Mediante un memorial, la defensa de la empresaria del chance, Enilce López, más conocida como La Gata, manifestó que no podía asistir a las audiencias citadas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para el próximo 30 y 31 de mayo y en las cuales tendría que dar su versión sobre los vínculos que tuvo con grupos paramilitares en el norte del país.
En la carta, señaló que se está sometiendo a una serie de exámenes médicos por lo que no puede movilizarse ni atender las citaciones. Con esto, quedó en veremos la declaración de La Gata. La petición de la empresaria deberá ser evaluada por la Sala que deberá definirá en los próximos días si fija o no una fecha para tomar una decisión de fondo frente al sometimiento presentado.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ordenó que López, además de ampliar lo que conoce sobre su “relacionamiento probado con paramilitares, deberá aclarar su participación como líder de una agrupación dedicada al lavado de activos para financiar a grupos de autodefensas y deberá dar información que permita conocer el entramado económico de estos grupos ilegales. Adicionalmente, se le pedirá que dé nombres específicos de otras personas relacionadas con estas actividades y que no han sido procesadas por la justicia”.
“Durante la audiencia pública, las víctimas y sus representantes podrán participar y formular sus propias preguntas a López. Para definir la estructura y las intervenciones durante la audiencia se harán dos reuniones previas, una con las víctimas y otra con ella”, agregó la JEP.
La JEP recordó que en septiembre de 2022 su Sección de Apelación revocó la decisión de no admitir a Enilce López, bajo el argumento de que cumple con el requisito para ser acreditada como tercera civil colaboradora de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Por ello, la sección ordenó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP realizar esta audiencia única de aporte a la verdad en la que López tendrá una “única oportunidad de corregir y complementar sus compromisos ante la Jurisdicción y ante las víctimas”, subrayó.
En agosto de 2013, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 37 años de prisión contra La Gata por los delitos de concierto para delinquir y homicidio. En el fallo se concluyó que la empresaria ordenó el crimen de Fabián Ochoa Torres, quien se dedicaba a cuidar un peaje en la vía entre los municipios de Ovejas y Carmen de Bolívar, en Sucre, por señalarlo de ser colaborador de la guerrilla y entregar información.
Amaury Fabián Ochoa Torres fue acribillado ese día por Caro Solano y por alias El Niche, quienes hacían parte del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la decisión se le ordenó indemnizar a viuda del vigilante.