones. Hoy, el 99 por ciento de esas personas tiene una cuenta bancaria, el 97 por ciento ha recibido la Asignación Única de Normalización y el 89 por ciento la Renta Básica Mensual. Pero los indicadores obligan a ir más allá. Faltan menos de cuatro meses para que caduquen los beneficios que el presidente Duque extendió en diciembre. Por eso muchos se preguntan: ¿es sostenible el tránsito a la vida civil?, ¿van a levantar los ETCR?, ¿sin tierra, a dónde ir? Y a las respuestas inciertas se suma la opción de los grupos delincuenciales que ofrecen sueldos de “12 millones por jefes, 4 millones por comandantes y 2 millones a la tropa”. Buscan gente que sepa hacer la guerra para ubicarla en Catatumbo, el Bajo Cauca y el Chocó. Un panorama bien oscuro, aunque todo indica que la visita de Duque a Tierra Grata pareció calmar a su auditorio.

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