Piden ‘muerte política’ a David Racero. Consejo de Estado acepta demanda por supuesto uso de integrante de su UTL para atender fruver

El Consejo de Estado admitió una segunda demanda que pide la muerte política de David Racero, el representante a la Cámara por Bogotá del Partido Pacto Histórico, que está metido en una polémica por el presunto uso indebido que le dio a un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Aunque la UTL es el equipo de apoyo de los congresistas en Colombia para que puedan realizar de la manera más óptima sus funciones, el representante Racero habría utilizado a uno de sus miembros para que le atendiera un local comercial de frutas y verduras de su propiedad, en Bogotá.

Con ese panorama, la nueva demanda que llegó al Consejo de Estado concluye: “Si el H. Consejo de Estado aplica la línea jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, según la cual se estima que la asignación de labores distintas a los miembros de la UTL que impliquen algún provecho para el congresista acusado constituye indebida destinación de dineros públicos, debe declararse entonces la pérdida de investidura del señor David Racero”.

La demanda cita que, a través de una investigación periodística, se pudo evidenciar cómo el legislador del Pacto Histórico, según mensajes de texto, habría terminado utilizando a uno de sus asistentes en el Congreso para que le atendiera el negocio comercial que tenía en el sector de Villa Luz, en el occidente de Bogotá.

Por eso, la demanda detalló: “Dado que los hechos generadores que se aducen en la demanda están comprendidos entre el 24 de noviembre de 2020 y el 9 de enero de 2021, la solicitud de pérdida de investidura NO se encuentra caducada, por cuanto la demanda se presenta el 13 de mayo de 2025 y, con este acto, se suspendió el término de caducidad”.

Esta es la segunda demanda de pérdida de investidura que llega contra Racero, quien —además— se enfrenta a dos investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por estos mismos hechos.

En octubre del año pasado, la Sala de Instrucción de ese alto tribunal confirmó las investigaciones contra el legislador, después de que se hicieran públicos unos audios en los que se escucha a su conductor, entonces integrante de su UTL, hablar del supermercado de frutas y verduras de Racero en Bogotá. La Corte también trata de determinar si existieron irregularidades en el Sena.

El congresista del Pacto Histórico, partido de gobierno, intentó desviar la atención de este nuevo escándalo que —ahora— lo vincula con supuesta contratación de personas sin prestaciones de ley, con el argumento de “información falsa”. La justicia tendrá la última palabra.