Por apropiarse de dineros públicos, Ministerio de Defensa destituyó a funcionario de base naval en Cartagena

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa confirmó que el funcionario Rafael Ignacio Fierro Hernández, que trabajaba en la Base Naval ARC Bolívar, de Cartagena, fue destituido e inhabilitado por 16 años como servidor público.

La decisión se tomó luego de demostrarse que el señor Fierro, que estaba a cargo de la administración del presupuesto de la base, se apropió de manera indebida de dineros de la base.

“De acuerdo con la providencia, quedó demostrado que el señor Fierro Hernández, quien ocupaba el cargo de jefe de presupuesto de la Base Naval ARC-Bolívar, se apropió de dineros públicos para ser usados en el pago de los servicios de gas y energía de personas naturales y jurídicas, así como de bienes inmuebles que no tenían ninguna relación con la Armada Nacional”, dice el comunicado.

El ministerio también informó que las conductas del señor Fierro, consideradas gravísimas, se realizaron continuamente durante los años 2015, 2016 y 2017, en donde el servidor hizo uso de recursos públicos ilícitamente por más de $ 50.000.000.

Sobre estos hechos también se enviaron copias ante la Fiscalía General de la Nación y Contraloría General de la República a efectos de que se adelanten las actuaciones penales y fiscales a las que haya lugar.

“Esta decisión representa la más alta sanción que hasta el momento se ha impuesto a un servidor público por parte de Ministerio de Defensa”, concluyó la entidad.

Caso Mario Castaño | Tribunal destraba proceso contra piezas clave en el entramado de corrupción

En 2023 se reanudará el proceso por la red de corrupción liderada por el ahora exsenador liberal Mario Alberto Castaño Pérez. Esto después de que el Tribunal Superior de Bogotá definiera las competencias para juzgar a las piezas clave en este entramado que se encargó, durante meses, de mover todo tipo de contratos en entidades públicas, gobernaciones y alcaldías para aumentar el poder político del congresista.

El juzgado quinto especializado de Bogotá será el encargado de dictar la condena en contra de Nova Lorena Cañón Reyes y Santiago Castaño Morales, quienes aceptaron su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Tras aceptar su participación en estos casos, Cañón y Castaño aceptaron ser testigos de cargo de la Fiscalía en este escándalo de corrupción, por el cual ya fue vinculado Mario Castaño y varios alcaldes, principalmente del Eje Cafetero. Todo esto a cambio de beneficios judiciales, como lo son una reducción en la condena y una medida no privativa de la libertad.

La colaboración de Nova Lorena Cañón se hizo visible en el cara a cara que sostuvo en la Corte Suprema de Justicia con el senador Mario Castaño, a quien le refrescó la memoria con las presiones que ejerció para la obtención de contratos y la celebración de convenios, de los cuales se quedaba con el 10 % del valor total.

Igualmente, ha entregado información sobre otros alcaldes, gobernadores, empresarios y particulares que habrían tenido una participación directa en este entramado que se encargó de la entrega irregular de millonarios contratos, los cuales nunca se ejecutaron o se realizaron en un porcentaje mínimo.

Por su parte, Santiago Castaño también ha entregado información documentada sobre las presiones ejercidas en entidades del Estado para la entrega de los convenios, así como la celebración de contratos de prestación de servicios sin justificación alguna. En total, esta red ―durante los dos años que delinquió― habría logrado el direccionamiento de cerca de 50 contratos por un valor aproximado de 43.433 millones de pesos.